Vol. 77/No. 30      19 de agosto de 2013

George Zimmerman, que admite haberle disparado mortalmente a Trayvon Martin, es un justiciero, un autodenominado juez, jurado y verdugo, cuyas acciones asesinas fueron respaldadas por la policía de Sanford, la cual se negó a presentar cargos contra él.

La suerte estaba echada cuando el “guarda y vigilante del barrio” fue más allá de vigilar y se salió de su vehículo, armado y “listo para la acción”, en persecución de Martin, de quien no sabía nada pero que aun así lo caracterizó de “sospechoso” e “imbécil”. Él ignoró las instrucciones del despachador de la policía que le habían instruido que se mantuviera donde estaba. Este homicidio es un ejemplo de cómo un atrevido y temerario justiciero, que “toma la justicia en sus manos”, es más peligroso para la clase obrera que la misma policía, la fuerza armada y organizada cuya función es proteger la propiedad y los privilegios de los capitalistas y que, como tales, ejercitan cierto control en su conducta.

Basándose en la versión de los hechos del homicida, Martin respondió como muchos adolescentes varones habrían respondido al ser perseguidos por un extraño siniestro. Y por eso le arrebató la vida. (Solo el tipo de disciplina que jóvenes militantes aprenden a través de la experiencia colectiva en el combate de clase obrera y las luchas sociales, puede preparar al joven presuntuoso en camino a convertirse en hombre, a considerar una respuesta más prudente).

Los actos justicieros tiene una larga y profunda historia en Estados Unidos, y siempre ha estado dirigidos contra los intereses del pueblo trabajador. Han servido como herramienta de terror de la clase gobernante para mantener “a raya”, divididos y atemorizados a los oprimidos y explotados. Entre los que han sido blancos de sus ataques están los afroamericanos y defensores de los derechos de los negros, otras víctimas de la discriminación desde mexicanos hasta chinos, católicos, judíos y mormones, así como obreros militantes y sus aliados entre los pequeños agricultores, sindicalistas y comunistas.

La “justicia” del viejo oeste y los linchamientos se remontan siglos. Incontables películas de Hollywood se han centrado en pistoleros del oeste que llegan a un pueblo listos para cazar y matar forajidos, nativos americanos y demás, para luego desaparecer cabalgando hacia el horizonte.

Entre los logros de la guerra civil, la guerra revolucionaria en Estados Unidos que abolió la esclavitud, está la aprobación de las enmiendas 13, 14 y 15 de la constitución. Estas enmiendas proscribieron la esclavitud, establecieron como ley que todos los hombres puedan votar y concedieron el poder al gobierno federal para que tomara acción contra el Ku Klux Klan y otros matones justicieros, que usaban los linchamientos y las turbas violentas contra el progreso social bajo la Reconstrucción Radical. En muchas partes del país se adoptaron leyes contra el vigilantismo. Los abolicionistas y sus aliados que dominaban el Congreso de Estados Unidos, enviaron tropas federales al sur para defender a los negros liberados y sus aliados.

Pero con la retirada de las tropas federales del sur en 1877 y otras acciones contrarrevolucionarias de los gobernantes norteños, se dio rienda suelta a las fuerzas reaccionarias, que tuvieron al final éxito en asestar el mayor golpe a la clase obrera de Estados Unidos en su historia, un golpe que incluyó la imposición de la segregación racial Jim Crow.

Mediante una serie de decisiones de la Corte Suprema, los gobernantes revirtieron las protecciones constitucionales adoptadas contra el terror de las turbas y los linchamientos justicieros. Los jueces, agentes de togas negras de los patrones, declararon que la protección de los derechos fundamentales era cuestión de los estados, y que los negros y otros trabajadores no podían hacer uso de las protecciones constitucionales para defenderse.

En 1873, unos 150 justicieros fuertemente armados atacaron y asesinaron a un número igual de afroamericanos desarmados, muchos miembros de la milicia del pueblo, que defendían la sala de justicia del condado en Colfax, Luisiana. El fiscal general federal en Nueva Orleans imputó a 100 de los agresores bajo las provisiones de acatamiento de la enmienda 14, que provee la igualdad de protección legal para todos. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema en 1876, los magistrados unánimemente revirtieron las condenas, dictaminando que la enmienda solo era aplicable en actos ejecutados por los gobiernos estatales. Esta célebre decisión, todavía hoy ley en vigor, fue un golpe histórico a la lucha contra el vigilantismo y la violencia racista.

La necesidad de rechazar y defenderse contra toda forma de justicia “vigilante” será una cuestión aun más importante en el futuro, cuando una lucha de clases más aguda lleve a los gobernantes capitalistas a emplear su poder estatal armado —suplementado por justicieros delegados y matones “extralegales”— contra trabajadores combativos y sus organizaciones.

El abordar el peligro y el carácter anti obrero del vigilantismo puede dar una perspectiva a millones de trabajadores, enfurecidos y en busca de un curso de acción para responder a la absolución del matador justiciero George Zimmerman. Algo semejante es la lucha para abolir las leyes a favor del vigilantismo de “Stand Your Ground” (Mantente Firme), vigentes en 21 estados.

Otro juicio: no está en nuestro interés
Zimmerman no habría sido llevado a juicio sin las manifestaciones de masas que exigieron su procesamiento. El jurado no encontró a Zimmerman culpable más allá de la duda razonable basándose en la evidencia presentada.

Según las instrucciones dadas por la juez Debra Nelson, la acusación de homicidio en segundo grado exigía que el jurado hallara culpable a Zimmerman solo si estaban convencidos de que había exhibido una “indiferencia depravada” y tenía una “mentalidad depravada sin consideración por la vida humana”. La juez indicó que incluso para encontrar a Zimmerman culpable de homicidio involuntario se requería prueba de que su intención era matar a Martin.

Los llamados a que se realice un nuevo juicio por violación de derechos civiles a nivel federal, por parte de organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres y el NAACP —demanda que encuentra eco en muchos que están justificadamente indignados— no sirve los intereses del pueblo trabajador.

Iniciar un nuevo proceso legal contra Zimmerman —que de hecho es una doble incriminación bajo el mismo cargo— sentaría un precedente que erosionaría las protecciones en contra del estado que tanto han costado lograr, registradas en la Carta de Derechos, y otras protecciones que necesitamos para organizarnos para luchar con mayor eficacia contra la cada vez más intensa ofensiva de la clase gobernante contra nuestros empleos, salarios y derechos políticos. Y no se ha presentado evidencia que demuestre que Zimmerman estaba motivado por el odio racial cuando mató a Martin.

La búsqueda ciega de venganza no puede avanzar las luchas de los oprimidos y explotados. En este respecto los dirigentes de la Revolución Cubana, junto con millones de trabajadores cubanos, alcanzaron la mayor estatura moral después de la victoriosa guerra revolucionaria, previniendo que la justicia y la venganza popular se cerniera sobre los odiados y criminales policías y matones de la derrocada dictadura de Fulgencio Batista.

Solo la clase obrera puede alcanzar dicha autoridad moral. Y solo con esa autoridad moral la clase obrera podrá dirigir a la humanidad hacia un mundo libre de la explotación y la opresión que son parte integral de la sociedad capitalista.  
 
 
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