Vol. 79/No. 29      17 de agosto de 2015

Reuters/Osman Orsal

Exigen en Estambul el 1 de agosto el cese a bombardeos contra kurdos en norte de Iraq y a las redadas contra acusados de apoyar al Partido de Trabajadores de Kurdistán en Turquía.

Los gobernantes turcos están alarmados por los avances de los combatientes kurdos en Siria al repeler al Estado Islámico, y por el impacto que esto ha tenido en los 15 millones de kurdos en Turquía, dándole confianza a los luchadores por la autonomía kurda.

Los kurdos, una nacionalidad oprimida de aproximadamente 30 millones de personas que viven en Iraq, Irán, Siria y Turquía, han librado durante décadas una batalla por una patria , la cual les fue negada por las potencias imperialistas de Londres y Paris hace un siglo cuando dividieron la región. Esa división ha sido respaldada por Washington y mantenida por los gobernantes capitalistas de estos países.

Como parte de un acuerdo que le concede a Washington acceso a la estratégica base aérea de Incirlik en el sur de Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció sus planes para establecer una zona de contención en el norte de Siria. Los ataques aéreos supuestamente expulsarán al Estado Islámico de esta área fronteriza. La zona estaría ubicada de forma que impida los avances hacia el oeste de las Unidades Kurdas de Protección Popular (YPG) en Siria hacia el área de Afrin, que se encuentra bajo control kurdo. Erdogan está empeñado en prevenir la unificación de las regiones kurdas en Siria a lo largo de la frontera con Turquía.

Está abundantemente claro que el blanco de Ankara son los kurdos, no el Estado Islámico. “Entre el 23 y el 26 de julio, 75 aviones de combate turcos volaron 155 misiones contra 400 objetivos del PKK”, informó la revista Time. “¿El número de objetivos de ISIS [Estado Islámico] alcanzados? Tres”.

Redadas de la policía en Turquía

Mientras los residentes de la ciudad kurda de Diyarbakir, Turquía, sonaban cacerolas y ollas desde sus ventanas y balcones en protesta a los ataques aéreos, “la policía lanzó gases lacrimógenos, a veces desde helicópteros, para sofocar las manifestaciones”, reportó el Wall Street Journal el 29 de julio.

Ankara solicitó y recibió el respaldo de la OTAN cuando lanzó su ataque. Una declaración emitida en una reunión especial el 28 de julio condenó “los ataques terroristas contra Turquía” y dijo que los estados miembros de la OTAN “mantienen una fuerte solidaridad con Turquía”.

Aproximadamente 260 miembros del PKK murieron y alrededor de 400 resultaron heridos por los ataques aéreos en el norte de Iraq, informó la agencia turca Anadolu el 1 de agosto. Los bombardeos han provocado incendios y destruyeron una clínica que servía varias aldeas.

Un comunicado emitido el 1 de agosto por Massoud Barzani, presidente del gobierno regional kurdo en el norte de Iraq, exigió que las fuerzas militares turcas detuvieran los ataques aéreos. También instó al PKK a “mantener el campo de batalla lejos de la región kurda, para que los civiles de Kurdistán no se conviertan en víctimas de esos combates y del conflicto”.

Varios días antes, los combatientes del PKK atacaron un oleoducto en el norte de Iraq utilizado por el Gobierno Regional de Kurdistán para exportar petróleo a través del puerto de Ceyhan en Turquía. Una declaración del PKK el 2 de agosto dijo que sus unidades “no sabían a quién le pertenecía el oleoducto”, informó Rudaw, una agencia de noticias kurda. Turquía se ha convertido en el principal socio comercial del Kurdistán iraquí, con alrededor de 1 200 empresas turcas operando en la región.

Las YPG acusaron al gobierno turco de haber atacado a sus fuerzas por lo menos cuatro veces durante la semana anterior. El 30 de julio naves militares turcas sobrevolaron Kobani, en Siria, mientras el Estado Islámico atacaba el pueblo aledaño de Sarrin del cual las fuerzas del YPG habían tomado control de las fuerzas del Estado Islámico tres días antes.

Erdogan pretende negarles la inmunidad a los legisladores del Partido Democrático Popular si ellos tienen vínculos con el PKK. La procuraduría de Diyarbakir ha lanzado una investigación contra el co-presidente Selahattin Demirtas por su apoyo a las protestas en octubre contra la negativa del gobierno de ayudar a los combatientes en Kobani a repeler el cerco impuesto por el Estado Islámico. Si se le declara culpable, podría ser encarcelado por 24 años.
 
 
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