Vol. 81/No. 7 20 de febrero de 2017
Cientos de estudiantes de secundaria y universitarios se manifestaron aquí el 7 de febrero. “La vida cotidiana no puede continuar como está cuando otros están sufriendo”, dijo a la prensa Selam Murphy, estudiante de la escuela secundaria Beacon, uno de los muchos estudiantes de secundaria que abandonaron sus clases para unirse a la protesta. Los estudiantes llevaban signos hechos a mano con consignas escritas en cuadernos escolares, cartulina y monopatines (skateboards).
El día anterior, unos 20 rabinos afiliados a T’ruah: El Llamado Rabínico para los Derechos Humanos, fueron arrestados por bloquear una calle cerca del Hotel y Torre Trump en Manhattan. “El lenguaje que se está utilizado ahora para detener la entrada de los musulmanes es el mismo que se usó para excluir a los refugiados judíos” bajo Franklin Delano Roosevelt antes de la Segunda Guerra Mundial, dijo el rabino Jill Jacobs al New York Times.
Al mismo tiempo, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó argumentos en California el 7 de febrero para dictaminar si se debe levantar la orden de un tribunal federal de distrito en el estado de Washington que impide la prohibición de viajes impuesta por la orden ejecutiva de Trump.
Trump firmó la primera orden ejecutiva relacionada con la inmigración el 25 de enero, ordenando la extensión del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, la contratación de 5 mil policías de inmigración más y prometió incrementar las deportaciones. Esto no ha sido retado en los tribunales.
“Los trabajadores necesitan salir a las calles para protestar las acciones de la administración contra los trabajadores indocumentados”, dijo al Militante Osborne Hart, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Nueva York. “Los gobernantes acaudalados y sus dos partidos —los demócratas y los republicanos— tratan de mantener a la sección de la clase trabajadora sin papeles como parias para dividir y debilitar a todo el movimiento obrero. Exigimos amnistía para todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos”.
El decreto del 27 de enero impuso una prohibición de tres meses a los viajeros de siete países mayormente musulmanes, una moratoria de cuatro meses sobre la admisión de refugiados de cualquier país y una prohibición indefinida a los refugiados sirios.
Unas 60 mil visas de todos tipos fueron revocadas después de que Trump firmó estos decretos. Al mismo tiempo funcionarios de inmigración detuvieron a más de 100 residentes permanentes de Estados Unidos en aeropuertos dentro del país. Después de protestas generalizadas, y de varias órdenes judiciales, las visas fueron reinstauradas y muchos de los detenidos admitidos al país.
La administración Trump pidió a la Corte de Apelaciones levantar o limitar la detención de su orden ejecutiva. No debería haber “dudas” de las decisiones presidenciales sobre seguridad nacional, dijo el abogado del departamento de justicia de Estados Unidos, August Flentje, a los jueces.
Noah Purcell, el procurador general del estado de Washington, abogó por mantener la detención de la orden ejecutiva hasta que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad de la orden en su conjunto, diciendo que es probable que prevalezca la detención.
En una declaración de la Casa Blanca el 5 de febrero, Trump dijo que “mi política es similar a lo que hizo el presidente Barack Obama en 2011 cuando prohibió visas para refugiados de Iraq durante seis meses”. El gobierno de Obama dejó de procesar a los refugiados iraquíes durante seis meses en 2011, mientras siguió admitiendo los ya procesados. Jimmy Carter prohibió la entrada a todos los iraníes en Estados Unidos después de la revolución iraní en 1979.
“Esto no tiene que ver con la religión”, dijo Trump, refiriéndose a los siete países —Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen— objeto de la orden judicial. “Hay más de 40 países diferentes por todo el mundo que son de mayoría musulmana y no se ven afectados por esta orden”. Pero sus asesores han dicho que si la prohibición se mantiene, más países podrían ser añadidos a la lista.
A pesar de la demagogia de la administración o de sus oponentes liberales, la orden ejecutiva del 25 de enero dirigida a los trabajadores indocumentados no representa ninguna desviación significativa de las políticas de los presidentes anteriores. El objetivo de los gobernantes norteamericanos no es eliminar a los trabajadores indocumentados, sino regular su número a medida que la economía se expande o se contrae y mantener su estatus de capa super explotada de la clase trabajadora que los patrones pueden usar para reducir todos los salarios.
Desde la aprobación de la Ley del Cerco Seguro de 2006 durante la administra-ción de George Bush, se han construido más de 650 millas de cerca en la frontera. Y Obama se jactó, “Hemos ido más allá de lo que se pedía”, en un discurso el 10 de mayo de 2011 en El Paso, Texas, diciendo que la cerca fronteriza estaba “ahora básicamente completa”.
El mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en el último año del gobierno del presidente Bill Clinton, cuando más de 1.8 millones de inmigrantes fueron deportados. El gobierno de Obama tiene el récord de criminalización de inmigrantes, poniendo a más trabajadores acusados de “crímenes” de inmigración tras las rejas que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos.
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