Vol. 76/No. 6      13 de febrero de 2012

La decisión de la corte tuvo lugar en un momento en el que crecía de forma aguda la divergencia entre la posición social de la mujer en el empleo, la educación y la sociedad en general que había cambiado rápidamente y las formas institucionalizadas de discriminación y opresión sexual que todavía existían. Millones de mujeres habían entrado a la fuerza laboral durante y después de la Segunda Guerra Mundial, transformando a la clase trabajadora y a si mismas en el proceso. En esos años, por primera vez, los avances científicos resultaron en métodos seguros y eficaces de anticoncepción y redujeron los peligros de procedimientos médicos, incluyendo el aborto.

El fallo de la Corte Suprema se dio cuando un creciente movimiento a favor de los derechos de la mujer estaba ocurriendo en las calles y ganaba confianza bajo el auge de la lucha proletaria de masas a favor de los derechos de los negros. Ambas batallas fortalecieron a la clase trabajadora de forma irreversible.

En las décadas posteriores, la clase dominante de Estados Unidos y sus dos partidos —los Demócratas y Republicanos— han estado involucrados en una continua campaña para minar paulatinamente el derecho de la mujer al aborto como parte de su amplia ofensiva en contra de los derechos del pueblo trabajador. El blanco de estas medidas han sido principalmente las mujeres de la clase trabajadora y las de áreas rurales .

El presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva en 2010 extendiendo la prohibición del uso de fondos de Medicaid para abortos en las pólizas de seguros ofrecidas como parte de la reforma de la salud. Apoyó a la prohibición de la venta de la pastilla anticonceptiva conocida como el Plan B a menores de 17 años de edad que no presentaran receta médica.

En 2009, durante un discurso en la Universidad de Notre Dame, Obama instó a los partidarios de los derechos de la mujer y a las fuerzas que se oponen al aborto, a buscar un “terreno común” para “reducir el número de mujeres que recurren al aborto”. Dos semanas después, el doctor George Tiller, un proveedor de abortos en Wichita, Kansas, fue muerto a balazos por un derechista que se oponía al aborto.

En años recientes, los que se oponen a los derechos de la mujer se han enfocado en promover más limitaciones legales a nivel estatal, con el fin de dificultar el acceso al aborto. Un estudio publicado el 5 de enero por el Guttmacher Institute encontró que el año pasado los gobiernos estatales aprobaron 92 medidas que buscan minar el acceso al aborto.

Estas incluyen prohibiciones a los abortos después de 20 semanas de embarazo; períodos de espera y leyes que obligan a la persona a hablar con un consejero; exámenes de ultrasonido obligatorios antes de obtener un aborto; y que los seguros médicos no cubran los abortos.

El aborto, un procedimiento médico sencillo, es rara vez ofrecido en los hospitales a través del país, y se realiza cada vez más solo en clínicas especializadas.

Algunos gobiernos estatales y consejos de salud locales han buscado atarles las manos a estas clínicas con restricciones burocráticas y regulaciones onerosas.

En el estado de Maryland, los fiscales usaron por primera vez una ley de 2005 contra el homicidio fetal para acusar de asesinato a dos médicos por proveer abortos durante el tercer trimestre.

Pero las fuerzas que se oponen al aborto no han logrado cambiar las amplias actitudes sociales sobre el derecho fundamental de la mujer de poder optar por el aborto. Incapaces de regresarnos al pasado, algunos derechistas extremistas han recurrido a actos de terrorismo individual que son aborrecidos por una gran mayoría. El 1 de enero una clínica en Pensacola, Florida, fue atacada con una bomba incendiaria.

Desde el inicio, las movilizaciones públicas —desde las marchas en Washington hasta la defensa de las clínicas— han sido lo que ha tenido el mayor impacto contra estos ataques.

En julio de 2011, el doctor LeRoy Carhart, un proveedor de abortos que trabajaba estrechamente con el fallecido doctor George Tiller, convocó una semana de manifestaciones frente a su clínica en Germantown, Maryland, para contrarrestar las movilizaciones del grupo derechista “Operación Rescate” en contra de su clínica. Por nueve días los partidarios de los derechos de la mujer defendieron la clínica.

Los manifestantes, incluyendo a este reportero, recibimos constantes muestras de solidaridad en forma de conductores que sonaban las bocinas de sus carros, señales de saludos, pizzas, agua y voluntarios para las línea de piquetes.

La acción ayudó a educar a los que participaron o a los que pasaban por ahí. Entre ellos se encontraban nuevas generaciones de luchadores que todavía no habían nacido para ver el tipo de movimiento que fue necesario para ganar este derecho fundamental, pero que pudieron ver de primera mano la necesidad de movilizarse para defenderlo hoy día.
 
 
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