Vol. 77/No. 30      19 de agosto de 2013

Reuters/Andrew Biraj

Ante conflictos laborales y presión internacional tras muertes de trabajadores en fábricas, el parlamento de Bangladesh aprobó ley que prohíbe a ministro del trabajo entregar nombres de partidarios del sindicato a patrones, pero también incluye medidas anti sindicales. Arriba, textileras en huelga en Dacca el 10 de junio exigen aumentos salariales y otras mejoras.

Para que sea reconocido, un sindicato todavía debe obtener el apoyo del 30 por ciento de los trabajadores en un centro laboral, pero el ministerio del trabajo ahora no puede entregar a los patrones una lista de los que se inscriben en favor de un sindicato.

Los dirigentes de las federaciones obreras de Bangladesh dicen que el cambio es insuficiente y criticaron fuertemente algunas de las disposiciones de la nueva ley.

El 24 de abril se derrumbó Rana Plaza, un edificio de ocho pisos en Savar, a 32 kilómetros de Dacca, la capital, que albergaba cinco fábricas de ropa, unas tiendas y un banco. A pesar de la presencia de grandes grietas visibles en la pared —que provocó la evacuación del banco y las tiendas— los patrones de las fábricas de ropa presionaron a los trabajadores a regresar al trabajo. El edificio se derrumbó, matando a más de 1 100 trabajadores.

En respuesta, decenas de miles de trabajadores realizaron protestas. Una ola de huelgas y otras manifestaciones exigieron la detención de los patrones y los propietarios, la indemnización a las familias de los trabajadores fallecidos y aumentos salariales en la industria.

Cinco meses antes, más de 120 trabajadores murieron en un incendio en la fábrica de modas Tazreen Fashions en las afueras de Dacca. Según los supervivientes, las salidas estaban bajo candado, los extinguidores de incendios no funcionaron y pilas de hilados altamente inflamables y prendas bloqueaban partes de las escaleras.

Bangladesh es el segundo mayor exportador de ropa en el mundo después de China. En las últimas dos décadas la mano de obra en la industria de la confección ha crecido de 1 millón a 4 millones, en su mayoría mujeres de aldeas rurales.

La ley en contra de la entrega de nombres a los patrones “no es una prohibición fuerte”, dijo Kalpona Akter, dirigente del Centro de Solidaridad Obrera de Bangladesh, en una entrevista telefónica desde Dacca el 1 de agosto. “Los dueños de las fábricas tienen maneras de evitar esto”.

Muchos señalan que los sobornos y la complicidad son gran parte de la vida política, y que los dueños de las fábricas tienen influencia decisiva en el parlamento.

“Tengo otra preocupación”, dijo Akter. “Los dueños pueden subcontratar a trabajadores a otras fábricas. Y si eres subcontratado, no puedes pertenecer a un sindicato”.

A los trabajadores en zonas de exportación todavía se les prohíbe formar sindicatos. La ley añade otros sectores, entre ellos los “hospitales, clínicas y centros diagnósticos”, donde no se permiten los sindicatos.

El gobierno puede suspender huelgas si causan “graves dificultades a la comunidad” o si son “perjudiciales para los intereses nacionales”. Las huelgas están prohibidas durante los primeros tres años de operación de cualquier fábrica que es “propiedad de extranjeros o establecida en colaboración con extranjeros”.

“Una nueva ley no cambia nada”, dijo Kalpona Akter. “Tenemos que seguir movilizándonos y organizándonos para poner presión”.

El parlamento adoptó la ley tres semanas después de que Washington suspendió las preferencias comerciales acordadas a Bangladesh. “La decisión tendrá poco efecto práctico porque los productos importantes, tales como prendas de vestir, están excluidas”, dijo Stephanie Lester de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, un grupo de cabildeo, al Financial Times el 27 de junio.

Los trabajadores que organizan sindicatos en Bangladesh enfrentan hostigamiento, intimidación y la brutalidad de la policía y matones empleados por las empresas.

Aminul Islam, un dirigente sindical, fue torturado y asesinado en abril de 2012.

Kalpona Akter, junto con Babul Akhter, presidente de la Federación de Trabajadores de la Confección e Industriales de Bangladesh, fueron encarcelados en agosto de 2010 bajo cargos amañados por intentar mejorar las condiciones de trabajo. Fueron liberados bajo fianza el mes siguiente.

El gobierno está en el proceso de retirar los cargos. “Esto se debe a la amenaza de revocar los privilegios comerciales. El gobierno espera que esto sea visto favorablemente por los gobiernos de Estados Unidos y Europa”, dijo Kalpona Akter.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto