Vol. 75/No. 36      10 de octubre de 2011

Hernández, junto con Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, son conocidos internacionalmente como los Cinco Cubanos. Fueron arrestados por el FBI en el estado de Florida en 1998 y en 2001 fueron declarados culpables de conspiración para cometer espionaje, entre otros cargos. Hernández también fue declarado culpable de conspiración para cometer homicidio. Los cinco han estado cumpliendo condenas que van desde 15 años de cárcel para René González hasta doble cadena perpetua más 15 años para Hernández.

Los cinco estaban viviendo y trabajando en Florida con el fin de recaudar información para el gobierno cubano sobre las actividades de grupos contrarrevolucionarios cubanos basados en Estados Unidos que cuentan con un largo historial de ataques violentos contra Cuba con el apoyo tácito de Washington. Una campaña internacional para lograr su libertad ha ganado un amplio y creciente apoyo internacional.  
 
Conspiración para cometer homicidio
El cargo de conspiración para cometer homicidio contra Hernández, es el resultado de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para conectarlo con el acto de la fuerza aérea cubana el 24 de febrero de 1996 cuando derribó dos aviones que habían entrado en el espacio aéreo cubano. Los cuatro pilotos murieron. Los vuelos se prepararon en territorio norteamericano por Hermanos al Rescate, una organización contrarrevolucionaria con sede en Miami que había violado repetidamente el espacio aéreo cubano a pesar de las protestas formales que La Habana hizo a Washington y las advertencias sobre sus consecuencias.

En su petición de hábeas corpus del 12 de octubre, 2010, Hernández sostiene que la decisión de encontrarlo culpable y la condena que recibió deben ser anuladas, entre otras razones, porque no recibió una defensa adecuada en su juicio.

En una respuesta del 25 de abril de 2011, los abogados del gobierno se opusieron a la moción de hábeas corpus y a la solicitud de una audiencia probatoria donde Hernández podría presentar nueva información. Ellos argumentaron que en el momento del juicio, el tribunal había “nombrado un abogado con experiencia penal, Paul McKenna, quien defendió hábilmente [a Hernández] con gran energía, lealtad y competencia profesional, superando el umbral mínimo para la asistencia efectiva de un abogado”.

Sin embargo, esa no es la opinión de McKenna, como lo explicó en un affidávit que sometió en apoyo a la moción de hábeas corpus de Hernández. “El juicio de Hernández fue más complicado que cualquier otro caso en el que yo haya fungido como abogado”, escribió McKenna, “que involucró hechos inusuales, nuevas cuestiones de ley y un proceso de muy alto perfil”.

McKenna pasó a explicar por qué la decisión de encontrar a Hernández culpable y la pena que recibió deben ser revocadas. “Nunca consideré”, escribió, ni discutió con su cliente “la posibilidad de presentar una moción a nombre de Hernández para separar [el cargo de conspiración para cometer homicidio] del resto de los alegatos en su contra”.

Un juicio separado, explicó Hernández en un affidávit del 16 de marzo de 2011, le hubiera permitido dar testimonio en su propio nombre sin verse forzado a presentar testimonio relacionado con los otros cargos que él y sus coacusados enfrentaban. Hernández también hubiera podido llamar a uno o más de sus coacusados a testificar en un juicio separado, sin renunciar a la protección de la Quinta Enmienda contra la auto incriminación.

“Si hubiera sabido eso, habría insistido que mi abogado hiciera todo lo posible para que yo obtuviera un juicio independiente sobre ese cargo”, enfatiza Hernández en su affidávit. Después describe en detalle el testimonio que hubiera presentado para refutar las pruebas que utilizaron los fiscales en su contra.  
 
Debilitó la defensa
McKenna dice en su affidávit que en el momento del juicio actuó bajo la creencia de “que si yo podía demostrar que el derribo había tenido lugar en el espacio aéreo cubano, mi cliente hubiera tenido una defensa viable” contra el cargo de conspiración para cometer homicidio, ya que era “un acto justificable del gobierno cubano”.

“Ahora creo que mi decisión de continuar con esta línea de argumentación —ya que era imposible demostrar el hecho y es de dudosa relevancia como asunto legal— resultó en la condena de mi cliente, ya que nuestra presentación había minado nuestra credibilidad y enfocó al jurado en las acciones del gobierno de Cuba”, escribió McKenna.

De hecho, como explicó el abogado actual de Hernández, Richard Klugh, en una conferencia de prensa realizada el 12 de septiembre, McKenna nunca siguió la línea de defensa que podía haber resultado en una absolución —simplemente, que “Gerardo no estaba involucrado” en el derribo de los aviones.

Por último, McKenna escribió en su affidávit que durante el juicio había actuado bajo la creencia de que “la Corte iba a dictar una instrucción indicando que el gobierno estaba obligado a demostrar que mi cliente tenía la intención de que el derribo ocurriera en aguas internacionales, algo que el gobierno reconoció como algo “imposible de lograr”. Sin embargo, McKenna, escribió en su affidávit que cuando el juicio estaba en marcha el no se dio cuenta que la jueza no emitió tal instrucción, y en su lugar instruyó al jurado sólo en referencia a los cargos de homicidio y conspiración.

“Mis errores antes y durante el juicio,” escribió McKenna, “permitieron al gobierno que mi cliente fuera encontrado culpable a pesar de que no tenía pruebas directas de intención criminal de parte del acusado”.

En la conferencia de prensa realizada el 12 de septiembre Klugh señaló que el “reconocimiento muy sincero” de McKenna de que Hernández no había recibido la defensa competente a la cual tenía derecho ofrece un argumento sólido para anular la decisión de la corte sobre su culpabilidad y la pena de cadena perpetua.

Hay un argumento adicional de Hernández, que es clave para las mociones de hábeas corpus presentadas por todos los cinco revolucionarios cubanos, el cual será discutido en el Militante la próxima semana. Se basa en información que salió a la luz bastante después de que fue encontrado culpable y condenado, que demuestra que el juicio de 2001 fue corrupto por el hecho de que el gobierno que los enjuiciaba estaba en ese mismo momento pagando miles de dólares a periodistas que eran supuestamente independientes para que escribieran artículos y dieran entrevistas en la radio y televisión en el área de Miami, donde se estaba celebrando el juicio, con contenido tendencioso e inflamatorio contra los cinco acusados y la Revolución Cubana.
 
 
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