Vol. 80/No. 11 21 de marzo de 2016
(portada)
A dos años de la rebelión de Maidán, Kiev ataca a obreros
Al mismo tiempo, el gobierno de Poroshenko está cada vez más dividido, consecuencia de la pugna entre los magnates empresariales y sus portavoces políticos. Kiev también está bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, Washington y las potencias imperialistas de Europa que exigen más “austeridad” para optimizar su capacidad de extraer ganancias del pueblo trabajador de Ucrania.
Los trabajadores en Ucrania también enfrentan los efectos del conflicto militar con Moscú y la ocupación de Crimea por el gobierno ruso.
El primer ministro Arseniy Yatsenyuk sobrevivió un voto de desconfianza el 16 de febrero, pero dos de los cuatro partidos se retiraron de la coalición gubernamental, dejando al gobierno con el apoyo de una minoría en el parlamento.
La crisis gubernamental fue precipitada por la renuncia del ministro de economía Aivaras Abromavicius el 3 de febrero, quien acusó a uno de los diputados de Poroshenko de tratar de imponer a sus compinches en la administración de las empresas estatales. Diez embajadores en Ucrania, incluyendo el de Estados Unidos, Alemania y otros países imperialistas, inmediatamente emitieron un comunicado conjunto lamentando la salida de Abromavicius y elogiándolo por haber “implementado reformas económicas duras pero necesarias”.
La economía se contrajo en un 10.5 por ciento el año pasado con una inflación por encima del 40 por ciento, un resultado no solo de la crisis mundial capitalista, sino del impacto dramático de la guerra separatista en el sureste industrial y la toma de control de Crimea por Rusia en la producción y el comercio.
El FMI le ha exigido a Kiev que recorte las pensiones y otros gastos sociales; aumente los precios del combustible; privatice más empresas estatales, dejando a miles de trabajadores sin empleos; tome medidas que supuestamente frenen la corrupción; y aumente los impuestos sobre el alcohol, tabaco y productos agrícolas.
En las últimas semanas se han producido más enfrentamientos entre los separatistas respaldados por Moscú y las fuerzas del gobierno en las regiones de Donetsk y Luhansk. Para Washington, el reconocimiento de los esfuerzos de Moscú para proteger sus intereses en lo que ellos llaman su “exterior cercano”, es parte clave de la creciente colaboración para imponer un semblante de estabilidad en Siria.
Para los trabajadores en Ucrania es cada vez más claro que el principal obstáculo que enfrentan para lograr algunos de los objetivos por los que lucharon en el Maidán es el gobierno en Kiev.
“Mientras mantenemos un ojo en Rusia, también vigilamos a los políticos del nuevo gobierno”, dijo Sasha Antoliavych, un ex minero de la región de Donetsk, a los corresponsales del Militante en marzo de 2014. “La mayoría de ellos no son muy diferentes de los que huyeron”.
Debido a la ausencia de un partido obrero que pueda dirigir una lucha por el poder, esta observación ha resultado ser muy precisa.
Los capitalistas y los ministerios gubernamentales a cargo de las minas y fábricas estatales han dejado de pagar los salarios repetidamente, lo que ha provocado numerosas huelgas y protestas laborales. Los mineros del carbón realizaron una serie de paros en enero, incluyendo bloqueos de carreteras cerca de la frontera con Polonia. Los trabajadores de la enorme fábrica de cohetes en la ciudad oriental de Dnepropetrovsk protestaron el 11 de febrero contra el impago de sueldos.
En represalia, los sindicalistas han enfrentado ataques físicos. Mikhailo Volynets, presidente del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania, acusó a los representantes del Ministro de Energía y Minería Volodymyr Demchyshyn de haber atacado al dirigente sindical Anatolyi Mukhamedzhanov en la oficina de la mina de Novovolynsk el 3 de febrero.
Los mineros del carbón en la región de Donetsk, controlada por los separatistas, también han hecho paros laborales contra los impagos salariales. Una huelga el 13 de enero en la mina de Makiyivka logró que les pagaran parte de los salarios atrasados, pero 132 trabajadores fueron despedidos. Ahora, los funcionarios de la llamada República Popular de Donetsk están amenazando con acusar a los mineros de “traición” por su huelga.
El gobierno de Poroshenko ha atacado los derechos democráticos, incluyendo la imposición de leyes de control del pensamiento. El 25 de enero la Corte Suprema Administrativa ratificó la prohibición de toda actividad del Partido Comunista de Ucrania bajo leyes de “descomunización”, asestando un golpe a los derechos de todos los trabajadores.
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