Vol. 80/No. 32      29 de agosto de 2016

 
(portada)

Washington presiona a Venezuela, crece crisis

 
Mientras los trabajadores y agricultores en Venezuela enfrentan una crisis económica cada vez más profunda, la clase gobernante estadounidense y las fuerzas pro-imperialistas en Venezuela están intensificando las presiones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Detrás de su supuesta preocupación por la escasez de alimentos y los “derechos humanos” se encuentra su deseo de instalar un régimen que sea más del agrado de Washington. Están actuando deliberadamente con la esperanza de hacerlo sin provocar una explosión social. Está en los intereses del pueblo trabajador de todas las Américas el oponerse a la intervención de Washington.

Se espera que la economía de Venezuela se contraiga en un 10 por ciento en 2016. La producción de petróleo, que representa el 95 por ciento de los ingresos de exportación, está en su nivel más bajo en 13 años. La inflación anual va rumbo al 700 por ciento.

Hay largas colas para obtener alimentos básicos, como leche, harina de maíz, azúcar y aceite de cocina que se venden a bajo costo a precios regulados por el gobierno. “Cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, estos artículos abundaban”, dijo Carolina Álvarez, una escritora y editora que vive en la ciudad de Cagua, al oeste de Caracas, en una entrevista telefónica el 6 de agosto. “Otros alimentos, como la carne, están disponibles, pero los precios se han disparado”.

“Comemos muchas verduras y frutas, pero no mucho pan”, añadió Álvarez. “Antes comía carne todos los días, ahora quizás una vez por semana”.

El colapso de los precios mundiales del petróleo durante los últimos dos años ha tenido un profundo impacto. El gobierno del presidente Hugo Chávez, electo por primera vez en 1998, utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales y controles de precios que mejoraron las condiciones para el pueblo trabajador. También vendió petróleo a precios preferenciales a Cuba y otros países del Caribe, una de las razones por la implacable hostilidad de Washington. Estas políticas han continuado bajo Maduro, quien asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013.

Al mismo tiempo, la mayoría de la industria y la agricultura sigue en manos de la clase capitalista.

La empresa norteamericana Kimberly-Clark cerró su fábrica venezolana el 9 de julio alegando que carecía de materias primas, y despidió a más de 900 trabajadores. El gobierno tomó control de la planta productora de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, y anunció que los trabajadores han reiniciado la producción.

Muchos de los productos subsidiados por el gobierno son comprados por especuladores, que los revenden 10 veces más caros o más. “Esto se ha convertido en una forma de vida para algunas personas”, dijo Ana Barrios por teléfono desde Caracas el 9 de agosto. Barrios es miembro del Colectivo Surgentes, una organización comunitaria en el área de San Agustín del Sur.

Además de la caída de los precios del petróleo y la “guerra económica” de los patrones, “hay, sin duda, corrupción en la distribución de alimentos y otros productos, como el jabón”, dijo Barrios. Para hacer frente a la situación, algunos grupos comunitarios están tomando iniciativas para contactar a cooperativas rurales para que vendan sus productos directamente a los residentes, sin intermediarios, dijo.

La presión sobre los trabajadores se ve agravada por la deuda externa de 120 mil millones de dólares. Venezuela tendrá que pagar 4.7 mil millones hacia la deuda este otoño. Las reservas monetarias han caído de 30 mil millones de dólares en 2011 a 12 mil millones en la actualidad.

Ante el empeoramiento de las condiciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela de Maduro perdió la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre. Desde entonces, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática ha hecho campaña para que se realice un referéndum para revocar a Maduro. El 1 de agosto el Consejo Nacional Electoral aprobó la primera de las dos peticiones necesarias para realizar el referéndum. Los grupos opositores quieren que el referéndum ocurra este año, lo cual podría forzar nuevas elecciones presidenciales. Si Maduro fuera revocado después del 10 de enero, el vicepresidente terminaría su mandato, el cual se extiende hasta abril de 2019.

‘No a injerencia de Washington’

Durante una visita a Argentina el 4 de agosto el secretario de estado John Kerry pidió al gobierno venezolano que “aceptara el referéndum revocatorio, que no lo retrase hasta el año próximo”.

Como parte de las presiones, el 1 de agosto el gobierno estadounidense presentó cargos contra el general venezolano Néstor Reverol por contrabando de drogas. Al día siguiente, Maduro nombró a Reverol ministro de interior y justicia.

En julio, Citibank dijo que cerraría en 30 días las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, una maniobra que Maduro denunció como un “bloqueo financiero”.

“El Partido Socialista de los Trabajadores se solidariza con nuestros hermanos y hermanas en Venezuela”, dijo al Militante Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente de Estados Unidos, el 9 de agosto. “Los trabajadores de todo el mundo deben protestar las amenazas y la intervención de Washington”.

La crisis en Venezuela ha reducido los envíos de petróleo a Cuba en un 20 por ciento en lo que va del año. Pero la solidaridad de Cuba con Venezuela “no se debilitará en lo más mínimo”, dijo el presidente cubano Raúl Castro ante la Asamblea Nacional el 8 de julio.

Unos 46 mil colaboradores cubanos trabajan en Venezuela brindando solidaridad en la salud, la educación, el deporte y otros programas.
 
 
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