Una fallida incursión mercenaria que se deshizo en las costas de Venezuela el 3 y 4 de mayo, se convirtió en el último golpe a los esfuerzos de Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, para derrocar al presidente del país, Nicolás Maduro.
La incursión anfibia fue lanzada desde la vecina Colombia, y fue desmantelada por las fuerzas gubernamentales venezolanas y pescadores del área poco después de desembarcar cerca de Caracas. Su objetivo era “remover el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó”, según un contrato firmado entre la empresa Silvercorp USA y figuras clave de la oposición pro imperialista.
La fuerza de asalto organizada por el contratista de “seguridad” con sede en Florida, estaba compuesta por entre 50 y 60 desertores de las fuerzas armadas venezolanas y dos ex veteranos de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos.
Guaidó intentó negar su participación en la planificación y ejecución de la operación, pero su firma estaba en el contrato en el que fue designado como “comandante en jefe”.
Los golpistas procuraron financiar la operación recurriendo a capitalistas estadounidenses y les prometieron acceso a la licitación de contratos del gobierno de Venezuela una vez que Guaidó asumiera el cargo. Silvercorp aceptó 210 millones de dólares a ser pagados de las futuras ganancias petroleras de Venezuela.
La administración de Donald Trump, con el apoyo bipartidista, ha respaldado a Guaidó, quien se auto proclamó presidente en enero de 2019. Guaidó ha dirigido una serie de intentos fallidos para provocar un golpe militar y levantamientos para derrocar a Maduro.
La oposición ha apoyado entusiásticamente las sanciones comerciales y financieras de Washington contra Venezuela, las cuales golpean con más fuerza a los trabajadores. Un efecto aplastante de las sanciones de Washington que bloquean las exportaciones de petróleo y las importaciones de productos químicos y suministros para mantener las refinerías de Venezuela, es la escasez generalizada de gasolina en un país rico en petróleo.
Desde 2015, unos 5 millones de venezolanos de una población de 30 millones se han ido del país ante la cada vez más profunda crisis capitalista, incluida la escasez de necesidades básicas y creciente inflación.
La crisis actual es el resultado del colapso capitalista mundial, acelerado por los confinamientos gubernamentales tras la epidemia de COVID-19 y el impacto de las sanciones de los gobernantes estadounidenses. Pero también es el resultado del curso mantenido por el gobierno de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. Ambos intentaron administrar el mercado capitalista en lugar de organizar al pueblo trabajador para profundizar sus luchas por sus intereses contra los gobernantes capitalistas.
Washington niega su participación
Funcionarios del gobierno estadounidense han negado su participación directa en el golpe fallido. “Si alguna vez hacemos algo con Venezuela, no sería así”, dijo el presidente Trump el 8 de mayo, amenazando: “Se llamaría una invasión”.
Pero los gobernantes norteamericanos tienen un largo historial de organizar golpes de estado en defensa de sus intereses económicos y políticos en la región y en otras, desde el derrocamiento del gobierno de Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954, hasta su papel en la destitución del presidente Manuel Zelaya en Honduras en 2009, por nombrar solo dos.
El verdadero objetivo del imperialismo estadounidense son los trabajadores y agricultores de Venezuela.
Los ataques de Washington contra Venezuela están profundamente vinculados a su guerra económica de décadas contra la Revolución Cubana. El gobierno cubano tiene más de 20 mil voluntarios médicos en el país y recibe algunos suministros de petróleo de Caracas. La administración Trump ha intensificado las sanciones de Washington contra Cuba y Venezuela. El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha dejado en claro que si fuera elegido continuaría con las sanciones de Washington contra Cuba.