Vol. 76/No. 44      3 de diciembre de 2012

Una de las medidas más importantes del gobierno cubano en los últimos años para hacer frente a este reto ha sido la distribución de millones de hectáreas de tierras ociosas —de forma gratuita— a cualquier persona que las trabaje. Desde que se autorizó esta medida hace cuatro años con el Decreto-Ley 259, han respondido decenas de miles de trabajadores y agricultores de las ciudades y zonas rurales, entre ellos un número considerable de jóvenes.

Para informarnos más sobre esta iniciativa, reporteros del Militante visitaron la cooperativa Vicente Pérez Noa, ubicada en este pueblo en la provincia de Artemisa, a 50 kilómetros al suroeste de La Habana.

“Quería aportar a la producción de alimentos”, dijo el presidente de la cooperativa, Yuniel González Paneque, de 29 años. El heredó el manejo de la finca de su abuelo.

La cooperativa está produciendo y creciendo, apuntó González. “En junio de 2010 teníamos 165 miembros. Este año tenemos 190”. De estos, 34 son menores de 35 años de edad; 27 son mujeres.

Unos 47 se afiliaron cuando empezaron a cultivar tierras ociosas que fueron incorporadas a la cooperativa.

Desde la aprobación del Decreto-Ley 259 en 2008, unos 194 mil cubanos han solicitado tierras. De estos, 173 mil recibieron terrenos que suman más de 3.5 millones de hectáreas a nivel nacional.

Mientras sigan cultivando la tierra, los agricultores particulares tienen derecho a su usufructo por 10 años, con la posibilidad de prorrogar ese plazo 10 años más. Las cooperativas que soliciten tierras adicionales podrán utilizarlas durante 25 años. En ambos casos, si dejan de cultivarlas, pierden la tenencia de la tierra.

La ley inicial de 2008 permitía que una persona solicitara hasta 13 hectáreas, con un límite de 40 hectáreas a la extensión total de su finca. Los campesinos no podían traspasar esta tierra a sus familiares o a otras personas.

La ley fue modificada en julio de este año en respuesta a las experiencias iniciales y a las solicitudes de los agricultores. Ahora una persona puede solicitar hasta 67 hectáreas, y puede transferir la tierra a familiares o a otros individuos que la estén trabajando con el agricultor en caso de que falleciera el titular. Las familias ahora también pueden construir viviendas en el terreno.

Al igual que toda la tierra en Cuba desde la reforma agraria de 1959, el primer año de la revolución, la tierra sigue siendo del estado: no puede ser comprada o vendida como mercancía. La nacionalización de la tierra es una de las medidas del gobierno revolucionario que puso fin a la esclavitud por deudas y garantizó que los campesinos cubanos no perdieran sus tierras al verse obligados a saldar deudas o al sufrir una venta hipotecaria. También resultó en notables mejorías en el volumen y la calidad de los alimentos consumidos por los trabajadores urbanos del país.

Incorporar a jóvenes a la agricultura

“No podemos tener la situación en que hay más jóvenes trabajando como médicos y abogados que en la producción”, dijo Jorge Sutil, dirigente de la UJC, quien nos acompañó en la visita de la cooperativa. Sutil es el responsable del Buró Nacional de la UJC para el trabajo con los jóvenes que son trabajadores, agricultores o soldados.

“En 2008 la edad promedio de las personas vinculadas a la agricultura era más de 50 años”, señaló Mercedes Santana, miembro del Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Santana se incorporó a la conversación con los visitantes, junto con dos dirigentes locales de la ANAP, Yamila Sarduy del buró provincial de Artemisa y Georgina Jiménez Pérez, presidenta del ANAP en el municipio de San Antonio de los Baños.

En los últimos años, la edad media de la fuerza laboral agrícola ha bajado un poco. Más del 25 por ciento de los nuevos agricultores tienen 35 años o menos, y no tienen experiencia anterior en la agricultura, según Pedro Olivera, director del Centro Nacional del Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, citado en CubaDebate en junio.

En la cooperativa Vicente Pérez Noa los reporteros del Militante conocieron, además de González, a otros tres campesinos jóvenes: Hendris Blanco y José Alberto Hernández, ambos de 28 años, y Yendri Pérez, de 24. Todos los cooperativistas menores de 35 años se reúnen como grupo para abordar asuntos propios a ellos.

González también milita en la UJC. En 2010 fue escogido para formar parte de la delegación cubana al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Sudáfrica, al igual que Sutil.

Sutil señaló que la abundancia de tierras ociosas en Cuba —más de 1.8 millones de hectáreas al inicio del proceso— es en gran parte una consecuencia del Período Especial, la crisis económica de los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética, cuando Cuba perdió repentinamente la mayoría de la ayuda y el 85 por ciento de su comercio exterior. La producción agropecuaria quedó diezmada por la escasez de productos importados tales como combustible, fertilizantes, pesticidas, equipos y repuestos. Millones de hectáreas de tierras anteriormente cultivadas fueron abandonadas e invadidas por marabú, un matorral denso y espinoso.

Gracias a los esfuerzos del pueblo trabajador y su gobierno, ha repuntado la producción económica, incluida la agropecuaria, desde los momentos más difíciles de mediados de los 90. Pero la economía sigue afectada por las consecuencias del Período Especial, agravadas por la intensificación del embargo económico norteamericano contra Cuba que ya lleva cinco décadas, y el impacto de la actual crisis de la economía capitalista mundial. Estas condiciones intensifican los problemas que han existido desde hace tiempo de maladministración centralizada y otros desafíos de dirección que disminuyen la productividad agrícola y obstaculizan la producción y distribución de alimentos.

Una evaluación reciente de las cooperativas agropecuarias que se llaman Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) muestra que, de las 2 500 UBPC creadas hace casi 20 años, quedan menos de 2 mil, y de estas, solo 540 se encuentran “en una situación productiva y económica favorable” y cuentan con una dirección adecuada, informó Granma el 11 de septiembre. Un 23 por ciento de las tierras de las UBPC permanecen ociosas.

Las UBPC fueron creadas repentinamente en 1993 en el momento más agudo del colapso económico del Período Especial. Las enormes granjas estatales, en su mayoría dedicadas al cultivo de caña de azúcar, se dividieron en unidades de producción más pequeñas y fueron entregadas a los trabajadores de esas fincas para que las trabajaran. A diferencia de las extensas granjas estatales, los miembros de estas cooperativas son dueños del fruto de su trabajo y tienen más poder de decisión sobre el uso de la tierra y de otros recursos. Pero en la práctica, frecuentemente se mantuvieron ligadas estrechamente a las empresas agrícolas y azucareras del estado y subordinadas a sus decisiones, informó Granma.

Descentralización de decisiones

“El gobierno ha llevado a cabo otras medidas para estimular la producción de alimentos”, dijo González. “Se están tomando más decisiones sobre la agricultura a nivel municipal y no [en las oficinas] del Ministerio de Agricultura a nivel provincial o nacional.” Dijo que se han creado tiendas a nivel local que venden insumos y equipos agrícolas, y se han facilitado créditos baratos para poder comprarlos.

“Mi abuelo y yo obtuvimos un préstamo de 50 mil pesos para poder cubrir los gastos hasta que empezáramos a sembrar”, dijo Hendris Blanco.

Estos préstamos son necesarios porque tarda cierto tiempo hasta obtener la primera cosecha, señaló González. “Hay que chapear el marabú y conseguir los insumos y equipos necesarios. Y después hay que aprender a cultivar de manera productiva”.

Asimismo, el gobierno ha aumentado los precios que le paga a los campesinos por sus productos. González tiene 25 vacas lecheras, además de criar reses para matanza y cerdos. Él se ha beneficiado del aumento de los precios de la leche.

“El estado nos compra la leche a dos pesos y medio el litro, y la vende a 25 centavos el litro a los consumidores que la reciben por la libreta [de racionamiento]: los niños menores de siete años y los adultos que necesitan leche por orden del médico. Esta es una de las prioridades de Cuba: que los campesinos aumenten el suministro de alimentos a la vez que se controlan los precios que paga el pueblo”.

Esto es lo contrario, por supuesto, de lo que sucede en países capitalistas como el Reino Unido y Estados Unidos, donde los monopolios de alimentos reducen los precios que les pagan a los pequeños agricultores —para quienes a veces se hace imposible cubrir sus costos de producción— a la vez que aumentan los precios que pagan los trabajadores en las tiendas.

La cooperativa tiene un total de 120 vacas lecheras, 100 toros de ceba para matanza o venta, y 50 cerdos.

Cuando se preparan los planes anuales de producción, la primera prioridad es la producción de alimentos para vender a las agencias de distribución del estado —el acopio— a través de las cuales se venden a la población a precios subsidiados, dijo González.

“Una vez que hemos cumplido nuestros contratos con el estado, podemos vender directamente al sector turístico —como los hoteles y los restaurantes— o llevar el producto a los mercados agropecuarios. Antes, toda la distribución se hacía por el acopio, pero ahora podemos llevar nuestros productos directamente”.

Los agricultores pagan un impuesto del 2 por ciento a los productos que venden a los mercados agropecuarios del estado, y del 5 por ciento a otras ventas.

La Vicente Perez Noa es una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS). En este tipo de cooperativa, las familias cultivan sus propias tierras por separado pero comparten el acceso a los créditos, los equipos y los servicios, y se ayudan mutuamente cuando lo necesitan. El otro tipo de cooperativa creada en los primeros años de la revolución es la Cooperativa de Producción Agrícola (CPA), en la cual los miembros abandonan su título individual de tierra y trabajan todos los terrenos colectivamente. Los pequeños agricultores, en su mayoría miembros de las CCS o CPA, son la fuente de más de la mitad de los alimentos producidos en Cuba, aunque dos tercios de las tierras cultivadas son de las UBPC y las granjas estatales.

La Vicente Pérez Noa, al igual que otras cooperativas en Cuba, está dirigida por una junta executiva elegida por sus miembros. Los miembros se reúnen con regularidad para debatir y decidir lo que van a sembrar, sus gastos y la distribución de los ingresos, así como también para compartir experiencias que ayuden a mejorar la producción.

Todos los afiliados de estas cooperativas, incluidos los que recibieron tierra bajo el Decreto-Ley 259, son miembros de la ANAP, que ha integrado a más de 50 mil nuevos miembros desde 2008. (Los miembros de las UBPC siguen afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros y no a la ANAP.) La mayoría de los nuevos agricultores se han integrado a las CCS, cuyas áreas de cultivo ha crecido gracias a la ley.

A pesar de las medidas adoptadas, la producción de alimentos en Cuba continúa muy por debajo de las necesidades del país, y el pueblo trabajador está pagando precios más elevados por los alimentos que consume.

Solo un pequeño número de artículos alimenticios se pueden adquirir por la libreta, la cual está siendo eliminada gradualmente. A través de la libreta los cubanos han podido comprar ciertas necesidades a precios muy subsidiados. Sin embargo, para muchas familias las cantidades que reciben mensualmente solo duran a lo sumo un par de semanas. Además, los productos no siempre están disponibles en los mercados estatales y a menudo son de baja calidad.

Por lo tanto, millones de cubanos tienen que comprar en los llamados mercados agropecuarios, donde los precios —establecidos por la oferta y la demanda— son considerablemente más altos. También compran alimentos de los vendedores ambulantes con carretas, quienes compran sus productos en los mercados y los revenden a precios más altos.

El frijol negro cuesta 8 pesos la libra en el mercado estatal pero 12 pesos en las carretas, dijo al Militante José Martínez, un trabajador jubilado de La Habana. “El pepino que compras del particular cuesta más del doble de lo que se vende en el mercado estatal. La guayaba cuesta tres veces más”, dijo Martínez.

Los altos precios que se pagan a los campesinos por sus productos han llevado a una creciente diferenciación de clase, con una capa de pequeños agricultores que ganan mucho más que otros trabajadores.

González, por ejemplo, dijo que este año anticipa tener un ingreso neto de medio millón de pesos. El contrata a tres trabajadores agrícolas por 60 pesos al día. El salario promedio de un trabajador en Cuba es alrededor de 5 mil pesos al año, que equivale a menos de 20 pesos diarios.

Esta situación ha provocado debates y tensiones palpables. Algunos trabajadores muestran resentimiento hacia la amplia diferencia de ingresos que ha surgido en los últimos años entre estos agricultores y la mayoría de los cubanos. Por otro lado, algunos observan que un problema mayor es el hecho que desde hace tiempo existe un sector de pequeños agricultores relativamente adinerado.

María Eugenia Arnet, obrera en la empresa bioquímica Labiofam en La Habana, de 62 años de edad, opinó que no tenía quejas. “Cualquier cosa que aumente la disponibilidad de alimentos a precios más bajos es bueno”, dijo Arnet, quien gana unos 7 mil pesos al año entre su salario y su pensión.

Algunos agricultores, entre ellos González y Blanco, desestiman a los trabajadores que dicen que sus salarios son demasiado bajos en relación a los crecientes precios de los alimentos. “Deberían hacer lo que hacemos nosotros”, dijo González.

El resultado de los esfuerzos para elevar la producción de alimentos influirá mucho en las relaciones de clases en los próximos años. Pero llevará tiempo para que se sientan los cambios. La producción agropecuaria creció solo un 2 por ciento en 2011. Actualmente se importa más del 80 por ciento de los alimentos distribuidos por la libreta. Menos del 20 por ciento del consumo total de alimentos en la isla proviene de alimentos importados.

El alza de los precios en el mercado mundial absorbe recursos que se necesitan para inversiones en la infraestructura básica y equipos que aumentarían la productividad. Cuba pagó 1.4 mil millones de dólares para importar alimentos en 2007, y esta cifra subió a 1.5 mil millones en 2011. En 2008, después de tres ciclones que arrasaron con muchas cosechas, el costo de la importación de alimentos subió a más de 2.5 mil millones de dólares.

Será posible lograr y mantener un aumento real en el nivel de vida de los trabajadores e ir cerrando la brecha de ingresos —la cual, con el tiempo, puede poner más en tensión la alianza de los trabajadores y los campesinos cubanos— únicamente si se logra elevar notablemente la producción industrial y agropecuaria.

También se necesitan esfuerzos paralelos para integrar a los jóvenes en la producción industrial, señaló Sutil. Pero las posibilidades de repuntar a corto plazo la agricultura convierte esto en la prioridad inmediata, dijo.

Róger Calero, Martín Koppel y Mary-Alice Waters contribuyeron a este artículo.  
 
 
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