Vol. 77/No. 3      28 de enero de 2013

POR JOHN STUDER
Con el voto de ambos partidos, el 28 de diciembre, el Senado de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que extiende por cinco años los poderes del gobierno para interceptar comunicaciones electrónicas con la justificación de que esto sirve para descubrir intentos de actos terroristas.

La Cámara de Representantes había aprobado el mismo proyecto de ley en septiembre. El presidente Barack Obama aprobó la ley el 30 de diciembre.

El programa, realizado bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, permite que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) obtenga millones de llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet de empresas como AT&T, Verizon y Sprint para “minar” su contenido.

Esta operación comenzó en secreto bajo la administración de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001. Salió a la luz por primera vez en el New York Times en 2005 y luego fue legalizada con aprobación bipartidista del Congreso en 2008.

El programa es parte de una creciente lista de medidas que ignoran de manera descarada las protecciones que brinda la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que garantiza “el derecho de la población a la seguridad de su personas, domicilio, documentos y efectos personales, contra registros e incautaciones irrazonables”. La única excepción, afirma la Declaración de Derechos, debe hacerse bajo orden judicial “corroborada por juramento o afirmación, y debe detallar en particular el sitio que será registrado y las personas o las cosas que serán incautadas”.

Dos semanas antes de que se aprobara la nueva extensión del espionaje de la NSA, los abogados del gobierno dijeron al juez de distrito Jeffrey White que debe desestimar un desafío a la medida presentado hace cinco años porque la discusión del caso en el tribunal revelaría “secretos de estado”.

Corte secreta establecida en 1978

Bajo la ley FISA, el gobierno norteamericano estableció tribunales secretos que estaban autorizados para aprobar las pesquisas telefónicas y órdenes de allanamiento solicitadas por agencias de espionaje. En sus primeros 26 años, los tribunales de FISA rechazaron solo cinco de las 19 mil solicitudes que presentaron los policías federales.

Fueron las cortes de FISA, por ejemplo, las que dieron visto bueno al allanamiento y las pesquisas telefónicas de los Cinco Cubanos que fueron utilizados para fabricar el caso contra ellos en 2001.

Después del 11 de septiembre, la administración Bush afirmó que los requisitos de FISA eran demasiado restrictivos y secretamente encargó a la NSA a que realizara espionaje telefónico sin orden judicial contra personas que la agencia pensaba podrían tener vínculos con el terrorismo. La agencia recibió apoyo para este esfuerzo de la mayoría de las grandes empresas de comunicación.

Después de que partes del programa fueron reveladas por el Times, el Congreso aprobó en 2008 por abrumadora mayoría un proyecto de ley que lo legalizó incorporándolo a la FISA. La legislación concedió inmunidad de ser procesados por violaciones de los derechos constitucionales a AT&T, Verizon y otras compañías.

Todo esto fue extendido en el proyecto de ley firmado por Obama el 30 de diciembre.

En el curso del debate en el Congreso hubo algunos retos al programa. El más fuerte vino de Rand Paul, un senador republicano de Kentucky, a través de un proyecto de ley que él presentó y que fue copatrocinado por el senador republicano Mike Lee de Utah.

“Nuestra independencia y la Cuarta Enmienda van de la mano”, Paul dijo a sus colegas en el Senado.

El proyecto de ley propuesto por Paul hubiera restringido la habilidad del gobierno de incautar cualquier comunicación sin el permiso de su autor, o siguiendo estrictamente la Cuarta Enmienda, se tendría que emitir una orden judicial, basada en una causa probable. La propuesta fue rechazada con solo 12 votos a favor.

Inclusive fueron rechazadas propuestas para aumentar un poco la información pública sobre el programa.

La demanda colectiva, Carolyn Jewel et al. vs. la Agencia de Seguridad Nacional et al., fue presentada por la Electronic Frontier Foundation —establecida para defender la libertad de expresión y la privacidad “en el mundo digital”— en nombre de los suscriptores de la red digital de AT&T en contra de la NSA, el entonces presidente George W. Bush, el vicepresidente Richard Cheney y otros funcionarios de la administración Bush. Las administraciones de Bush y Obama han pedido que la demanda sea prohibida por motivos de seguridad nacional y usando el privilegio presidencial.

Esta demanda es parte de varios desafíos legales —algunos ya rechazados y otros todavía en los tribunales.

Un reto legal anterior presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles a nombre de Amnistía Internacional y otros grupos fue rechazado por la corte cuando el gobierno sostuvo que, dado que el programa es secreto, los que presentaron la demanda no podían probar que habían sido vigilados. Como se dice en la jerga legal, no podían “legitimar” su presencia ante el tribunal.

Esa decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en 2011 y está siendo revisada por la Corte Suprema la cual escuchó argumentos orales el 29 de octubre.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto