Vol. 78/No. 13      7 de abril de 2014

La Comisión Investigadora para la Adjudicación y Gestión de Contratos Públicos en la Industria de la Construcción fue establecida por el gobierno provincial de Quebec en octubre de 2011 con el fin declarado de investigar la corrupción en el otorgamiento de contratos de construcción del gobierno. Esta Comisión, presidida por France Charbonneau, juez del Tribunal Superior de Justicia, es conocida como la Comisión Charbonneau.

La Federación Laboral de Quebec es la central sindical más grande de Quebec con 600 mil miembros. El Sindicato de la Construcción-FTQ representa a 70 mil trabajadores, incluyendo a miles de obreros de la construcción en el sector industrial, comercial e institucional.

La investigación de la comisión en los asuntos internos de la FTQ tiene lugar después de años de interceptaciones de las llamadas telefónicas de dirigentes sindicales por parte de la policía, de las cuales ninguna ha llevado a la presentación de cargos criminales, y de ataques por parte de los gobiernos sucesivos con el fin de debilitar al sindicato.

Quebec era la última jurisdicción en América del Norte donde los patrones de grandes proyectos de construcción estaban obligados a contratar solamente mano de obra sindicalizada. Sin embargo, en septiembre de 2013 se aprobó una legislación antisindical con la que se elimina la ubicación ” de trabajadores en proyectos de construcción por el sindicato, un logro de las batallas laborales de décadas anteriores. Esta protección le dio más poder al sindicato para hacer cumplir los términos de los contratos en cuanto a condiciones laborales, salarios y normas de seguridad. Los patrones ahora contratan a los trabajadores a través de la Comisión de la Construcción de Quebec, una agencia del gobierno.

Desde el otoño de 2013, seis dirigentes sindicales, han sido llamados a testificar en interrogatorios que han sido televisados.

Durante el testimonio del ex presidente de la FTQ, Michel Arsenault en febrero, la comisión presentó las grabaciones de conversaciones personales de 2009 obtenidas a través de escuchas telefónicas en las que él hacía comentarios favorables sobre las vacaciones que había tomado en el yate de un magnate de la construcción que la policía alega podría estar vinculado con la mafia. Arsenault dimitió como presidente de la FTQ en noviembre de 2013 después que testigos dijeran que él sabía de los vínculos entre algunos dirigentes sindicales y negocios ilícitos, y no hizo nada al respecto.

El 25 de febrero, Bernard Gauthier, representante del Local 791 del sindicato de operadores de maquinaria pesada, un sindicato afiliado a la FTQ, con 600 trabajadores en el norte de Quebec, fue traído ante la comisión. Él explicó sus esfuerzos para que los patrones contraten a miembros del sindicato y cumplan con los términos del contrato. Charbonneau y los abogados de la comisión buscaron presentar a Gauthier como un matón, responsable de agresiones contra trabajadores y patrones. Charbonneau condenó la negativa de Gauthier a aceptar la abolición de la contratación de trabajadores sindicalizados y de la campaña contra el “sindicalismo agresivo” por parte del gobierno.

A mediados de febrero, empezaron las negociaciones por un contrato entre los dirigentes sindicales y la Asociación de Construcción de Quebec, que representa a los patrones de la construcción en Quebec. En julio de 2013, el gobierno provincial utilizó una legislación antisindical para ordenar a 77 mil huelguistas a que regresen a sus puestos después de una huelga de una semana y media que paralizó gran parte de los proyectos de construcción de la provincia. Al principio, la huelga involucró a 175 mil obreros, entre ellos los del sector residencial y de ingeniería civil. Pero estos trabajadores llegaron a un acuerdo antes que el gobierno emitiera su orden de regresar a trabajar, el cual prohibió que el sector industrial pudiera salir en huelga por un año.

Si no se llega a un acuerdo sobre los puntos principales, entre ellos el pago doble por trabajar los sábados, la jornada de trabajo, los salarios y la contratación de trabajadores locales, los trabajadores del sector industrial pueden salir en huelga legalmente después del 30 de junio.
 
 
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