Vol. 76/No. 28      30 de julio de 2012

Al forzar a todos los trabajadores a comprar un seguro médico antes del año 2014 so pena de multa, lo que “Obamacare” garantiza es una bonanza de ganancias para las empresas de seguros, farmacéuticas y corporaciones hospitalarias.

En el voto de 5 a favor y 4 en contra, el presidente de la Corte Suprema John Roberts, nombrado por el ex presidente George W. Bush, se sumó a los jueces de la Corte asociados con el Partido Demócrata para dar su respaldo al gobierno.

El “requisito de que ciertos individuos paguen una multa por no comprar seguro médico puede caracterizarse razonablemente como un impuesto” y por lo tanto es consistente con los poderes del Congreso de “establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y consumos”, escribió Roberts en la decisión de la mayoría. Agregó que imponer un impuesto a las personas para influir su conducta no es nada nuevo, citando los impuestos sobre el tabaco y las escopetas recortadas como ejemplos.

Irónicamente, Obama ha dicho en repetidas ocasiones que bajo la ley la pena que se impondrá a cualquier persona que no compre seguro médico no era un impuesto.

“No es nuestro deber proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas”, escribió Roberts.

Sino que el papel asignado a la Corte Suprema es el de hacer cumplir la Constitución en contra de acciones del Congreso y del presidente que violan las protecciones que esta ofrece.

En 2016, el impuesto llegará al 2.5 por ciento del ingreso familiar —por lo menos 695 dólares. Para 2017 se espera que genere 4 mil millones de dólares en ingresos federales.

El juez Anthony Kennedy escribió en el documento de la minoría que al imponer un impuesto a las personas por lo que no hacen, como no comprar un seguro, equivale a “extender los poderes federales a prácticamente toda actividad humana”.

Unos 50 millones de personas no tenían seguro médico en Estados Unidos en 2009. Más del 60 por ciento de ellos asistieron ya sea a un médico o en muchos casos a una sala de emergencia, el único lugar que supuestamente no les puede rechazar tratamiento independientemente de su capacidad de pagar.

Un aspecto importante de la ley es el castigo a los trabajadores que “irresponsablemente” tratan de obtener tratamiento necesario que no pueden pagar. Los jueces Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron esto más claramente en un documento separado que presentaron en respaldo de la decisión. Sin esta ley, los que no tienen seguro obtienen “viajes gratis”, dice el documento y distorsionan todo el mercado médico.

El mercado es enorme. En 2009, se gastó colectivamente 2.5 billones de dólares en gastos médicos, el 17.6 por ciento del producto nacional bruto. Se espera que para 2020 alcance el 20 por ciento, 4.6 billones de dólares. El costo promedio por persona fue de 7 mil dólares en 2010.

Esta ley impondrá recortes a los proveedores de 575 mil millones de dólares en los primeros 10 años. Un consejo independiente de consulta de pagos regulará el presupuesto de Medicare y será responsable de hacer los recortes.  
 
 
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