Vol. 76/No. 46      17 de diciembre de 2012

Monk es vocero de varias familias de los muertos. Los familiares han jugado un papel importante en forzar que la verdad sobre el desastre salga a la luz.

La comisión real de tres personas fue establecida por el gobierno en diciembre de 2010. El informe de la comisión muestra como los patrones de la mina de carbón Pike River Coal pisotearon la seguridad de los trabajadores en la búsqueda de ganancias, y como los funcionarios del Departamento de Trabajo ignoraron la situación.

La mina Pike River fue excavada en la cordillera de Paparoa para explotar vetas de carbón de coque de alta calidad, lo cual los dueños capitalistas anticipaban resultaría en buenas ganancias ya que fabricantes de acero en Asia pagarían precios altos.

Según el informe, la mina fue desarrollada con “información geológica insuficiente”. Se construyó solo una carretera de acceso. Una salida alternativa, de acuerdo a los requisitos legales, necesitó una escalera para subir de 360 pies.

El ventilador principal se colocó dentro de la mina, lo que se describe en el informe como muy inusual y arriesgado para una mina con altos niveles de gas metano.

El pronóstico de la compañía de una producción de más de 1 millón de toneladas de carbón para el año 2008 “resultó ilusoria”, dice la comisión. “Los sistemas de ventilación y de drenaje de metano no eran suficientes”. Comenzó la minería hidráulica en septiembre de 2010, y la compañía empujó a los trabajadores con un bono de producción de $13 mil (10 700 dólares estadounidenses).

En ocasiones los trabajadores se brincaron “los mecanismos de seguridad de la maquinaria minera para continuar la producción a pesar de la presencia de metano”.

Meses de advertencias de exceso de metano de los trabajadores y la gerencia subterránea fueron ignorados. En las 48 horas antes de la explosión, “hubieron 21 informes de niveles de metano que alcanzaban volúmenes explosivos y 27 informes de volúmenes menores, pero potencialmente peligrosos”, dice la comisión.

Las leyes y otros cambios en la década del 1990 abolieron no solo los inspectores de minas del gobierno, sino también los inspectores elegidos por el sindicato. Iniciados por el gobierno del Partido Nacional, las administraciones del Partido Laboral los mantuvieron.

La comisión propone establecer una nueva agencia gubernamental de seguridad laboral y apoya la demanda del sindicato de ingenieros para el restablecimiento de inspectores nombrados por el sindicato. Estos tendrían el poder de detener las operaciones “si los trabajadores están en peligro inmediato”.

“La reintroducción de los inspectores de verificación… se debe implementar de inmediato”, dijo Valma McGowan en un correo electrónico del 6 de noviembre desde Greymouth. Robert, el esposo de McGowan, murió en la mina de Black Reef en 2006.

Las familias de las víctimas están exigiendo que los dueños de la mina recuperen los 29 cuerpos.
 
 
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