Vol. 78/No. 3      27 de enero de 2014

Getty Images/Tom Hindman

Después de esperar por horas la llegada de agua en Charleston, Virginia del Oeste, enero 10, se agotó en 20 minutos. Freedom Industry nunca reportó el derrame de sustancias tóxicas.

“No podemos beber el agua, no podemos cocinar con ella, no podemos hacer café, no podemos lavarnos los dientes, no podemos lavar la ropa”, dijo por teléfono el 12 de enero el minero Kirk Bentley, desde Madison en el condado de Boone. “Solo la podemos usar para el escusado. No podemos lavar los platos, así que tuvimos que ir a comprar un montón de platos de papel y cubiertos de plástico. Es muy inconveniente”.

Boone es uno de los nueve condados que resultaron afectados por la prohibición del uso de agua que ordenó el gobernador Earl Ray Tomblin. Las escuelas y los restaurantes cerraron, y los hoteles cancelaron todas las reservaciones. Los trabajadores perdieron varios días de salario. El 13 de enero se empezó a levantar la prohibición poco a poco, pero muchas personas estarán sin agua varios días más.

La mañana del 9 de enero, el departamento de protección ambiental de Virginia del Oeste respondió a quejas de un olor a regaliz de personas que viven cerca de un sitio de almacenamiento de productos químicos. Cuando los inspectores llegaron a la planta, vieron substancias químicas saliendo de un tanque roto. Un dique de bloques de concreto diseñado para servir como contención secundaria, no logró controlar el derrame del líquido que llegó hasta el río Elk.

Hasta 7 500 galones de metanol 4-metilciclohexano (MCHM) se derramaron hacía el río, a una milla de donde se encuentra las tubería de entrada de la compañía de agua de Virginia del Oeste. MCHM se usa para separar el carbón vendible de la materia desechable con la que está mezclado.

Freedom Industries, el propietario de la planta, procesa y almacena productos químicos en 14 tanques al lado del río a 2 millas y media río arriba del centro de Charleston, la capital del estado. “Realmente no nos han dado mucha información sobre los químicos en cuestión y cuánto se había derramado”, dijo Bentley. “Tenemos que aprender y estar alertas. Debemos tener cuidado con el agua, no podemos vivir sin ella. No me gusta lo que está pasando. No he escuchado mucho de los efectos a la salud, pero estoy seguro de que esto va a venir”.

“No se sabe mucho de este químico”, dijo Elizabeth Scharman, directora del centro de envenenamiento de Virginia del Oeste, al Charleston Gazette el 10 de enero. Ella dijo que podría causar problemas respiratorios, ardor en los ojos y piel además de vómitos y diarrea.

Solo se ha probado el efecto en el agua de 200 de los 84 mil productos químicos utilizados comercialmente que se encuentran en el catálogo de la agencia de protección ambiental federal.

Para el 12 de enero se habían tratado y dado de alta a 169 pacientes de salas de emergencia de los hospitales en la zona, según el departamento de salud y recursos humanos de Virginia del Oeste. Diez fueron admitidos para observación.

“El valle en el que se encuentra Charleston se llama ‘el valle químico’ debido a las plantas químicas”, dijo al Militante Cindy Rank, presidenta de la comisión de minería de la Highlands Conservancy de Virginia del Oeste el 13 de enero. “Todas están a las orillas de los ríos. Ha habido muchos problemas en los últimos años”.

En agosto de 2008, dos trabajadores murieron tras una explosión en una planta de la empresa Bayer CropScience, situada cerca de Charleston en el río Kanawha. Los administradores se negaron a informar al personal de emergencia por varias horas sobre la naturaleza de la explosión o de las sustancias tóxicas emitidas.

La planta producía metil isocianato, la misma sustancia que causó la explosión en Bhopal, India, en diciembre de 1984, que causó la muerte de 15 mil personas.

En enero de 2010, la planta química de DuPont Corp. en Belle tuvo tres fugas de gases en 33 horas que mataron a un trabajador quién fue expuesto a fosfeno, un gas que se usó como arma química en la segunda guerra mundial.

Tras la fuga en la planta de Bayer, la junta de seguridad química federal emitió un informe en enero de 2011 con propuestas para un nuevo “programa de prevención de escapes de sustancias químicas peligrosas”. La junta repitió las mismas propuestas en septiembre de ese año en un informe sobre la fuga de DuPont.

En junio de 2011, las agencias de protección ambiental y de salud y recursos humanos del estado decidieron no ponerlos en práctica. Grupos industriales, incluyendo el consejo americano de la química, dijeron que esas propuestas “crearían redundancias innecesarias, e impondrían cargas económicas adicionales a las industrias locales, las comunidades y los gobiernos estatales”.  
 
 
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