Vol. 76/No. 33      10 de septembre de 2012

La práctica varía mucho a través del país y no hay estadísticas centralizadas para medir lo que es una clara tendencia.

Según un informe publicado por el Centro Brennan para la Justicia, “un número creciente de estados están creando nuevas vías para el encarcelamiento basándose únicamente en deudas relacionadas a la justicia penal”.

En Florida, las cortes han añadido 20 cuotas desde 1996. El gobierno de Carolina del Norte estableció en 2009 pagos extra cuando una cuota se pague en abonos. En Pennsylvania los presos son mantenidos en la cárcel aunque sean elegibles a recibir libertad condicional a menos que paguen una cuota de 60 dólares, señala el informe.

Un informe de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) explica que “han proliferado los programas de pagos-para-residir”, según los cuales se les cobra a los condenados por el tiempo que permanecen en la cárcel. En una de las últimas medidas judiciales que se han añadido, en noviembre del año pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Riverside, California, aprobó cobrar a los presos 142.42 dólares por día.

En por lo menos 13 estados, los tribunales imponen cuotas a los acusados por solicitar asistencia legal, a pesar de la disposición de derechos Miranda que dice que “si usted no puede pagar a un abogado, se le proporcionará uno”. En el estado de Georgia el costo para solicitar un defensor público es de 50 dólares. Aquellos que no pueden pagarlo son presionados a renunciar a su derecho a tener un abogado y a declararse culpables.

A menudo se cobran grandes sumas por retrasos en los pagos de multas y cuotas impuestas por la corte, que “de hecho castigan a las personas solo por ser pobres”, comenta el Centro Brennan.

“Prisiones para deudores de la época moderna, eso es exactamente lo que son”, dijo el abogado de Georgia John Long en una entrevista telefónica el 20 de julio. Long ha ayudado a conseguir la libertad de varias personas en Augusta, Georgia, encarceladas por no poder pagar las multas y cuotas de la corte. Algunos debían dinero a empresas privadas que “supervisan” a acusados en libertad condicional, la cual se impuso porque esos acusados no pudieron pagar sus multas inmediatamente. Estas tarifas de las compañías de libertad condicional pueden llegar a duplicar o triplicar el valor de la multa original.

El encarcelamiento por no pagar deudas a la corte se realiza a menudo bajo el pretexto de cargos como desacato al tribunal, no comparecer a una cita en la corte o “negarse voluntariamente” a pagar. Long también ha presentado una demanda contra esta práctica como una violación de la Constitución de Estados Unidos, incluyendo el derecho a la igual protección establecido por la Enmienda 14 de la constitución.

En Georgia, las empresas privadas de libertad condicional se jactan de que el servicio no le cuesta nada al gobierno debido a que la persona que está siendo monitoreada es la que paga.

Durante la última década estas empresas han proliferado en Estados Unidos. En Georgia hay tres docenas de compañías privadas de libertad condicional que operan en cientos de tribunales.

“Las compañías de libertad condicional no son más que cobradores de deudas, pero pueden encarcelarte si no pagas”, señala Long.

Un juez del estado de Alabama, cerró temporalmente las operaciones de una empresa privada de libertad condicional y la imposición de cuotas por el tribunal municipal de Harpersville el 11 de julio, diciendo que se trataba de “de extorsión legalizada por la corte”.

Trabadores también están siendo encarcelados por todo el país por no pagar facturas pendientes a empresas privadas.

“Más de un tercio de los estados de Estados Unidos permiten que se encarcele a los prestatarios que no pueden o se rehúsan pagar”, según el Wall Street Journal.

Autoridades en el condado de McIntosh cerca de Tulsa, Oklahoma, emitieron 1 500 ordenes de arresto relacionados a pagos de deudas en 2010, aunque la mayoría no resultaron en cárcel, declaró el Journal.

Un artículo en el Minneapolis Star Tribune de marzo de 2011 informó sobre varios residentes de Minnesota encarcelados por supuestas deudas, que iban desde $300 debidos a un almacén de maderas hasta deudas de tarjetas de crédito.

“Leyes que permiten la detención de alguna persona por una deuda no pagada no son nuevas”, reporto el Tribune . “Lo que sí es nuevo es el surgimiento de empresas de cobro de deudas bien financiadas, agresivas y centralizadas… que compran deudas no pagadas y usan los tribunales para cobrar”.  
 
 
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