Vol. 77/No. 1     14 de enero de 2013

Aprobada como ley el mismo día por el gobernador Richard Snyder, la ley prohíbe los contratos de trabajo que exijan la deducción automática de cuotas sindicales de los salarios en centros de trabajo sindicalizados, con excepción de los policías y bomberos. Miles de sindicalistas se manifestaron fuera y dentro del capitolio estatal mientras el voto tenía lugar.

La aprobación de la ley en Michigan se produce después de otra votación similar en Indiana a principios de este año. Con éstas ya son 24 los estados que aprueban leyes “pro-derecho al trabajo”.

Muchos comentaristas políticos conservadores se regocijaron del voto. “El estado sindicalizado más célebre del país, cuna del sindicato automotriz UAW, casa real de la clase obrera americana, se ha convertido en estado ‘pro-derecho al trabajo’”, escribió el columnista del Washington Post Charles Krauthammer el 13 de diciembre. “El apogeo del sindicato soberano en el sector privado ya es historia”.

Los partidarios de la ley alegan que la cuestión es el “derecho” de los trabajadores a negarse a pagar cuotas sindicales. Pero muchos de los comentarios en apoyo de la ley que aparecieron después de la votación se centraron en cómo ésta va a debilitar a los sindicatos, rebajar los salarios y hacer a Michigan “más atractivo” a las inversiones.

La declaración de la “política pública” de la legislación declara que “las huelgas, los cierres patronales y otras formas de disputas en la industrias, independientemente de dónde residan los méritos de la controversia, son fuerzas que en última instancia producen derroche económico”. Arguye a favor de “la mediación de tales disputas bajo la guía y supervisión de una agencia gubernamental”.

“Seamos honestos”, dice Krauthammer. “Las leyes pro-derecho al trabajo si debilitan a los sindicatos. Y la desindicalización puede conducir a salarios más bajos”.

Las leyes “pro-derecho al trabajo” surgieron como parte de la ofensiva anti sindical y anticomunista de los años posteriores a la segunda guerra mundial. La ley Taft-Hartley, adoptada en 1947, abrió la puerta a que los gobiernos estatales declaran como ilegales a los sindicatos de “taller cerrado”, donde todos los trabajadores pertenecen al sindicato. Al comienzo tales leyes fueron aprobadas en el sur del país, donde el hecho de que los funcionarios sindicales se rehusaron a confrontar la segregación racial conocida como Jim Crow, había dividido la unidad de la clase obrera necesaria para organizar sindicatos.

Desde el advenimiento de la crisis mundial del capitalismo, cada vez más políticos promueven el “derecho al trabajo” como parte de una ofensiva más amplia contra la clase obrera.

La legislación en Michigan ha sido presentada por Adam Jonas, analista del banco Morgan Stanley, como un ejemplo en una comunicación telefónica con inversionistas, informó Reuters el 11 de diciembre. Los capitalistas que habían invertido en la industria automotriz estaban preocupados de que el sindicato automotriz UAW intentara recuperar las concesiones que había aceptado en 2007 cuando el contrato expire en 2015, y que “todo el buen trabajo que se hizo desde el comienzo de la crisis se venga abajo con el tiempo”, explica Jonas. “Encaminarse hacia el ‘derecho al trabajo’ en Michigan va a contribuir a calmar esos temores”.

Después de su elección en 2010, el gobernador Snyder y otros partidarios del “derecho al trabajo” tenían dudas sobre la presión que podían ejercer en esa dirección, temiendo la oposición de la clase obrera. Según Reuters, había un acuerdo entre patrones y funcionarios sindicales para no “romper el equilibrio”.

Pero el año pasado, funcionarios del sindicato de servicios SEIU y del sindicato automotriz UAW decidieron presionar a favor de un referéndum que proscribiera legislación pro-derecho al trabajo en la constitución del estado. La medida electoral fue derrotada.

Esto enardeció a los opositores de los sindicatos y los hizo presionar por la rápida adopción de leyes pro-derecho al trabajo y convenció a Snyder a firmar la ley.

El otoño pasado, el Partido Socialista de los Trabajadores llamó a los trabajadores a que votaran por la enmienda pro-sindical a la constitución del estado. “No porque las leyes restrictivas sean la razón por las que nuestros sindicatos son cada vez más débiles, la racionalización que a menudo se escucha de funcionarios sindicales”, señaló James Harris, candidato presidencial del PST en aquel momento, sino para “sentar las bases para transformar a nuestros sindicatos en organizaciones de combate de la clase obrera que sean efectivas contra los crecientemente intensos ataques de los patrones”.

Los funcionarios sindicales no promovieron la medida electoral como parte de la movilización de los trabajadores para confrontar los ataques de los patrones, sindicalizar a los no sindicalizados y defender las luchas sociales en interés de la clase obrera.

Al contrario, la campaña de los funcionarios fue parte integral de una estrategia de dependencia en los “amigos” en el Partido Demócrata, para respaldar las leyes que ayudan a maximizar la recaudación de cuotas sindicales, en ausencia de una perspectiva de lucha de clases que pueda inspirar a más trabajadores a organizar y unirse a los sindicatos. La medida electoral fue promovida por los mismos funcionarios sindicales que durante décadas han buscado un terreno común con los patrones, para evitar y limitar las huelgas y otras batallas sindicales, a la vez que apoyan a algunos de los mismos políticos capitalistas que dirigen los ataques.

La respuesta de los dirigentes del UAW a la luz de los ataques de los patrones de la industria automotriz durante la década pasada es un ejemplo a destacar. En 2007 los funcionarios del UAW ayudaron a que se aprobara la doble escala salarial, minando la unidad de los trabajadores automotrices. En 2011 aceptaron un “reglamento de trabajo flexible” y la supresión del programa de banco de empleo que había permitido que trabajadores cesanteados continuaran recibiendo salarios y prestaciones. Una tras otra se acomodaron a las necesidades de los patrones para aumentar sus ganancias, en una blasfema alianza para salvar “los trabajos de los americanos”.

Al mismo tiempo, su comportamiento fanfarrón, rimbombante y gamberro es empleado cada vez en lugar de organizar una resistencia efectiva. Así fue el caso cuando manifestantes pro-sindicales en Michigan destruyeron una gran carpa levantada por la organización anti sindical Americanos por la Prosperidad durante las protestas del 11 de diciembre. Esta acción solo consiguió dañar la capacidad de los sindicatos para atraer el apoyo necesario entre el pueblo trabajador, sindicalizado y no sindicalizado, a favor de una lucha que objetivamente los favorece.

Lejos de que los sindicatos estén “caducos”, la lucha para esgrimir su fuerza es más necesaria que nunca.

Y ninguna legislación anti sindical puede prevenir el uso del poder sindical cuando los trabajadores decidan luchar, ni las inevitables batallas de clase que se avecinan y que prepararán el camino para fortalecer y transformar nuestros sindicatos en instrumentos de la lucha de clase, y escuelas para la revolución.
 
 
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