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Vol. 80/No. 43      14 de noviembre de 2016

 
(portada)

Rancheros en Oregon baten caso amañado

 
POR EDWIN FRUIT
Y MARY MARTIN
PORTLAND, Oregon—En lo que representa una victoria para los derechos de quienes luchan contra los abusos del gobierno, un jurado declaró el 27 de octubre que los hermanos Ammon y Ryan Bundy y cinco otros participantes en la ocupación de instalaciones del Refugio Nacional de Vida Salvaje el pasado enero no eran culpables de cargos de conspiración y otros de los que fueron acusados.

Ellos habían organizado una protesta para atraer atención al encarcelamiento por segunda vez de Dwight Hammond y su hijo Steven, ganaderos del condado Harney, quienes fueron acusados por segunda vez de los mismos cargos amañados de provocar incendios, y para denunciar la política del gobierno que les impide el uso de las tierras.

Pero en vez de ser puestos en libertad, los Bundy fueron enviados a Nevada para ser enjuiciados por resistir los intentos del gobierno de confiscar el ganado de su padre en 2014.

A pesar de no haber ninguna evidencia que los participantes realizaron un solo acto de violencia, la fiscalía presentó la ocupación como una conspiración violenta para “impedir” que empleados federales cumplan sus deberes.

El cargo más serio, “Uso y posesión de armas en relación a un crimen de violencia”, fue descartado en junio. Pero numerosos fallos por la jueza federal Anna Brown han obstaculizado el trabajo de los abogados defensores.

Con pocas excepciones, Brown prohibió que los abogados defensores y los testigos mencionaran la muerte a manos de la policía del dirigente de la protesta Robert “LaVoy” Finicum. Los Bundy, Finicum y otros iban rumbo a una reunión comunitaria para hablar sobre la protesta cuando fueron emboscados por el FBI y policías estatales de Oregon.

La jueza no les permitió a los acusados explicar por qué ellos creen que la doctrina de “posesión adversa” les da el derecho legal a ocupar el refugio como forma de demostrar que la tierra no debe estar bajo control federal.

A pesar de tener la balanza inclinada en su contra, los acusados demostraron que soplones y agentes provocadores del FBI habían infiltrado la protesta y que los participantes en la ocupación no le dijeron a los empleados federales que detuvieran sus labores.

La ocupación comenzó el 2 de enero, dos días antes de la fecha en que los Hammond tenían que regresar a la penitenciaria federal después de haber estado presos por el mismo supuesto crimen. Un tribunal de apelación había emitido un fallo de que el juez asignado al juicio no tenía la autoridad para condenarlos a menos de la condena obligatoria de cinco años de cárcel establecida bajo la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz de 1996.

Los Hammonds llevan décadas luchando contra los intentos del gobierno federal de forzarlos a vender sus tierras. Ellos habían realizado incendios controlados, una práctica muy común de los rancheros y de las agencias gubernamentales para proteger la tierra de fuegos incontrolados y para erradicar plantas invasivas.

Los Bundy y sus partidarios también usaron la ocupación para denunciar lo que muchos rancheros llaman “interferencia federal excesiva”: reglas, regulaciones, tarifas y otros obstáculos burocráticos que les impiden poder utilizar tierras bajo control federal para el pastoreo y dar de beber al ganado.

Mil rancheros y otros visitaron el refugio durante la ocupación. Aún aquellos rancheros que no estaban de acuerdo con la acción, frecuentemente decían a la prensa que esta atrajo la atención del público al caso amañado contra los Hammond y la política del gobierno federal contra los rancheros.

Gran parte del caso de la fiscalía se basó en las armas que algunos de los participantes portaban durante la ocupación. La fiscalía mostró un video donde 10 hombres estaban disparando sus rifles desde la rampa de botes del parque.

Pero fue el informante del FBI Fabio Minoggio quien organizó la práctica de tiro, señaló Marcus Mumford, el abogado de Ammon Bundy. El gobierno admitió haber tenido por lo menos nueve informantes en el refugio.

La defensa también respondió a la calumnia de que la ocupación del refugio fue un ataque contra los indígenas norteamericanos y que los participantes habían dañado artefactos indígenas almacenados ahí. Sheila Warren, una dirigente de la tribu Siletz de Oregon, declaró que ella fue al parque a ver si las acusaciones eran ciertas. Ella fue bien recibida y verificó que los artefactos no habían sido perturbados.

Un pequeño grupo de partidarios de los acusados mantuvieron una vigilia cerca de la corte durante el juicio. “Estamos tratando de hacer saber que los Bundy no robaron tierras y que los Hammond no incendiaron intencionalmente tierras federales”, dijo John Lamb, un granjero de Bozeman, Montana.  
 
 
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