Vol. 81/No. 7      20 de febrero de 2017

 
(portada)

Los Angeles: Obreros y PST protestan
contra contaminación

 
LOS ANGELES—Más de 75 personas asistieron el 28 de enero a una audiencia en esta ciudad sobre la contaminación en los barrios obreros aledaños a la planta de Exide Technologies. La planta estaba dedicada al reciclaje de baterías y estuvo en operación en la zona de Vernon de 1922 a 2015.

La reunión, que tuvo lugar en el barrio de Boyle Heights, fue la tercera organizada por funcionarios del Departamento de Control de Substancias Tóxicas. Los funcionarios presentaron un plan para limpiar una zona de 1.7 millas de radio alrededor de la planta que incluye excavar y reemplazar 18 pulgadas de tierra contaminada con plomo. No respondieron a ninguna pregunta, diciendo que iban a revisar los comentarios y que luego prepararían respuestas.

“Es frustrante que en lugar de responder a nuestras preguntas hacen una presentación de PowerPoint”, le dijo Isabelle, residente del área, a los funcionarios.

“Así es como tratan al pueblo trabajador”, dijo Dennis Richter, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Los Ángeles, cuando habló en la audiencia. Richter dijo que él había trabajado en una planta similar en Indiana, donde muchos trabajadores se envenenaron con substancias tóxicas. “Es muy importante que ustedes están luchando. El sindicato Service Employees International Union me invitó a hablar esta tarde en la reunión del sindicato y planeo hablar sobre su lucha. Es una lucha que los sindicatos deben apoyar”.

Exide, basada en Georgia, tomó control de la fundidora de baterías de plomo y acido de 15 acres en el año 2000. Oparaba 24 horas al día procesando alrededor de 25 mil baterías diarias.

Estado toleró décadas de violaciones
El estado permitió que la planta operara durante 33 años, aunque inspectores documentaron más de 100 violaciones, incluyendo escapes de plomo y de acido, un estanque de lodo tóxico rebosando, grietas enormes en los pisos y niveles elevados de plomo en la tierra afuera de la planta.

Los que viven y trabajan en el área exigieron que se cerrara la planta. En 2014 la compañía reveló que estaba bajo investigación criminal a nivel federal. En marzo de 2015, Exide firmó un acuerdo con la procuraduría federal según el cual aceptaba pagar 50 millones de dólares para que se destruyera y limpiara la planta y las comunidades vecinas, incluyendo 9 millones destinados a remover plomo de las casas. Por su parte, el gobierno acordaba no procesar a los funcionarios de la compañía por ilegalmente almacenar, eliminar y transportar basura con substancias tóxicas, y por emisiones de arsénico que pusieron en riesgo de contraer cáncer a más de 100 mil habitantes de la zona.

“Cuando analizaron mi propiedad, solo investigaron la presencia de plomo, y no de arsénico, benceno, cadmio o cromo”, le dijo a Richter Terry Cano, quien ha vivido cerca de la planta por años y ahora está incapacitado. “He sufrido múltiples derrames cerebrales y me quejo de mareo. Algunos de mis familiares se han mudado. Pero mi hermano y yo nos quedamos, y somos los más enfermos”.

“Luchamos por muchos años para que cerraran la planta”, dijo a Richter el hermano de Cano, Joe González, quién padece de melanoma seno-nasal y cáncer cerebral.

“Los trabajadores necesitan exigir que se establezca un programa de empleos públicos de emergencia que proporcione empleos sindicalizados para hacer trabajos que se necesitan inmediatamente, como limpiar la contaminación que produjo Exide”, dijo Richter a los presentes. “Es escandaloso que los trabajadores hayan tenido que confrontar tanta burocracia. Ya sea aquí o en Torrance, donde los trabajadores que viven cerca de las refinerías de petróleo enfrentan escapes de contaminantes, los patrones sacan ganancias enormes de nuestro trabajo sin preocuparse por nuestra salud o seguridad. Necesitamos organizarnos para luchar por lo que los residentes y trabajadores necesitan, y por el dinero que se necesite. Ya es muy poco, muy tarde”.

“Los dueños, los patrones y los políticos deberían ser juzgados, porque esto es un crimen”, dijo a los presentes Pedro Albarran, miembro del Local 770 del sindicato de trabajadores de la alimentación UFCW que trabaja en la empacadora de carne Farmer John en Vernon.

“Necesitan presentar una lista completa de las sustancias químicas, no solo el plomo”, dijo Cano. “La gente necesita servicios médicos apropiados. Tenemos el derecho a saberlo”.

Varios de los que hablaron dijeron que el radio de investigación alrededor de la planta debería extenderse a 4.5 millas. Cuando el estado analizó pruebas de sangre de 12 mil niños dentro de este radio de la planta en 2012, descubrieron que los niños tenían el doble de posibilidad de tener nivel elevados de plomo que los niños del resto del país.  
 
 
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