En una victoria en defensa de las libertades constitucionales, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el uso de un estatuto federal contra el fraude empresarial en el caso de Joseph Fischer por su participación en la revuelta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. A esta decisión le siguió el fallo judicial de que Donald Trump tiene inmunidad de ser procesado por actos oficiales que haya realizado cuando era presidente.
Estos fallos asestan un duro golpe a los esfuerzos de los demócratas de utilizar los tribunales para encarcelar al ex presidente. Refuerzan los derechos que necesitan los trabajadores y los sindicatos hoy y en batallas venideras.
La Casa Blanca y los demócratas intentaron atizar la histeria por el 6 de enero afirmando que fue un “intento de un golpe”.
El fallo en el caso de Fischer se aplica a cientos de otras personas procesadas por el Departamento de Justicia por participar en las actividades del 6 de enero, así como a cargos similares presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith. Esto retrasa los esfuerzos de la administración de Joseph Biden por incriminar a su principal rival en las elecciones de 2024 y a sus partidarios.
Fischer fue uno de los cientos de acusados por las protestas el 6 de enero. Fue acusado de agredir a un oficial, de entrar y permanecer en un edificio restringido y participar en conducta desordenada y perturbadora. Esos cargos conllevan penas máximas que van de seis meses a ocho años de prisión.
Los fiscales agregaron un cargo de “obstrucción de un procedimiento oficial” usando la Ley Sarbanes-Oxley. La acusación de Fischer bajo esta ley le permitió a los fiscales solicitar una sentencia mucho más larga, de hasta 20 años.
Alrededor de otros 350 procesados por el 6 de enero han sido acusados bajo la Ley Sarbanes-Oxley para aumentar sus posibles sentencias. De ellos, 52 han sido declarados culpables y sentenciados basándose solo en la ley Sarbanes-Oxley. Actualmente 27 de ellos están en prisión.
La Ley Sarbanes-Oxley penaliza a cualquiera que “altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto” para impedir su uso en “un procedimiento oficial”. Fue adoptada por el Congreso después de que el auditor de Enron, Arthur Andersen, triturara documentos durante el colapso y la quiebra de la empresa.
El uso de este estatuto contra los acusados del 6 de enero “va más allá del escenario que motivó la legislación”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría del tribunal en un fallo de seis a tres.
A las pocas semanas del motín del 6 de enero, Michael Sherwin, entonces fiscal federal superior en Washington, prometió una campaña de “shock y pavor” contra todos los involucrados. Con la ayuda del FBI, su oficina investigó y presentó cargos contra 1,400 personas.
A pocas horas de la decisión de la Corte Suprema, el Tribunal de Distrito de Washington tuvo que reabrir los procedimientos sobre algunas de las condenas.
El fiscal especial Smith había presentado anteriormente dos cargos de obstrucción en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley contra Trump como parte de una acusación de cuatro partes que afirmaba que Trump conspiró para anular las elecciones de 2020.
Trump recibe inmunidad parcial
El 1 de julio, la Corte Suprema, con un voto de seis contra tres, dictaminó que Trump tiene inmunidad judicial por actos oficiales que llevó a cabo como presidente. El presidente “no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”, escribió Roberts a nombre de la mayoría del tribunal. El fallo tiene límites. “No todo lo que hace el presidente es oficial”, añadió.
El tribunal desestimó partes de la acusación de Smith en las que acusa a Trump de utilizar al Departamento de Justicia para promover su denuncia de fraude electoral. Otras acusaciones en su contra fueron enviadas al juez de primera instancia para que determine si sus acciones estaban dentro de sus deberes oficiales.
En una airada opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor afirmó: “El presidente es ahora un rey por encima de la ley”.
Roberts no estuvo de acuerdo. “Como cualquier otra persona, el presidente está sujeto a enjuiciamiento en su capacidad no oficial”, escribió. “Pero a diferencia de cualquier otra persona, el presidente es una rama del gobierno y la Constitución le confiere amplios poderes… Las posiciones de los disidentes al final se reducen a ignorar la separación de poderes establecida en la Constitución”.
Tras el fallo, el juez Juan Merchan en Nueva York pospuso la sentencia de Trump programada para el 11 de julio por su condena por hacer pagos a cambio de silencio. Merchan dice que dictaminará el 6 de septiembre si Trump tiene inmunidad y, de no ser así, sentenciará al candidato presidencial el 18 de septiembre.
La Corte Suprema se ha “vuelto renegada”, dijo la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, después del fallo.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la “escuadra”, dijo que presentaría cargos de destitución contra algunos jueces de la Corte Suprema por la decisión, que según ella es “un asalto a la democracia de Estados Unidos” que amenaza con poner al país en el camino hacia la tiranía.
No mencionó que los miembros del Congreso también tienen inmunidad judicial por actos oficiales en el cargo.
Gran parte de la furia de los liberales hacia la Corte se ha centrado en el hecho de que su decisión probablemente retrasará el caso hasta después de las elecciones. Para los demócratas, esto socava la razón por la que presentaron los cargos en primer lugar. Su objetivo partidista era impedir que decenas de millones pudieran votar por el candidato de su elección.
Para el pueblo trabajador, la cuestión clave en el procesamiento de Smith es su ataque a la libertad de expresión. Trump está acusado por lo que le dijo al vicepresidente Michael Pence de que cuestionara los anunciados resultados electorales de 2020; por lo que dijo a varios funcionarios estatales instándolos a hacer todo lo posible para descubrir el fraude electoral; y por sus comentarios en una manifestación ante el Capitolio el 6 de enero donde, entre otras cosas, instó a sus partidarios a actuar pacíficamente.
Independientemente de si uno está de acuerdo con sus opiniones, éstas están protegidas por la Primera Enmienda. Salvaguardar las protecciones escritas en la Constitución redunda profundamente en interés de los trabajadores, independientemente del hecho de que sea Trump, un candidato de uno de los partidos de los patrones, quien esté bajo ataque. En última instancia, la clase trabajadora será el blanco de este tipo de ataques.