Vol. 76/No. 41      12 de noviembre de 2012

Junto a Shackelford estaban Mark Clemens y Wallace Gator Bradley, conocidos activistas en la lucha contra la tortura policíaca y por la libertad de personas condenadas bajo confesiones forzadas.

Shackelford describió cómo en octubre de 1990, detectives de Chicago, bajo la jurisdicción del ex jefe de la policía Jon Burge, interrogaron brutalmente a Reed, a quien habían detenido bajo sospecha de homicidio.

A pesar de que Reed tenía una varilla metálica en la pierna y tornillos en la rodilla, lo “esposaron sentado en una silla contra la pared y cuando no respondía lo que querían oír le quitaban la silla a patadas”, dijo Shackelford. “Después empezaron a golpearle y darle patadas en la pierna herida y en la espalda, hasta que el dolor fue tan intenso que le hicieron decir cualquier cosa que quisieran”.

“Desde entonces le han negado una operación para corregir el daño que le causaron”, dijo Shackelford.

Actualmente Burge se encuentra cumpliendo una sentencia de cuatro años y medio por mentir sobre la tortura en el departamento de policía de Chicago, pero los detectives acusados por Reed de tortura —Victor Breska y Michael Kill— aun no se les ha presentado cargos.

El 18 de junio una comisión gubernamental establecida en 2009 tras escándalo en torno a las revelaciones sobre Burge— dictaminó que la solicitud de Reed merece una revisión judicial para su apropiada resolución”.

El caso de Reed es el primero de cinco que la comisión investigó antes de ser clausurada en junio por falta de financiamiento. Es también el primero que será examinado por el sistema judicial del condado de Cook.

Shackelford y otros partidarios presenciaron la audiencia sentados tras una ventana oscuro antibalas alrededor del tribunal del juez Thomas Gainer Jr.

Reed no estuvo presente en la audiencia. Su abogada, Andrea Lyon, logró que el juez programara otra audiencia para el 13 de noviembre e instruyera a los funcionarios del Centro Correccional de Stateville, donde se encuentra Reed, a que lo traigan a la audiencia.

“Las conclusiones de la comisión muestran claramente que las acusaciones de Reed sobre torturas —hechas en 1992 cuando trató de que se anulara su confesión— son creíbles”, dijo Lyon al Militante. “De hecho, el informe muestra que no solo fue coaccionado a confesar, sino que otros testigos fueron coaccionados a dar testimonios falsos contra él”.

“Sin la confesión y las declaraciones falsas el estado no tiene ninguna prueba”, dijo Lyon. “El juez debe poner en libertad a Reed ya, o por lo menos ordenar un nuevo juicio”.

El día previo a la audiencia, la comisión recibió una subvención federal de 160 mil dólares para continuar su trabajo. Cuando suspendió sus investigaciones la comisión todavía tenía 30 casos que estaba revisando y otros 80 en espera a ser revisados.  
 
 
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