Vol. 76/No. 12      26 de marzo de 2012

Es legal que el presidente de Estados Unidos ordene que se “utilice fuerza letal” contra un ciudadano estadounidense, afirmó Holder en su discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern en Chicago. Y puesto que es “legal”, por favor dejen de llamarlo “asesinato”, agregó.

El funcionario más alto del Departamento de Justicia defendió el incremento en el uso de ataques con vuelos teledirigidos y los ataques por fuerzas especiales para asesinar a individuos que Washington alegue son dirigentes de “al Qaeda y fuerzas afines”.

“Estamos en estado de guerra con un enemigo sin estado, propenso a cambiar sus operaciones de país a país”, declaró Holder, y por eso “el uso de la fuerza en territorio extranjero” por parte de Washington está justificado. Esto incluye operaciones como la ejecución de Osama bin Laden, aun cuando estaba desarmado, por comandos norteamericanos en Pakistán en mayo de 2011.

De la misma manera ciudadanos norteamericanos pueden ser blanco de estos asesinatos, dijo Holder, “por lo menos” en circunstancias en las que supuestamente representan una “amenaza inminente” y “su captura no es factible”, siempre y cuando la operación “se realice de una manera que sea consecuente con la ley correspondiente con los principios de guerra”. Lo que constituye una “amenaza inminente” no se limita a circunstancias en las que “la hora, el lugar y el método exacto de un ataque sean claros”, insistió.

Los comentarios del fiscal general claramente tenían el propósito de justificar el asesinato de Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, en un ataque con un avión teledirigido en Yemen en septiembre.

La administración de Obama había declarado públicamente que al-Awlaki era un “terrorista mundial especialmente designado” con supuestos vínculos a al-Qaeda, y lo habían puesto en la “lista de asesinatos” de la CIA y el mando de Operaciones Especiales Conjuntas. En diciembre de 2010 un juez federal descartó una demanda del padre de al-Awlaki que exigía que cesaran los planes del gobierno de asesinarlo, y declaró que esto era un asunto que el poder ejecutivo y no las cortes tenían que decidir.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que declara que ninguna persona puede ser “privada de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal” no se aplica en esta situación, arguyó Holder. “‘Debido proceso’ y ‘proceso judicial’ no son una y la misma cosa, particularmente cuando se trata de la seguridad nacional”, afirmó Holder.

Para dejarlo claro, esto significa que el presidente de Estados Unidos no necesita permiso de una corte para ordenar el asesinato de un ciudadano de Estados Unidos. “Debido proceso” puede ser lo que el comandante en jefe decida que es.

A lo largo de su discurso, Holder elogió el aumento en la integración bipartidista “de la aplicación de la ley a nivel doméstico y la inteligencia en el extranjero” en los últimos 10 años. “Es algo de lo cual esta administración, y la anterior, deben estar orgullosas”, dijo.

También abogó a favor del uso por el gobierno tanto de cortes civiles como de tribunales militares para enjuiciar a los acusados de terrorismo. “Ambos incorporan debido proceso legal y otras protecciones fundamentales … y no debemos privarnos de ninguna herramienta en nuestra lucha contra al-Qaeda”, dijo Holder. Las cortes militares no tienen jurados y permiten el uso de rumores y otros tipos de pruebas que se supone deben ser excluidos en juicios civiles.

El presupuesto militar que Obama firmó el 31 de diciembre le da al Pentágono la autoridad de detener a todo sospechoso de “terrorismo”, inclusive a ciudadanos estadounidenses arrestados en territorio norteamericano, y autoriza a que sean detenidos por tiempo indefinido sin juicio.  
 
 
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