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Vol. 71/No. 13      2 de abril de 2007

 
De cómo trabajadores cubanos
establecieron estado obrero
Ante cada golpe de Washington y patrones
cubanos hubo una respuesta revolucionaria
(especial)
 
POR LUIS MADRID  
“La primera Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba se convocó el 2 de septiembre de 1960, durante el período más intenso de movilización de masas que la revolución había conocido hasta entonces”, señala Mary-Alice Waters en su prefacio a La Primera y Segunda Declaración de La Habana, libro recién publicado por la editorial Pathfinder.

Cuando la Primera Declaración de La Habana fue leída aquel día de septiembre por Fidel Castro, entonces primer ministro de Cuba, y principal dirigente de la Revolución Cubana, más de un millón de personas alzaron la mano en señal de aprobación.

Al condenar “la explotación del hombre por el hombre, y la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista”, el documento proclamó “el derecho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su trabajo; el derecho de los niños a la educación … el derecho de los estados a la nacionalización de los monopolios imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos nacionales; el derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos del mundo; el derecho de las naciones a su plena soberanía”.

El camino para conquistar esos derechos se había abierto en Cuba 20 meses atrás, cuando el pueblo trabajador, dirigido por el Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde, había derrocado la odiada tiranía de Fulgencio Batista, que gozaba del apoyo de Washington.

Las semanas previas y posteriores a la Declaración de La Habana se caracterizaron por agudas batallas de clases. El pueblo trabajador cubano respondía resuelto a cada golpe que lanzaba el imperialismo norteamericano, que a su vez estaba aliado a los contrarrevolucionarios cubanos; defendía sus conquistas ahondando sus incursiones en las prerrogativas de los capitalistas y terratenientes nacionales y extranjeros.  
 
‘Intervenciones’
Tras tomar el poder el 1 de enero de 1959, el gobierno revolucionario inmediatamente comenzó a responder a las reivindicaciones e iniciativas políticas de los trabajadores y agricultores pobres. Los alquileres se redujeron por la mitad. Se recortaron las tarifas de los servicios públicos. Se promulgaron e hicieron cumplir leyes que pusieron fin a la discriminación de los negros. Para mediados de mayo, a medida que los campesinos y los obreros agrícolas ocupaban tierras y resistían el despojo y atropellos por los terratenientes, se inició una profunda reforma agraria. Se nacionalizaron las propiedades mayores de 30 caballerías. Más de 100 mil pequeños agricultores, aparceros y otros más en el campo recibieron títulos de la tierra que labraban.

Mediante sus propias acciones, y con el respaldo resuelto y el aliento del gobierno revolucionario, el pueblo trabajador devino crecientemente más seguro de sí. Se organizó y movilizó para frustrar los intentos de sabotaje económico por parte de los patrones —cubanos y extranjeros— a la vez que asumían un mayor control del manejo de sus respectivas industrias, incluidas las condiciones laborales.

Desde un principio, la propiedad del antiguo dictador y sus compinches fue “intervenida”: proceso por el cual comités designados por el gobierno revolucionario asumían control de estas empresas e investigaban sus cuentas. Los trabajadores —en muchos casos ex combatientes rebeldes— comenzaron a organizarse para ayudar a manejar estas empresas al servicio de los intereses del pueblo trabajador. De forma similar, el gobierno comenzó a intervenir compañías que estaban despidiendo trabajadores, o que rehusaban atender sus reivindicaciones en pleitos laborales.

Se iniciaron investigaciones de dos compañías de servicios públicos de propiedad norteamericana poco después del triunfo. Estas resultaron en la intervención de la Cuban Telephone Co. el 3 de marzo de 1959, y una auditoría gubernamental de Cubana de Electricidad en abril.

El gobierno ordenó que se restablecieran las tarifas telefónicas al nivel previo al 13 de marzo de 1957, día en que Batista había autorizado a la subsidiara del conglomerado norteamericano International Telegraph and Telephone que duplicara las tarifas. El soborno de Batista por parte de la ITT había consistido en 3 millones de dólares y un teléfono de oro macizo. Los obreros telefónicos ayudaron a poner en vigor el nuevo decreto readaptando 4 725 teléfonos públicos en La Habana en cuatro horas.

Junto a la auditoría, Cubana de Electricidad fue obligada a readmitir a centenares de trabajadores despedidos desde 1952 por su actividad política contra Batista, y tuvo que pagarles todos sus sueldos atrasados. La inspección de su contabilidad desenmascaró sus prácticas de inflar sus costos a fin de sobrecargar por el servicio, y de traspasar ganancias en forma de “gastos” y otros pagos “sin clasificar” a su compañía matriz, la American & Foreign Power. Para agosto de 1960, la comisión que supervisaba las operaciones de la compañía informó que al eliminar sueldos administrativos, de abogados, publicidad y otros gastos por el estilo, Cuba ahorraría 2 millones de dólares anuales que se podrían utilizar para el desarrollo del país y acometer necesidades sociales apremiantes.

Durante todo este período, en la prensa cubana se informó de numerosas batallas similares libradas por el pueblo trabajador. He aquí unos pocos ejemplos:

" Armados de documentos, incluidas copias de cheques y una descripción detallada de los planes de los patrones, los trabajadores de la fábrica de cemento El Morro frustraron un intento de desfalco por la gerencia estadounidense y cubana, lo que llevó a la intervención de la planta el 20 de agosto de 1960.

" El fin de semana siguiente, los telefónicos llevaron a cabo la “Operación Tape”, reparando permanentemente más de la mitad de los 501 empalmes provisionales que había en las líneas de la ciudad mediante dos días de trabajo voluntario. Calixto de la Nuez, uno de los obreros más experimentados, se ofreció voluntario para dirigir una “academia de obreros de cables” para capacitarlos en emplomar, manejar planos y más.

" Luego que el dueño norteamericano de la Continental de Latas abandonara la isla, el tornero Leonelo Abello encabezó una intervención por parte de sus 600 obreros. Ellos se organizaron para aumentar la productividad y garantizar que las metas se cumplieran a diario, incluso con horas extras voluntarias cuando se necesitaba.

" En agosto de 1960, los vendedores de Rohele, un almacén de telas y mercerías, exigieron que se interviniera por discriminación, al rehusar ventas a plazo a negros y a miembros de las fuerzas armadas.

" El pueblo trabajador en las ciudades realizó campañas como “Operación Vaca” y “Operación Semillas” a través de sus sindicatos y centros de trabajo para adquirir vacas, cerdos, semillas y más para las cooperativas agropecuarias recién establecidas en tierras nacionalizadas bajo la reforma agraria de 1959 (había más de 750 cooperativas para mayo de 1960).

En una medida afín, a finales de agosto de 1960, el Ministerio del Trabajo aprobó una resolución que estableció los Consejos Técnicos Asesores, integrados por trabajadores y por los nuevos administradores de fábricas intervenidas para ayudar a que los obreros aprendieran a manejarlas.  
 
La batalla del petróleo
Los ataques organizados por los imperialistas con miras a socavar la revolución —incursiones aéreas para quemar cañaverales, ataques dinamiteros, presiones diplomáticas— iban acompañados de intentos de sabotear la economía cubana.

A comienzos de 1960, el gobierno revolucionario había firmado acuerdos comerciales con la Unión Soviética, que incluían compras de petróleo con las que Cuba ahorraría 24 millones de dólares anuales. La Texaco, la Esso y la Shell vieron esto como una amenaza a sus prácticas monopólicas, mediante las que, por ejemplo, “compraban” un barril de petróleo de 2.10 dólares por 2.80 de sus compañías matrices para luego venderlo con utilidades a Cuba. Rehusaron refinar el crudo soviético y presionaron a las navieras en el exterior para que no lo transportaran.

El gobierno revolucionario respondió el 28 de junio de ese año con la Resolución 188: si la Texaco seguía rehusando refinar el petróleo de la URSS, el Instituto Cubano del Petróleo intervendría a la gigante petrolera norteamericana.

Al día siguiente, en Santiago de Cuba, Alfredo Estrada, del instituto petrolero del gobierno revolucionario, presentó la resolución al subgerente Robert Carter. Estrada ordenó a Carter que procesara 80 mil barriles de petróleo que el gobierno tenía en tanques en Santiago. Carter respondió que la Texaco no estaba obligada a procesar petróleo que no fuera propio. El gobierno procedió a intervenir la refinería.

La intervención “causó gran júbilo entre los trabajadores”, informó Revolución, diario del Movimiento 26 de Julio. “Inmediatamente organizaron un mitin relámpago de apoyo a dicha medida y al gobierno revolucionario”, señaló. Los obreros y técnicos se comprometieron a “no paralizar las labores de refinamiento y procesar rápidamente el petróleo del estado cubano”. Con sus rifles en ristre y luciendo sus uniformes de la milicia, los obreros de la refinería montaron guardia en las instalaciones. El reportero de Revolución notó que un patrón, con honda preocupación, al contestar el teléfono en medio de estos sucesos, se limitó a responder, en inglés, “Not so good!” (¡No muy bien!)

Los decretos 189 y 190, puestos en vigor contra la británica Shell y la norteamericana Esso tres días después, resultaron también ser oportunos. Hacía semanas que las tres empresas habían suspendido sus “importaciones” de petróleo y tenían reservas solo para un par de días.

Para finales de agosto, 35 buques tanque, transportando más de 3.5 millones de barriles de crudo de la Unión Soviética, habían llegado a puertos cubanos.

Por todo el país el pueblo trabajador aplaudió las intervenciones de las refinerías de propiedad imperialistas, estallando en marchas y mítines espontáneos de apoyo: ferroviarios en Guantánamo; obreros de la construcción y portuarios en La Habana; tabacaleros en Ciego de Avila; carpinteros, estibadores, empleados de almacenes, zapateros y gastronómicos en la provincia de Oriente; así como trabajadores del azúcar en centrales por toda la isla.  
 
‘Ley Puñal’ norteamericana
Los intentos del pueblo trabajador cubano de ejercer control sobre su patrimonio nacional fueron atacados con lo que ellos llamaron la “Ley Puñal”, aprobada por el Congreso norteamericano y firmada el 6 de julio de 1960 por el presidente Dwight Eisenhower. La ley reducía en un 95 por ciento —unas 700 mil toneladas— la cuota de azúcar que Washington había acordado importar de Cuba ese año.

En la clausura de una asamblea de trabajadores del azúcar en Artemisa, Pinar del Río, la semana anterior, Fidel Castro había explicado cómo iba a responder el pueblo cubano a las crecientes amenazas y medidas hostiles de Washington. “Si pretenden rendir de hambre a nuestro pueblo … a los yankis no les queda en Cuba ni los clavos de los zapatos”, dijo Castro. Al “irnos quitando la cuota librar por libra, les iremos quitando central por central, y les iremos quitando centavo a centavo hasta la última inversión de norteamericanos en Cuba”.

El grito de batalla debe ser, dijo Castro ante gritos de aprobación: “¡Sin cuota, pero sin amo; sin americanos, pero con patria!”

Al cabo de 72 horas del recorte de la cuota azucarera por Washington, Moscú anunció que adquiriría todo el azúcar cubano que los gobernantes norteamericanos rehusaran comprar. Beijing siguió el ejemplo, comprando medio millón de toneladas.

A medida que estas batallas se agudizaban, Castro se dirigió a millones por radio y televisión a nivel nacional el 18 de julio de 1960, instando al pueblo trabajador cubano a estar consciente de que la revolución había entrado “en un proceso de lucha de incalculable importancia”.

Para realizar una reforma agraria, para redimir al campesino, como había prometido el Movimiento 26 de Julio desde sus orígenes, “había que empezar por lesionar los intereses de las poderosas compañías norteamericanas”, señaló Castro. “Para rebajar las tarifas telefónicas, había que lesionar los intereses de esas compañías … el fluido eléctrico, si se quería rebajar, había que lesionar los intereses del poderoso trust eléctrico … si se quería obtener petróleo más barato, había que lesionar los intereses petroleros.

“¿Cómo es posible que pueda pensarse que puede hacerse una revolución sin chocar con esos intereses?” planteó Castro.

Fueron estas batallas de clases las que ayudaron a allanar el terreno para asestar el golpe más grande a los intereses capitalistas norteamericanos. Justo antes de la medianoche del 6 de agosto de 1960 —en la clausura del Congreso Latinoamericano de Juventudes, en el que se congregaron cerca de mil jóvenes de toda América y más allá— Castro anunció la expropiación de “todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional … que son propiedad de las personas jurídicas y nacionales de los Estados Unidos”.  
 
‘Se llamaba’
Castro leyó la lista de 26 compañías estadounidenses de las que Cuba estaba recuperando 829 millones de dólares de sus recursos. Al leer “Cuban Telephone Company”, la multitud jubilosa, con buen humor obrero, respondió con fuerza, “¡Se llamaba!” Ahora sería la Compañía Cubana de Teléfonos 13 de Marzo, en honor a los combatientes libertarios del Directorio Revolucionario asesinados por Batista en esa fecha en 1957.

Siguieron la Cubana de Electricidad, las petroleras Esso, Texaco y Sinclair, junto a una veintena de intereses agrarios, en que se incluían los 36 centrales azucareros de propiedad norteamericana.

Al leerse la número 24 —“United Fruit Company”—, el ex presidente guatemalteco Jacobo Arbenz se acercó al podio y abrazó al dirigente cubano, desatando un gozo especial entre la multitud. El gobierno de Arbenz había sido derrocado en un golpe militar organizado por la CIA en 1954 tras aprobar una modesta reforma agraria que amenazaba los intereses de la United Fruit, la principal latifundista allá.

Los sindicatos declararon entonces una “Semana de Júbilo Nacional”. Se celebró por toda la isla con mítines y “funerales”. Miles ponían en ataúdes los nombres o insignias de las empresas recién expropiadas, para ir a tirarlos al mar o “cremarlos”.

Para finales de octubre de 1960, los trabajadores y campesinos cubanos habían expropiado virtualmente todos los bancos e industrias de propiedad imperialista, así como las más grandes propiedades de la clase capitalista de Cuba. Las relaciones de propiedad en la ciudad y en el campo habían sido transformadas, estableciendo de forma definitiva el carácter de la revolución como socialista —la primera del hemisferio— y dejando patente para todos que el poder del estado ahora estaba al servicio de los intereses históricos del pueblo trabajador.

La Primera Declaración de La Habana prometió que el pueblo trabajador cubano utilizaría ese poder para ayudar a sus hermanos y hermanas por toda América y en el resto del mundo que empuñaran “las armas de la libertad”. Casi medio siglo después, la solidaridad internacional intransigente de Cuba ha hecho y continúa haciendo esa promesa una realidad.
 
 
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