Vol. 78/No. 42      November 24, 2014

La indignación por el ataque ha sacado a la luz la extensa intimidación, tortura, secuestros y matanzas a manos de la policía, el ejército y las pandillas de narcotraficantes, especialmente en las zonas rurales.

El 7 de noviembre el procurador general de México Jesús Murillo anunció que los funcionarios habían recuperado lo que creen son los restos de los 43 estudiantes, junto con decenas de otros cadáveres.

Los jóvenes desaparecidos son estudiantes en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Habían ido a la ciudad en camino a una manifestación el 2 de octubre en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de manifestantes estudiantiles en la capital en 1968 bajo órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Los estudiantes de Ayotzinapa tenían planeado recaudar dinero para su viaje haciendo un “boteo” —actividad en la cual grupos de estudiantes que tratan de obtener donaciones para la educación cierran una carretera o se toman una de las casetas. Como en años anteriores, también convencieron a conductores permitirles utilizar unos autobuses de empresas en Iguala para ir a la protesta en la Ciudad de México.

La noche del 26 de septiembre la policía municipal disparó armas automáticas contra tres de los autobuses llenos de estudiantes y se llevaron a decenas de personas en vehículos de la policía.

“Nadie murió en este primer ataque”, dijo Román Hernández, un portavoz del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, desde Ayotzinapa el 7 de noviembre. “Pero varios fueron gravemente heridos”.

La policía también disparó contra un autobús que transportaba jugadores de fútbol, pensando que llevaba estudiantes de Ayotzinapa, matando a dos.

Los estudiantes llamaron a algunos compañeros en Ayotzinapa, y a grupos de derechos humanos y la prensa para denunciar el ataque. Un par de horas más tarde, durante una conferencia de prensa improvisada, hombres enmascarados abrieron fuego una vez más matando a dos estudiantes y un espectador.

Mientras los estudiantes huían, aparecieron los soldados y al principio no les permitían salir, dijo a Telemundo Omar García, uno de los estudiantes. “Nos decían, ‘¡Cállense!, ustedes se lo buscaron. Quieren ser hombrecitos, pues, ahora ¡aguántense!’”.

No fue sino hasta 10 días después del ataque que el presidente Enrique Peña Nieto envió agentes a investigar y a buscar a los estudiantes.

Los ataques y secuestros han provocado indignación y protestas en todo el país desde Guerrero a Monterrey y Veracruz. Las manifestaciones más grandes tuvieron lugar en la Ciudad de México: miles el 8 de octubre, 50 mil el 29 de octubre y más de 100 mil el 5 de noviembre.

El 4 de noviembre las autoridades federales arrestaron al alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa María de los Angeles Pineda por ordenar el asalto y los secuestros.

El procurador general Murillo dijo que el alcalde y Pineda temían que los estudiantes iban a protestar en un evento que se estaba celebrando para Pineda.

La policía de Iguala y de Cocula entregaron los estudiantes a Guerreros Unidos, una banda de narcotraficantes aliada al alcalde y a su esposa, dijo Murillo, quienes luego los mataron y quemaron sus cuerpos.

Las autoridades federales han detenido al menos a otras 53 personas, entre ellos 36 policías y 17 presuntos miembros de Guerreros Unidos.

La escuela normal en Ayotzinapa tiene un largo historial de activismo político, y de apoyo a las luchas de los trabajadores y campesinos. Los estudiantes son en su mayoría de familias campesinas de Guerrero.

Según cifras del gobierno mexicano, más de 22 mil personas han sido “desaparecidas” en todo el país en los últimos ocho años.

El trafico de drogas es una fuente de ingresos importante para un sector de la clase capitalista de México, un sector que también tiene vínculos con negocios legítimos, así como con políticos, funcionarios de la policía y ejércitos privados. Al mismo tiempo, la competencia entre los cárteles de narcotraficantes y la violencia son perjudiciales a otros sectores de las familias capitalistas del país y a su deseo de tener un gobierno estable.

La indignación por las muertes y desapariciones está arrastrando a políticos tanto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que controla gran parte de Guerrero, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del presidente Peña Nieto. Abarca y Pineda eran prominentes en el PRD. El gobernador del estado de Guerrero Angel Aguirre, un aliado cercano de Abarca, ha dimitido. Antes de cambiarse al PRD un poco antes de las elecciones pasadas, Aguirre era un líder del PRI y aliado cercano de Peña Nieto.

El 30 de octubre, Peña Nieto se reunió en la Ciudad de México con las familias de los estudiantes desaparecidos y prometió más acción del gobierno para encontrarlos.

“Seguimos exigiendo justicia”, dijo Martha Isela Echeverría, cuyo hermano Gabriel fue uno de dos estudiantes de Ayotzinapa muertos por policías federales y estatales en 2011. Después de la reunión con el presidente habló en una conferencia de prensa. “Cada año hay muertes de estudiantes en Guerrero. No queremos más muertes de estudiantes que se están preparando para ser maestros, y el día de mañana les matan solo por pedir sustento para sus escuelas”.

“El gobierno ha tolerado el crimen organizado”, dijo Hernández del Comité de Derechos Humanos de la Montaña, que ha estado trabajando con las familias de los desaparecidos. “Uno no puede decir dónde comienza uno y termina el otro”.

Seth Galinsky contribuyó a este artículo.  
 
 
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