Vol. 77/No. 2      21 de enero de 2013

La demanda de aumentar el control de la posesión de armas ha sido encabezado por figuras liberales como el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y la senadora de California Dianne Feinstein.

El presidente Barack Obama le pidió al congreso que reinstituyera la prohibición de armas automáticas de asalto que expiró en 2004 y que aprobara leyes que requieran una verificación de antecedentes a cualquier persona que compre armas de fuego de vendedores privados.

Obama asignó al vicepresidente Joseph Biden para que dirija la campaña a favor de restricciones a la compra de armas y municiones.

El Journal News, un periódico suburbano de Nueva York, publicó el 24 de diciembre un mapa con los nombres y direcciones de personas con permisos para poseer armas de fuego en los condados de Westchester y Rockland.

Al otro lado del debate burgués, Wayne LaPierre, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, se opuso a los llamamientos del gobierno por aumentar las restricciones al acceso a las armas durante una rueda de prensa el 21 de diciembre. En lugar de esto, exigió que el gobierno estacione policías armados en todas las escuelas públicas del país y que mantenga una “base de datos activa de los enfermos mentales a nivel nacional”.

“Lo único que puede detener a una persona mala con un revolver”, dijo, “es una persona buena con un revolver”.

LaPierre culpó por la balacera a los medios de comunicación, a Hollywood y a los creadores de juegos de videos, quienes dijo representan una “industria corrompedora oculta, que vende y siembra la violencia contra su propia gente”, según el Los Angeles Times.

Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, en Arizona, anunció planes para movilizar a “cuadrillas” de voluntarios armados en las escuelas de Phoenix.

Bloomberg, el cual el Times calificó como “dirigente del coro” de la campaña por el control de armas, defendió lo que él llamó los métodos “proactivos” que utiliza la policía de la ciudad. “Enviamos a nuestros oficiales de policía a los lugares problemáticos donde se encuentran las personas problemáticas”, dijo en el programa de la cadena NBC “Meet the Press”, el 16 de diciembre, elogiando la política de “detener y registrar” de la ciudad de Nueva York que hace blanco fundamentalmente de hombres jóvenes afroamericanos y latinos.

“Lo mejor que podemos hacer es intentar detenerlos, desarmarlos y disuadir “entretenimientos” que puedan intensificar impulsos homicidas ya existentes”, escribió el columnista conservador Charles Krauthammer en el Washington Post el 20 de diciembre. Llamó a que el enfoque fuera hacia los que describió como “un pequeño número de cuadros de hombres jóvenes inestables, profundamente trastornados y peligrosamente aislados”.

“Pero hay un precio”, añadió. “El control de armas infringe en los derechos de la Segunda Enmienda [de la constitución]; el compromiso involuntario infringe en la cláusula de libertades de la Quinta Enmienda; frenar las ‘diversiones’ violentas infringe en la libertad de expresión de la Primera Enmienda”.

“Son muchas las transgresiones, muchas enmiendas”, dijo. “Pero no hay nada gratis. El aumento de la seguridad ciudadana casi siempre implica restringir las libertades”.

La segunda enmienda de la constitución, así como el resto de la Carta de Derechos fue conquistada en lucha por los trabajadores y agricultores y sirve para restringir y protegernos del gobierno. Esta enmienda garantiza el “derecho de la persona a poseer y portar armas” contra los abusos del gobierno.

Los que se oponen a la segunda enmienda dicen en aras de la “seguridad pública” es necesario desechar este derecho como una reliquia del pasado, promulgado en una época diferente cuando existían las milicias populares y antes de la invención de las armas automáticas.

Pero el pueblo trabajador no está mejor protegido con un monopolio de las armas en las manos de policías y otros cuerpos armados cuya función es proteger la propiedad y los privilegios de los explotadores capitalistas. La defensa de los derechos de todos los trabajadores contra las crecientes transgresiones de los patrones y su gobierno, es más, no menos, importante hoy, a medida que la clase patronal aumenta sus ataques contra nuestros salarios y condiciones de trabajo.

La segunda enmienda es una de las protecciones constitucionales que el pueblo trabajador utilizó como parte de las batallas proletarias de masas por los derechos de los negros en la década de 1960. Organizaciones como los Decanos para la Defensa y la Justicia y el capítulo de la organización NAACP dirigido por Robert Williams en Monroe, Carolina del Norte, usaron su derecho a portar armas y usarlas para frenar a los matones racistas y policías, para proteger las protestas sociales y las comunidades negras y prevenir el derramamiento de sangre.

A la vez, el movimiento obrero no tiene nada en común con las políticas sobre el derecho a las armas de organizaciones de milicias derechistas, o de “justicieros”, ni de las llamadas leyes de “Stand your Ground” (Defiende tu posición) que los defienden. Pero la batalla política de la clase obrera contra estos movimientos y leyes reaccionarios no puede avanzar con llamamientos por más restricciones del gobierno contra los derechos del pueblo trabajador.

La violencia antisocial y los asesinatos sin sentido no provienen de los juegos de video o del derecho legal a poseer armas. No son el producto de demasiados derechos constitucionales o insuficiente número de policías armados en cada esquina. Son en primer lugar y por encima de todo, el producto de las relaciones sociales bajo el capitalismo, reforzadas por la brutalidad policial, las muertes y mutilaciones en el trabajo y las sangrientas guerras de conquista en el extranjero.  
 
 
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