Vol. 77/No. 46      23 de diciembre de 2013

La demanda fue presentada por Alex Saleh, dueño de la tienda de abarrotes 207 Quickstop, así como varios de sus empleados y clientes.

Uno de los demandantes es Earl Sampson, un trabajador de la tienda de 28 años de edad. El ha sido detenido y registrado 288 veces durante los últimos cinco años, y fue arrestado casi 60 veces por cargos de “entrada ilegal” mientras estaba en la 207 Quickstop. Muchos de los arrestos tuvieron lugar cuando estaba trabajando reponiendo los estantes o sacando la basura.

“Empecé a preguntar a la policía por qué siempre estaban deteniendo a Earl”, dijo Saleh al Militante en una entrevista el 1 de diciembre en la tienda. “Un policía me dijo, ‘El no es más que un número. Es un blanco fácil’”.

La demanda alega que el departamento de policía de Miami Gardens mantiene un sistema ilegal de cuotas de multas y detenciones que los policías tienen que cumplir. Acusa a la policía y a los funcionarios de la ciudad de violar las protecciones de la Cuarta Enmienda de la constitución contra el cateo y arresto injustificados y de la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, por perfilamiento racial. Sampson y la mayoría de los otros demandantes son afroamericanos.

Inicialmente, Saleh le había dado permiso a la policía para detener y acusar a personas por entrada ilegal en su ausencia. Pero cuando la policía comenzó a detener a sus clientes y empleados, optó en contra. El acoso siguió, y entonces instaló cámaras de video para documentar lo que estaba sucediendo.

Entre otros alegatos, la demanda afirma que Toree Daniels, de 35 años, fue detenido, registrado y arrestado decenas de veces en el Quickstop, pese a tener pleno permiso de los propietarios de estar allí. La policía incautó una bolsa de bebidas energéticas Red Bull de otro cliente, Omar Dean, las tiraron al piso, y después las regalaron a los transeúntes.

“Cuando hay una queja contra la policía, el fiscal del estado le hace la vista gorda”, dijo Saleh. “Si es contra un negro o un blanco pobre, o un hispano, ellos lo acusan, y después le ofrecen un pacto que realmente no es un pacto”, refiriéndose a los acuerdos negociados de culpabilidad. “Uno se queda con un record policial y luego no puede conseguir empleo”.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto