Vol. 80/No. 5      8 de febrero de 2016

 
(portada)

Ley en Carolina del Norte limita derecho al aborto

Resalta insuficiencias de Roe vs Wade

 
Como parte de los continuos ataques contra el derecho de la mujer a elegir el aborto, el 1 de enero entró en vigor una nueva ley en Carolina del Norte que impone un período de espera de tres días antes de que una mujer pueda obtener un aborto y requiere que los médicos presenten una ultrasonografía y otra documentación a los funcionarios estatales para abortos después de las 16 semanas de embarazo.

Estas son algunas de las últimas medidas que están socavando el acceso al aborto y que comenzaron casi inmediatamente después que la Corte Suprema despenalizara el procedimiento en 1973 en el caso Roe vs. Wade. La avalancha de restricciones impuestas en los últimos años resalta los problemas que esa decisión tenía desde el principio para los defensores de los derechos de la mujer.

Los límites al acceso al aborto, como los de Carolina del Norte, se basan en el sistema de “trimestres” codificado en la decisión de la Corte Suprema que declaró que la decisión de terminar un embarazo durante los primeros tres meses “debe dejarse al criterio del médico de la mujer embarazada”. Después de ese plazo, los gobiernos estatales pueden “regular el procedimiento de aborto de maneras que estén razonablemente vinculadas a la salud materna”.

Y “con posterioridad a la viabilidad”, los estados pueden prohibir el aborto, excepto “para preservar la vida o salud de la madre”. Roe vs. Wade define la viabilidad como el momento en que el feto es “potencialmente capaz de vivir fuera del vientre de la mujer, aun con asistencia artificial”, una definición que cambia con los avances médicos. Basar el derecho de la mujer al aborto en los juicios de los médicos en vez de ser un derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas está siendo utilizado por los opositores a los derechos de la mujer para justificar restricciones que son cada vez más onerosas.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, una partidaria de los derechos de la mujer, que ha servido en la Corte Suprema desde 1993, ha hecho criticas importantes a Roe vs. Wade. El fallo no está basado en la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la igualdad de protección ante la ley, dijo Ginsburg en un artículo publicado en el North Carolina Law Review en 1985.

La garantía de igual protección es una conquista de la lucha revolucionaria que puso fin a la esclavitud en la década de 1860. La jueza dijo que fue la base para numerosas decisiones de la Corte Suprema que registraron los logros hechos en la lucha por los derechos de los negros en las décadas de 1950 y 1960. Pero hasta 1971, la corte rechazó cualquier intento de aplicar las protecciones de la Enmienda 14 a las mujeres. Y ninguna de las decisiones de la corte relacionadas a los derechos reproductivos fueron hechas sobre esa base.

El derecho al aborto, argumentó Ginsburg, sería más fuerte “si se basara en una perspectiva de igualdad sexual basada en la Constitución” y si la “Corte hubiera colocado solamente a la mujer al centro de su atención, en vez de a la mujer atada a su médico”.

Según Ginsburg el fallo de la corte fue prematuro, e interrumpió la posibilidad que el creciente movimiento por el derecho de la mujer a optar por un aborto ganara un apoyo más amplio basado en la igualdad de la mujer.

En 2014 le preguntaron a Ginsburg en una entrevista con New Republic qué pasaría si Roe v. Wade fuera anulado. Ella dijo, “Seguiría habiendo muchos estados que no regresarían a ser como era antes. Esto significa que cualquier mujer que tenga los medios para viajar … nunca va a tener problemas … Las mujeres que no puedan pagar son las únicas que se verían afectadas”.

Eso, por supuesto, ha sido el impacto de clase de cada ataque contra el derecho a elegir, empezando con la Enmienda Hyde de 1976, que prohibió el uso de Medicaid para abortos, afectando a las mujeres pobres.

Actualmente alrededor del 90 por ciento de los condados en Estados Unidos carecen de proveedores de abortos. Desde 2011 los estados han aprobado 288 restricciones, aproximadamente el total aprobado en los 15 años anteriores.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto