Vol. 79/No. 19      25 de mayo de 2015

Chicago Torture Justice Memorials

Darrell Cannon, torturado y encarcelado en caso amañado por policías de Chicago en 1983, en rueda de prensa en enero. El Concejo Municipal aprobó el 6 de mayo pagar indemnizaciones a algunas de las aproximadamente 120 víctimas del comandante Jon Burge y su pandilla.

Un grupo de 100 personas que se encontraba en un abarrotado balcón separado por una pared de vidrio celebraron y aplaudieron mientras los nombres de las víctimas de torturas y de sus familias que estaban presentes en la sala del ayuntamiento eran leídos. Después de la aprobación de la ordenanza, la multitud salió del balcón coreando, “¡Indemnizaciones ganadas!”

Burge y su “pandilla” extrajeron confesiones falsas para obtener las condenas de por lo menos 120 personas, en su mayoría hombres negros, con el uso de descargas eléctricas, ejecuciones simuladas, provocando asfixia y palizas.

La resuelta decisión de los torturados y de las víctimas de casos amañados de no quedarse callados, sus protestas y recursos jurídicos, junto con la creciente indignación, condujeron a la revelación de las prácticas de los policías e impidieron que el gobierno municipal barriera los casos debajo de la alfombra.

“Es un gran comienzo para la ciudad de Chicago reconocer la verdad de lo que le sucedió a estos hombres, y a algunas mujeres, dentro de las estaciones de policía”, dijo Mark Clements a la prensa. Clements pasó 28 años preso por crímenes que no cometió, después de ser torturado por los policías de Burges cuando tenía 16 años. “Hay que hacer más por los muchos sobrevivientes de torturas que aun están en la cárcel”.

Cuando los reporteros le preguntaron a Clements si aceptaría dinero del fondo de indemnizaciones, dijo que no lo aceptaría. “Es demasiado poco. Yo fui linchado legalmente por 28 años”.

En 1993 el departamento de policía de Chicago finalmente despidió a Burge. En 2006 una investigación del fiscal del Condado de Cook llegó a la conclusión que Burge y su pandilla habían realizado torturas, pero que el estatuto de limitaciones para procesarlos por sus crímenes había vencido.

Más tarde, Burge fue condenado por perjurio y puesto bajo custodia federal por cuatro años, parte de los cuales fueron bajo confinamiento domiciliar.

La ordenanza ofrece una disculpa a las víctimas de las torturas y provee un fondo para indemnizaciones, además de admisión gratuita a las universidades municipales, y acceso prioritario a capacitación ocupacional, viviendas, consejería y otros servicios sociales. También requiere que el distrito escolar imparta una clase de historia sobre los casos de tortura de Burge, y pide a “los administradores de agencias de la policía a que realicen audiencias para la presentación de pruebas para los sobrevivientes de tortura que aún permanecen tras las rejas”, para que tengan la oportunidad de demostrar que fueron obligados a hacer sus confesiones.

Los sobrevivientes de las torturas, sus amigos, familiares y partidarios se reunieron para celebrar con un banquete, y más tarde esa noche con una fiesta en un centro social de Hyde Park.

“Es un buen comienzo. Pero cuando salimos de la prisión no tenemos nada”, dijo Stanley Wrice al Militante. Wrice fue condenado de violación y sentenciado a 100 años de cárcel en 1982 después de ser torturado por los policías. Fue excarcelado después de 31 años y ahora trabaja con el Proyecto de Inocencia de Chicago. “Todavía hay alrededor de 100 personas presas a causa de las torturas y las confesiones forzadas de Burge”.“Apenas hemos comenzado”, dijo Carolyn Johnson, cuyo hijo Marcus Wiggins fue torturado en 1991 cuando tenía 13 años. “Ahora tenemos que sacar a mi hijo y a todos los otros de la cárcel”.
 
 
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