El gobierno puede llevar a cabo los juicios, dijo la corte, con tal que se adecuen a la ley castrense y a la Convención de Ginebra y que la administración promulgue medidas que le den autoridad legislativa. Voceros de la Casa Blanca dijeron que ahora propiciarían leyes que le permitan seguir adelante con los juicios.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, William Frist, dijo que presentaría una propuesta de ley sobre los tribunales después del receso del 4 de julio. El líder minoritario demócrata Harry Reid dijo que quiere colaborar con la Casa Blanca al redactar dicha ley.

En su decisión sobre el caso Hamdan contra Rumsfeld, la Corte Suprema dijo que las comisiones militares, según están propuestas por la administración, carecen de autoridad legislativa y violan el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) y las Convenciones de Ginebra.

El fallo judicial fue una respuesta a la apelación de Salim Ahmed Hamdan, un yemení que las fuerzas norteamericanas capturaron durante la invasión a Afganistán en 2001. Hamdan supuestamente había sido chofer y guardaespaldas del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Hamdan fue llevado a la prisión de Guantánamo en junio de 2002. Un año después, la administración Bush lo nombró para ser procesado por una comisión militar. Más adelante fue acusado formalmente de “conspiración” por “terrorismo”.

El gobierno estadounidense pretende realizar juicios militares contra 14 de unos 490 individuos detenidos en Guantánamo. La mayoría han estado encerrados por más de cuatro años sin cargo alguno.

Una semana después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center y al Pentágono, el Congreso aprobó una resolución que autorizó que el presidente usara toda la fuerza necesaria contra “naciones, organizaciones o personas que, según él decida, hayan planeado, autorizado, ejecutado o facilitado” los ataques.

La Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, según se conoce, le dio al presidente “autoridad jurídica específica” para actuar de esta forma sobre la base de la Resolución de Poderes Bélicos. La administración Bush alega que esto le autoriza convocar tribunales militares.

La Corte Suprema falló que, si bien la resolución del Congreso de 2001 “activó los poderes bélicos del presidente”, ya existen procedimientos para procesar a Hamdan y a otros reos en Guantánamo bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Declaró que el presidente puede realizar las comisiones militares si le pide al Congreso una autorización especifica para hacerlo o si sigue las reglas de una corte marcial.

La corte falló que el tribunal militar propuesto por Bush violaría las leyes internacionales al prohibir la presencia de los acusados en los juicios y al no dejarles saber qué pruebas se presentan contra ellos.

El presidente Bush dijo en una rueda de prensa el 29 de junio, junto al primer ministro japonés Junichiro Koizumi, que el fallo judicial no significaba que él tendría que excarcelar a nadie de Guantánamo. La decisión de la Corte Suprema, dijo, ofrece “una vía para avanzar con los tribunales militares” mediante la colaboración con el Congreso.  
 
Respuesta en los medios
Aplaudiendo la decisión judicial, los directores del New York Times dijeron el 30 de junio, “En vez de que le sigan anulando su política, el presidente Bush debería de buscar una forma de librar la guerra contra el terrorismo dentro de los límites de la ley”.

“La decisión de hoy es una victoria para el imperio de la ley en Estados Unidos”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana pro Libertades Civiles (ACLU).

“No podría ser mejor”, dijo al respecto Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales. El centro representa con sus abogados a centenares de los reos en Guantánamo.

En un artículo del Wall Street Journal del 30 de junio, David Rivkin y Lee Kasey, abogados que trabajaron en las administraciones de Ronald Reagan y George Bush padre, señalaron que la corte estipuló que las comisiones militares “bajo condiciones apropiadas, pueden usarse para juzgar y castigar a individuos capturados en la guerra contra el terrorismo”.

Dijeron que los jueces no cuestionan la autoridad del gobierno de encarcelar a Hamdan, “ni a otros prisioneros en Guantánamo, mientras continúen las hostilidades. Ni tampoco ninguno de ellos sugirió que el señor Hamdan, o cualquier otro de los detenidos en Guantánamo, debe ser tratado como civil y sometido a un juicio rápido en las cortes civiles”. La decisión, afirmaron, “ratifica la estructura judicial básica que la administración utiliza para librar esta guerra”.
 
 
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