El pueblo trabajador de Myanmar comenzó una huelga general por todo el país el 8 de marzo, buscando derrocar a la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero. La huelga se suma a masivas protestas, a pesar del aumento de la represión mortal por parte del régimen.
“No somos esclavos de la junta militar y nunca lo seremos”, declararon 18 sindicatos, federaciones sindicales y organizaciones de agricultores y trabajadores agrícolas en un comunicado conjunto, pidiendo a “todos los trabajadores del país, sindicalizados y no sindicalizados por igual” a que se unan a la huelga.
El llamado a la acción llega después de más de un mes de protestas diarias contra el golpe en las grandes ciudades y en pueblos rurales.
A pesar de más de 2 mil arrestos, más de 60 muertes, cientos de heridos, el uso de la tortura y un número incalculable de “desaparecidos”, los manifestantes siguen saliendo a las calles.
Sin embargo, los ataques de la policía y el ejército han acercado a trabajadores, agricultores y jóvenes; líderes religiosos budistas, hindúes, musulmanes y cristianos; y minorías étnicas.
Después de la convocatoria de huelga, la policía y los soldados comenzaron a ocupar hospitales, universidades y escuelas para utilizarlos como campamentos base. Según Irrawaddy, dispararon armas durante toda la noche en Yangon en un intento de intimidar a la gente. Las fuerzas represivas también están deteniendo automóviles y peatones y arrestando a quienes tienen literatura contra el régimen.
Décadas de dominio militar
Según la constitución de Myanmar de 2008, impuesta por los generales, en parte para permitir una apertura “democrática” controlada después de décadas de gobierno militar, el 25 por ciento de los escaños del parlamento son nombrados directamente por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que le otorga el poder de veto sobre cualquier cambio a la constitución. Los ministerios clave son también nombrados por los militares.
En 2016, Aung San Suu Kyi, presidenta del partido burgués Liga Nacional para la Democracia, se convirtió en jefe de gobierno de facto después de que su partido obtuviera una aplastante victoria electoral el año anterior, la primera elección en décadas.
La posición de Suu Kyi se deriva de la reputación de su padre, Aung San, quien fue asesinado durante la lucha por la independencia del dominio colonial británico, así como de sus años de encarcelamiento por el ejército.
A pesar de su reputación anterior como oponente de los gobernantes militares, se ha convertido en la principal defensora pública de la represión del ejército contra la minoría rohingya en la provincia de Rakine.
El gobierno de Suu Kyi goza también de la amplia desconfianza de muchos de las minorías étnicas maltratadas por el ejército y el gobierno. Las divisiones entre las minorías étnicas (más del 30 por ciento de la población) y la mayoría gobernante Bamar son un legado del dominio colonial británico y su estrategia de dividir y gobernar.
Al mismo tiempo, la Liga Nacional para la Democracia anuló algunas leyes que restringían los derechos democráticos y aprobó leyes que debilitaban el control de los generales sobre negocios lucrativos, como el comercio del jade. Los generales temían que hubiera más presión para limitar su poder económico y político después de que la Liga Nacional para la Democracia obtuviera un margen aún mayor en las elecciones de noviembre de 2020.
‘Socialismo’ birmano
El alto mando militar jugó un papel clave en el desarrollo capitalista en Myanmar en 1963, un año después de que el general Ne Win depusiera al gobierno civil. Afirmando que estaban organizando “el camino birmano al socialismo”, la junta nacionalizó los bancos extranjeros y muchas empresas.
Estas nacionalizaciones sin una revolución, como expropiaciones similares llevadas a cabo por las castas militares en Egipto y Siria, no tuvieron nada que ver con eliminar el capitalismo o promover los intereses del pueblo trabajador. En cambio, sirvieron como una incubadora para una clase capitalista nativa, principalmente de la mayoría étnica Bamar y especialmente aquellos con vínculos con el ejército.
Los oficiales militares superiores y sus familias obtuvieron el control de las empresas e industrias más lucrativas. Esto se aceleró en 2011 cuando las empresas estatales se vendieron, a menudo a oficiales militares y sus compinches. Esto se combinó con una importante expansión de la inversión extranjera de empresas con sede en China, Singapur, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.
La afluencia de capital y la expansión de la producción significó un crecimiento en el tamaño de la clase trabajadora junto con la organización y las luchas sindicales. Myanmar se ha convertido en un importante centro de producción mundial de ropa, con unos 600 mil trabajadores que ganan incluso menos que sus homólogos en Vietnam y Camboya.
Cientos de miles de agricultores, muchos de ellos miembros de minorías étnicas de las provincias periféricas, están siendo expulsados de la tierra y llevados a las fábricas de Yangon y Mandalay. Una consecuencia involuntaria de esta migración ha sido que muchos trabajadores de diferentes minorías étnicas trabajan uno al lado del otro en fábricas de ropa y otras fábricas, luchando juntos contra la explotación por parte de los patrones y sus compinches militares. Esta solidaridad al final llega a sus pueblos.