Vol. 77/No. 6      18 de febrero de 2013

El Buró de Prisiones accedió a la transferencia tras quejas de los abogados y partidarios de Labañino, quienes habían argumentado que el traslado a Miami puso en peligro su seguridad personal.

En un comunicado del 1 de febrero desde la prisión federal de mediana seguridad en Jesup, Georgia, publicado en el sitio web del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos, Labañino explica lo que pasó.

“Desde junio de 2012, las autoridades de esta institución me informaron que yo podría ser asignado a una institución de baja seguridad, debido a los puntos bajos y récord limpio que hemos mantenido durante todos estos 14 años de cárcel”, escribió Labañino.

Más tarde Labañino fue trasladado a la prisión de baja seguridad en Miami “a pesar del hecho de que Ramón le dijo al Buró de Prisiones que esto no era una buena idea”, escribió su abogado William Norris en un artículo que acompañaba al comunicado. En Miami, escribió Norris, “algunos de los reclusos y miembros del personal tienen un rencor profundamente arraigado hacia el régimen en Cuba, esto hace que la seguridad de Ramón, no digamos ya el que reciba un trato justo, sea un problema”.

Eventualmente Labañino salió de la prisión de Jesup el 11 de enero y llegó a la cárcel de Miami el 14 de enero.

“Cuando fui entrevistado por el funcionario que recibe a los nuevos ‘inquilinos’”, dijo Labañino, “ella me dijo en pocas palabras que yo no debía estar en la población de esa institución por razones obvias de seguridad personal, y por lo tanto decidió mandarme al ‘hueco’ donde debería esperar la decisión que la administración de la prisión haría más tarde.

“Gracias a sus llamadas telefónicas, las acciones eficaces de nuestro gobierno revolucionario [de Cuba] y nuestros abogados, por fin decidieron sacarme rápidamente no solo de Miami sino de toda Florida”.

Después de estar encarcelado por ocho días en confinamiento solitario, Labañino fue enviado de vuelta a Jesup, donde espera la decisión de donde será enviado.

Al aceptar la transferencia, el gobierno ha llamado la atención a un aspecto en su caso amañado: la insistencia de los fiscales federales y del presidente del tribunal de celebrar el juicio de 2001 en Miami, a pesar de siete peticiones de la defensa de moverlo a cualquier otro lugar en el país.

“Lo que sucedió es importante”, dijo Norris en una entrevista telefónica. “Si el Buró de Prisiones no puede garantizar su seguridad en una cárcel de Miami hoy, ¿qué dice eso acerca del juicio?”

El juicio de 2001 en Miami tuvo lugar en el contexto de un constante reportaje negativo y sensacionalista de los medios de comunicación contra los cinco, así como el acoso y la intimidación de los miembros del jurado por la prensa y los grupos cubano-americanos contrarrevolucionarios.

En agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta revocó por unanimidad las condenas y ordenó un nuevo juicio fuera de Miami. Los jueces dictaminaron que era “una probabilidad poco razonable” que hubiera “un jurado imparcial en este caso” y “la percepción de que estos grupos [cubanos contrarrevolucionarios] podrían causar daño a los miembros del jurado que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista”.

Pero el gobierno de Estados Unidos apeló, y la decisión fue revocada al año siguiente por un panel de doce jueces de la misma corte de apelaciones. La Corte Suprema se negó a escuchar la apelación de esta decisión presentada por los abogados defensores.

A partir de 2010, los abogados de cuatro de los cinco presentaron mociones de hábeas corpus y argumentaron a favor de nuevos juicios sobre la base de que algunos de los periodistas que escribieron artículos falsos e inflamatorios durante el juicio en ese entonces estaban en la nómina del gobierno de Estados Unidos. Estas mociones y los documentos judiciales relacionados de ambas partes están ante la jueza Joan Lenard, quien presidió sobre el juicio de 2001.  
 
 
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