Vol. 76/No. 4 30 de enero de 2012
Antes de ser arrestados en ampliamente difundidas redadas del FBI en septiembre de 1998, los cinco —que incluyen además a Gerardo Hernández, René González y Antonio Guerrero— habían estado viviendo y trabajando en el sur de Florida monitoreando las actividades de grupos contrarrevolucionarios con un largo historial de ataques violentos y mortíferos contra Cuba y los partidarios de la Revolución Cubana.
Los revolucionarios fueron encontrados culpables de cargos falsos en junio de 2001 que incluían “conspiración para cometer espionaje” y, en el caso de Hernández, “conspiración para cometer homicidio”. Las sentencias oscilaron entre 15 años de prisión para René González a dos cadenas perpetuas más 15 años para Hernández.
Labañino está cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión seguidos por cinco años de libertad supervisada y Fernando González 17 años y nueve meses seguidos por tres años de libertad supervisada.
René González, cuya pena de prisión terminó el 7 de octubre, está ahora cumpliendo tres años de libertad supervisada en Florida.
En junio de 2010 y marzo de 2011, respectivamente, Hernández y Guerrero presentaron mociones de habeas corpus. Ambas fueron también retadas por el gobierno.
Los acusados pueden presentar una demanda de hábeas corpus después de agotar los recursos ordinarios. Culminando tres rondas de decisiones de los tribunales de apelaciones en 2005, 2006 y 2008, la Corte Suprema se negó a escuchar cualquier apelación de los cinco en junio de 2009.
Periodistas pagados por el gobierno
Las mociones de Fernando González y Labañino argumentan que su derecho a no ser “privados de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal” garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue negado por el hecho, desconocido por ellos durante el juicio, que 10 periodistas que estaban escribiendo artículos incendiarios en contra de los cinco en los periódicos de Miami durante el juicio, estaban al mismo tiempo recibiendo pago del gobierno de Estados Unidos por el trabajo que hacían para Radio y TV Martí, las estaciones de propaganda contrarrevolucionaria que Washington difunde hacia Cuba, con transmisiones que llegan a todo el sur de Florida.Los abogados de los cinco presentaron siete propuestas al tribunal solicitando que el juicio de 2001 se trasladara fuera del condado de Miami-Dade debido al ambiente particularmente hostil contra los cinco que los medios de comunicación y los opositores de la Revolución Cubana propagaron en esa área. Washington se opuso vehementemente a cualquier cambio de localidad, y el tribunal se negó al cambio en repetidas ocasiones.
En 2005 un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Atlanta decidió revocar las condenas de 2001 y ordenó que se realizara un nuevo juicio para los cinco basándose en que la “publicidad previa al juicio en torno a este caso” le negó a los acusados el debido proceso. Esta decisión fue revocada el año siguiente por mayoría de voto del pleno de 12 jueces del mismo tribunal.
“La tormenta perfecta creada por la ola de intensos sentimientos de la comunidad y la amplia publicidad antes y durante el juicio combinadas con las referencias inapropiadas y posición de la fiscalía con respecto al cambio de localidad demandan un nuevo juicio”, escribió Stanley Birch, uno de los dos jueces que votaron en contra de la decisión de 2006. “Además, la evidencia durante el juicio sugiere fuertemente no solo consecuencias económicas adversas para los miembros del jurado que voten por la absolución, sino también la perspectiva de violencia por una comunidad apasionada y emocional y en posesión de bombas y armas de fuego”.
El principal argumento de la administración de Barack Obama en contra de las mociones de hábeas corpus de González y Labañino es que la decisión de 2006 de la Corte de Apelaciones estableció que el debido proceso no fue violado en el juicio de Miami, y que los dos acusados no demostraron que el jurado fue expuesto, o influenciado por los artículos citados. En cualquier caso, dicen, desde el punto de vista de procedimiento es demasiado tarde para plantear estos argumentos.
Los artículos, sostienen los fiscales, eran conocidos por los acusados y sus abogados cuando tuvo lugar el juicio, y por lo tanto no pueden ser presentados como nuevas pruebas en una moción de hábeas corpus. aún si el conocimiento de que los periodistas que difundían la propaganda hostil a la Revolución Cubana estaban siendo pagados por el gobierno no estaba a disposición del público hasta que se agotaron las apelaciones de González y Labañino, es irrelevante, argumentan. A lo más esa información podría haber “apoyado o fortalecido” argumentos que, o bien han sido o podrían haber sido hechos en las apelaciones directas, afirman.
El gobierno no retó los argumentos de la defensa que Radio y TV Martí reciben millones de dólares al año en fondos del gobierno “para efectuar un cambio de régimen” en Cuba, que difunden en el sur de Florida, y que no cumplen con las normas periodísticas básicas. Solo dijeron que estos hechos son irrelevantes en las mociones de hábeas corpus porque los artículos citados fueron publicados en periódicos privados y sólo de casualidad fueron escritos por periodistas que también trabajan para la Oficina de Transmisiones Hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos, que produce Radio y TV Martí. Insisten en que todos los pagos del gobierno a estos periodistas fueron sólo por “los servicios definidos y discretos a Radio y TV Martí”, ignorando el hecho de que el gobierno se ha negado a revelar los nombres de todos los periodistas en sus nóminas de pago y las cantidades de dinero que recibieron.
El gobierno también insistió que el hecho de que el Miami Herald despidió a dos de sus periodistas después de que un artículo en ese periódico en 2006 puso en relieve su trabajo de propaganda pagado por el gobierno tampoco es relevante porque los volvieron a emplear después.
Penas ‘indebidamente incrementadas’
Washington también se opone a las mociones de González y Labañino de que sus sentencias deben ser revisadas por que fueron “indebidamente incrementadas” por cargos de obstrucción a la justicia por supuestamente haber dado nombres falsos en una audiencia previa al juicio en 1998.Al dar los nombres que habían utilizado en Estados Unidos y bajo los cuales fueron acusados, no negaron que eran los acusados buscados por el FBI y por lo tanto no hubo obstrucción o la intención de obstruir la justicia, dijo al Militante Richard Klugh, quien forma parte del equipo legal de la defensa de los Cinco Cubanos. “Nadie en su posición”, dijo, “ha recibido un aumento de su sentencia por tal conducta”.
Según Klugh debido a la falsa acusación de obstrucción de la justicia, Labañino recibió cuatro años más y González dos.
Se espera que cada uno de los dos revolucionarios presentará su replica el 15 de febrero. Hernández y Guerrero presentaron las suyas en agosto. Una decisión final está en manos de la jueza Joan Lenard, quien presidió el juicio amañado de 2001.
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