Vol. 77/No. 31      26 de agosto de 2013

POR BRIAN WILLIAMS
Un mes después que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó una provisión importante de la Ley del Derecho al Voto de 1965, el procurador general Eric Holder anunció el 25 de julio que el Departamento de Justicia presionara para restituir el requisito de que Texas —uno de los estados con un largo historial de negar el derecho al voto a negros y latinos — obtenga aprobación federal antes de cambiar cualquier ley estatal electoral. También anunció que el departamento tomará medidas similares en otros estados del sur.

La declaración de Holder se da cuando decenas de organizaciones que defienden los derechos de los negros, sindicatos, y otras organizaciones se están movilizando para una manifestación el 24 de agosto en Washington, para conmemorar el 50 aniversario de la marcha por trabajos y libertad que tuvo lugar en Washington en 1963. Los organizadores, incluyendo la NAACP y el centro Martín Luther King, han puesto la defensa de la Ley del Derecho al Voto al centro de la protesta.

El 25 de junio la Corte Suprema falló que la lista de jurisdicciones que deben conseguir permiso federal para poder cambiar las leyes de votación “no es constitucional”. Los criterios para crear esta lista fueron establecidos por la ley de 1965 y fueron renovados subsecuentemente basándose en pruebas de la existencia de obstáculos al derecho a votar en esas jurisdicciones. La lista incluye a los gobiernos de nueve estados, Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Virginia, así como una serie de gobiernos locales por todo el país.

La decisión de la Corte Suprema anuló la extensión de 25 años que fue aprobada por el congreso con una gran mayoría de votos y aprobada por el presidente George W. Bush en 2006.

Inmediatamente después que la Corte Suprema destripó la ley, el procurador general de Texas, Greg Abbot, dijo que la ley estatal que exige que los votantes muestren identificación oficial entrará en vigor de inmediato, y que los mapas de distritos electorales, lo cuales ya han sido desafiados en las cortes, serán implementados sin obtener aprobación federal.

En 1975, con el voto de una gran mayoría, el congreso incluyó provisiones que hacían ilegal la discriminación de latinos, asiáticos, y “otras minorías lingüísticas” como parte de la Ley del Derecho al Voto.

El año pasado la corte federal falló que el gobierno del estado de Texas había reorganizado los distritos electorales de una manera que claramente limitaba el peso de los votantes latinos. Citando esta decisión como muestra de que existe en Texas la “discriminación intencional”, Holder está solicitando que la corte restituya la sección que exige la aprobación previa de cambios que afecten la votación en ese estado por los próximos 10 años.

“Muchos negros no tienen transporte para llegar al sitio de votación ni fondos para obtener una identificación que cuesta entre 15 y 25 dólares”, dijo al Militante Kenneth Davidson, presidente de la NAACP en Palestine, Texas, en una entrevista el 12 de agosto. “Los funcionarios también tratan de intimidar a los negros de mayor edad que van a votar diciéndoles que algo esta mal con su identificación”.

Hablando en la National Urban League el 25 de julio, Holder dijo que él está considerando presentar demandas adicionales para restituir el control federal, incluyendo en Carolina del Sur donde se implementará una ley de identificación del votante en las elecciones venideras.

En Florida, a principios de agosto el gobernador Rick Scott ordenó a los funcionarios electorales del estado a que continúen el esfuerzo controversial de remover a los “que no son ciudadanos” de las listas de votantes. Este esfuerzo había sido detenido luego de protestas legales basadas en la Ley de Derecho al Voto.

Cuando el estado comenzó a implementar su plan original en 2011, comenzó con 182 mil nombres. La lista fue disminuida inmediatamente a 2 600, muchos de los cuales resultaron ser ciudadanos. “La lista de personas que probablemente no eran ciudadanos bajó a 198. De estos menos de 40 habían votado ilegalmente”, informó el New York Times.

La Ley del Derecho al Voto fue un logro histórico para la clase trabajadora, aprobado cuando el masivo movimiento proletario por los derechos de los negros luchaba para destruir las leyes de segregación Jim Crow en las décadas de 1950 y 1960. La lucha por este derecho esta arraigada en las batallas de la clase trabajadora tras la Segunda Revolución en Estados Unidos, la guerra civil de 1861 a 1865 y la Reconstrucción Radical en la década siguiente.

Esta revolución cambió la constitución con la enmienda 13, que abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria; la enmienda 14, que estableció el proceso legal para todos y la igualdad en la protección legal; y la enmienda 15 que garantizó a todo ciudadano el derecho al voto.  
 
 
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