Vol. 79/No. 22      15 de junio de 2015

En Crimea, ocupada y anexada por Moscú hace más de un año, las autoridades rusas han aumentado la represión contra el pueblo tártaro y contra los que apoyan la soberanía ucraniana.

El 27 de mayo, una coalición de sindicatos, entre ellos la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania y el sindicato independiente de mineros, realizaron la primera ronda de una serie de protestas programadas frente a las oficinas del gabinete de ministros en Kiev. Exigen que se duplique el salario mínimo, que se den incrementos automáticos a los salarios para compensar por la inflación, el pago de salarios atrasados, que se anulen los aumentos de los precios de servicios públicos que pagan los trabajadores y la restauración de “los derechos sociales y garantías de los trabajadores, jubilados, liquidadores de Chernóbil y víctimas del desastre nuclear”.

Al mismo tiempo, la administración del presidente Barack Obama, en busca de consolidar su ‘legado’ como el iluminado hombre de paz, está impulsando un “reinicio” con el presidente ruso Vladimir Putin. Su meta es lograr una colaboración estrecha para forzar una coalición en el Medio Oriente basada en los aliados de Moscú, Irán y Siria, y también Iraq, para derrotar al Estado Islámico y obtener estabilidad, y lograrlo sin que Washington despliegue “botas en el terreno”.

La administración de Obama ha dejado clara su disposición a aceptar la exigencia de Moscú de crear una “zona neutral” entre Europa central y la frontera rusa, especialmente en el este de Ucrania.

Este cambio fue percibido en la visita del 12 de mayo del secretario de estado John Kerry a Sochi, Rusia, donde se reunió con Putin y el ministro del exterior ruso Sergey Lavrov. En una rueda de prensa con Lavrov, Kerry dijo que habían encontrado “bastante afinidad” en cuanto al conflicto en Ucrania, el cual “será resuelto con la plena implementación de Minsk”, refiriéndose al acuerdo que facilitaron los gobiernos de Alemania y Francia en febrero.

Ese acuerdo produjo un precario cese al fuego entre los separatistas pro rusos en el este de Ucrania, que siguen recibiendo armas y hombres de Moscú, y el ejército ucraniano y combatientes voluntarios. El acuerdo establece que las regiones de Donetsk y Luhansk en Ucrania, que actualmente están bajo el control de las fuerzas separatistas, tengan mayor autonomía, asegurando de esa forma que Moscú siga teniendo bastante influencia a lo largo de la región fronteriza al suroeste de Ucrania.

“Está claro que se podrá comenzar a retirar las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea [contra Moscú]”, dijo Kerry, “cuando Minsk sea plenamente implementado”. La anexión rusa de Crimea, que Washington acepta como un hecho consumado, no fue mencionada.

“Estados Unidos y Rusia coinciden estrechamente” en las conversaciones para llegar a un acuerdo nuclear con el gobierno iraní, enfatizó Kerry.

El día siguiente Kerry dio un informe a sus homólogos en una reunión de cancilleres de la OTAN en Turquía. Había un “pequeño pero palpable cambio de la atmósfera y retórica en general”, informó el Moscow Times. “Nadie ha mencionado la posibilidad de enviar armas a Ucrania, y la palabra ‘separatistas’ ha sido ampliamente usada en vez de ‘insurgentes respaldados por Rusia’”.

El gobierno ucraniano tiene hasta el 15 de junio para renegociar los 23 mil millones de dólares en bonos en manos de inversionistas privados, como condición para recibir la próxima parte de un préstamo de 17.5 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El más grande de estos tenedores de bonos, con sede en Estados Unidos, Franklin Templeton Investments, encabeza un grupo de acreedores que se niegan a aceptar la propuesta de Kíev de que se condonen algunos de los préstamos.

“La deuda de Ucrania debe ser reducida”, escribió el ex secretario del tesoro Lawrence Summers en el Financial Times del 18 de mayo. Hizo halagos al gobierno con “voluntad de reforma” de Poroshenko por “actuar decididamente para recortar los subsidios a la energía” y describió a los especuladores que se niegan a aceptar la reducción de la deuda como “egoístas” e “irresponsables”.

La preocupación de Summers es que la insistencia de los especuladores por un pago total, que dejaría a Ucrania en la bancarrota, sería un obstáculo para que los gobernantes de otros países se alineen con Washington.

Mientras tanto, asentando un golpe a los derechos políticos, Poroshenko aprobó el 16 de mayo leyes que prohíben los símbolos “comunistas y nazis” y de que se exprese cualquier cosa positiva sobre la historia de Ucrania que haya sucedido desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991.

Estas leyes equivalen a “criminalizar ciertos puntos de vista, con severas condenas de encarcelamiento y restricciones incluso a la libertad académica”, dijo Halya Coynash del Grupo de Protección de Derechos Humanos de Kharkiv.
 
 
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