Vol. 79/No. 17      11 de mayo de 2015

Tratando de intimidar a las mujeres, las autoridades de la prisión, de propiedad privada, les dijeron que comieran, o que el ICE se llevaría a sus hijos y los pondría al cuidado de padres adoptivos. Tres dirigentes de la huelga y sus hijos fueron encerradas en celdas oscuras de aislamiento. Las huelguistas decidieron suspender la protesta el 4 de abril.

Diez mujeres reiniciaron la huelga el 15 de abril y dijeron que solo comerían una vez al día hasta que se cumplan sus demandas de recibir mejor tratamiento.

Kenia Galeano, de 26 años, trabajadora de la costura de Honduras y dirigente de la primera huelga, fue puesta en libertad con su hijo de dos años el 9 de abril, después que activistas a favor de la lucha de los inmigrantes le ayudaron a pagar su fianza. Ella le dijo al Militante en una entrevista telefónica que “el agua tiene sabor a Clorox. La mayoría de los niños no la toman. Pero el agua que se vende cuesta casi dos dólares por medio litro. Y a las que trabajan ahí solo les pagan un dólar por hora”.

“El arroz y los frijoles que nos sirven casi siempre están crudos”, dijo Galeano, quien estuvo encerrada en el centro cinco meses.

Como muchas de las mujeres, Galeano dijo que había salido de su país debido a las amenazas de las pandillas criminales que le habían hecho temer por su vida.

La prisión de 532 camas —uno de solo tres centros de detención de este tipo en el país— es administrado por el grupo GEO, una de las más grandes corporaciones de cárceles con fines de lucro del país. Como parte de la protesta, las mujeres alzaron pancartas escritas con letras grandes que decían “Libertad” cuando un helicóptero pasaba sobrevolando el 2 de abril. El personal de Karnes calificó a la acción como una “insurrección”.

Desde junio del año pasado, oficiales de inmigración han detenido a todas las mujeres con niños que buscan asilo con el fin de “desalentarlas”, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

En febrero el juez del tribunal de distrito James Boasberg falló a favor de una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles que anuló esta política. Como respuesta, oficiales de inmigración comenzaron a exigir fianzas exorbitantes de entre 4 mil a 15 mil dólares. Cualquiera que haya sido deportado anteriormente no es elegible.

Esta es la respuesta gubernamental a la ola de inmigración de América Central. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza reportó el año pasado que había detenido a más de 47 mil niños no acompañados de adultos entre octubre de 2013 y mayo de 2014, casi el doble de la cantidad detenida durante el mismo período el año previo. La mayor parte del incremento fue de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las autoridades de inmigración también han cambiado las reglas para hacer más difícil obtener asilo.  
 
 
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