Vol. 71/No. 18      7 de mayo de 2007

La mayoría de ellos eran trabajadores o ex trabajadores de la gigante planta procesadora de cerdos Swift en las afueras de la ciudad. Familias enteras asistieron. El programa fue realizado principalmente en español, con traducción simultánea para un puñado de personas que solo hablaba inglés. Gritos de ¡Sí se puede! llenaron el salón.

“Somos trabajadores no criminales”, dijo Samuel Carvajal al comienzo de la reunión. “Hay que parar esta ley”. Carvajal es un dirigente de Latinos en Acción de CCI, los organizadores del evento.

Erica Palmer, una organizadora del grupo le dijo a los asistentes que en noviembre pasado —más de un mes antes de las redadas por agentes del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 12 de diciembre en las plantas Swift por todo el país— el consejo municipal de Marshalltown empezó a discutir una propuesta para que el ICE entrene a cinco policías locales en la aplicación de las leyes de inmigración.

“Si el proyecto es aprobado, la policía podría pararlos por cualquier razón, borracheras, demasiado ruido en una fiesta, pueden llevarlos a la estación de policía, buscar en la base de datos de ICE para determinar el estatus migratorio y deportarlos”, dijo Palmer.

El ICE quiere entrenar a 50 policías en el área, incluyendo Marshalltown y Ottumwa, otro centro de empacadoras de carne, dijo ella. El entrenamiento de la policía local y estatal les permitiría actuar oficialmente como agentes de inmigración con la supervisión del ICE. Esto está autorizado bajo la sección 287g de la Ley de Responsabilidad de la Inmigración Ilegal y Reforma promulgada en 1996 por el presidente William Clinton.

El número del 8 de noviembre del diario local, el Times-Republican, informó que 10 a 12 agencias de policía han expresado interés en participar.

El Consejo Municipal y el departamento de policía de Marshalltown han estado realizando negociaciones con el ICE sobre el tema, sin llegar a una decisión final hasta el momento.

El sitio web del ICE dice que unidades de policía en Alabama, Arizona, California, Florida, Carolina del Norte y Virginia ya han puesto en práctica acuerdos similares. El ICE ha estado buscando agresivamente como expandir el programa como "multiplicador de fuerzas".

El jefe de policía de Marshalltown Lon Walker dijo en una entrevista con el Times-Republican que bajo el plan, si un residente indocumentado fuera detenido por la policía por conducir a exceso de velocidad, los oficiales solo lo multarían por no tener licencia de conducir, “a menos que el individuo haya sido previamente deportado”.

Pero entre los elogiados “éxitos” del 287g, publicadas en el sitio web del ICE, está el arresto por un agente del sheriff del Condado de Collier, Florida, de 20 personas por presunto intento de adquirir licencias de conducir "obtenidas fraudulentamente".

El ICE dice que el programa también tiene como objetivo “la posesión de tarjetas de inmigración y números de seguro social fraudulentos” y certificados de nacimiento en Estados Unidos.

“Este plan perjudicaría a trabajadores con o sin papeles”, dijo Pedro Nera, un trabajador de la Swift, en el mitin de protesta del 17 de abril.

“Esto llevaría al uso del perfil racial", dijo otro orador.

“Vamos a ser parados por la policía solo porque tenemos una cara hispana,” agregó María, quién se identificó solo con su primer nombre al dirigirse a la multitud.

Muchos trabajadores firmaron para ayudar los esfuerzos de Latinos en Acción de convencer al consejo municipal de Marshalltown a que rechace el plan en los próximos meses.

Mientras tanto, continúan los juicios de unos 30 trabajadores de la planta Swift aquí acusados con delitos graves, incluso "robo de identidad" y "reentrada ilegal" al país. Estos son parte de los 99 arrestados en la planta el 12 de diciembre y en las semanas previas a la redada en la fábrica. Dos trabajadores quienes se declararon inocentes fueron declarados culpables en marzo. Otra trabajadora quien está luchando contra los cargos, Norma González-Hernández irá a juicio el 30 de abril.

Los abogados de González dijeron que les gustaría ver que partidarios de su derecho a permanecer en Estados Unidos asistan el juicio, que se realizará en una corte federal en Des Moines.
 
 
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