Vol. 78/No. 2      20 de enero de 2014

Se trata de una demanda entablada por la arquidiócesis católica de Nueva York y otras organizaciones católicas, para no implementar reglamentos federales establecidos por la ley de cuidado de la salud asequible. La ley requiere que los beneficios de salud incluyan el control de la natalidad o que la compañía autorice a otro grupo para que proporcione dicha cobertura de manera voluntaria o enfrentar multas elevadas. Los demandantes alegaron que el hecho de facilitar el acceso de sus empleados a dicha cobertura violaría sus creencias y que, por lo tanto, deberían estar exentos de la disposición.

El 13 de diciembre el juez federal de distrito Brian Cogan emitió una orden que prohíbe al departamento de salud y servicios humanos poner en práctica el reglamento.

“Aunque la libertad de religión es fundamental, esto no da a los patrones el derecho de imponer sus creencias a sus empleados negándoles cobertura para anticonceptivos y discriminando así contra sus empleadas”, dijo al Militante la abogada Jennifer Lee de la organización de derechos civiles ACLU, en una declaración el 20 de diciembre.

Las instituciones demandantes emplean a decenas de miles de trabajadores. La arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo, emplea a casi 10 mil personas, 8 mil de los cuales son laicos. Los servicios católicos de salud de Long Island, que incluyen a seis hospitales y tres residencias para ancianos, tienen un plan de salud que cubre a 25 mil personas. Entre los empleados del hospital St. Joseph hay miembros de la asociación de enfermeras del estado de Nueva York, las cuales cuentan con su propio plan de salud a través del sindicato. Los servicios católicos de salud han estado presionando al sindicato a que acepte un plan de salud que “sea compatible con los principios católicos sobre el aborto, los contraceptivos y la esterilización”, según un documento del tribunal emitido como parte del caso.

La administración de Barack Obama había previamente eximido de proporcionar cobertura para el control de la natalidad por ser “empleadores religiosos”, a iglesias como la arquidiócesis católica de Nueva York y la diócesis de Rockville Centre.

Según la ACLU, se han presentado 88 casos similares por todo el país, incluyendo uno a principios de diciembre por la universidad de Notre Dame.

Estos casos son el último ejemplo de los esfuerzos de la iglesia católica de imponer su doctrina en la vida pública bajo el título engañoso de la “libertad de religión”. La jerarquía de la iglesia busca aumentar su influencia en la política utilizando el manto del derecho a la libertad de culto: el derecho de los individuos a orar como deseen, sin la interferencia del gobierno. La libertad de culto, una conquista de las luchas revolucionarias de la burguesía contra el absolutismo feudal, será siempre un derecho indispensable para la clase obrera. La campaña por la “libertad de religión” de la jerarquía religiosa, por otro lado, es todo lo contrario.
 
 
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