Vol. 77/No. 2      21 de enero de 2013

Reuters/Albert Gea

Elizabeth Marquez, de Ecuador, mira desde su balcón en Badalona, España, el 11 de diciembre, mientras partidarios se concentran afuera para prevenir que sea desalojada.

Las manifestaciones contra los desahucios estallaron en noviembre después de que Amaia Egaña, de 53 años, se arrojó por la ventana de su apartamento en el cuarto piso cuando los alguaciles llegaron para desalojarla. Egaña fue la cuarta persona en un mes que se suicidio al tener que enfrentar un desahucio. Hubo más de 100 suicidios por lo mismo el año pasado.

Manifestantes salieron a las calles por toda España, con pancartas que decían, “No es un suicidio, es un homicidio” y “Ellos la pasta, nosotros los muertos”.

Bajo presión, el gobierno del primer ministro Mariano Rajoy anunció que suspendiera por dos años los desahucios en casos de “dificultad extrema”, lo cual afecta a un pequeño porcentaje de los que están en peligro de perder sus hogares. Pero aun en esos casos los intereses por la hipoteca se siguen acumulando. La economía de España cayó en picada en 2007 cuando estalló una masiva burbuja del sector inmobiliario en medio de la creciente crisis mundial de la producción y el comercio capitalistas.

Después de cinco años en los que se han profundizado las condiciones de depresión, hay 4.85 millones de trabajadores desempleados, 10.3 por ciento más que hace un año. En 1.7 millones de los hogares del país no hay un solo miembro de la familia que este recibiendo un salario. La Confederación Empresarial de Madrid predice que el desempleo alcanzará 6 millones en 2013.

Después de la caída en el mercado inmobiliario, el valor de la vivienda se desplomó un 26 por ciento mientras que los trabajadores con hipotecas vieron desaparecer sus trabajos y salarios.

Bajo las leyes hipotecarias de España, con 100 años de antigüedad, los “propietarios” deben seguir pagando la hipoteca, inclusive después de perder sus hogares.

Los desahuciados no solo enfrentan a menudo una vida de deuda hipotecaria, sino que además se incluye su nombre en una lista negra que hace que sea prácticamente imposible alquilar un apartamento en cualquier lugar.

España, la cuarta mayor economía de la eurozona, no tiene un sistema de refugio de emergencia para las familias que pierden su vivienda.

En un número creciente de barrios obreros, “hay enfrentamientos semanales con la policía y los funcionarios bancarios, mientras defensores de la vivienda y voluntarios tratan de resistir los desalojos”, informó el New York Times,.

A veces tienen éxito. Las presiones sociales y algunas manifestaciones han hecho que los sindicatos de cerrajeros en algunas ciudades se nieguen a participar en los desahucios.

Un grupo de protesta, denominado Plataforma de Afectados por la Hipoteca, establecida en Barcelona hace cuatro años, informa que ha evitado 510 desalojos.

Muchos de los desahuciados se convierten en “okupas”, que vuelven a entrar a su antiguo apartamento después de haber sido desalojados, o se instalan en edificios abandonados. Debido a la caída de la industria inmobiliaria se estima que hay 2 millones de unidades de vivienda vacías en el país.

“La ocupación ilegal de viviendas ha llegado a ser tan común”, informó el Times, “que algunas empresas inmobiliarias son reacias a poner letreros en el exterior de los edificios que indican que hay apartamentos disponibles”.  
 
 
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