Vol. 71/No. 22      4 de junio de 2007

Como sus antecesoras, la “Ley de seguridad fronteriza, oportunidad económica y reforma migratoria de 2007” está diseñada para satisfacer las necesidades de los capitalistas estadounidenses: permitir que algunos de los inmigrantes obtengan la residencia permanente, mientras mantienen a millones en un estado vulnerable y mantener una fuente permanente de una fuerza de trabajo superexplotada.

Los senadores demócratas Edward Kennedy, Diane Feinstein y otros se unieron a varios republicanos como John Kyl y John McCain en una rueda de prensa para anunciar el “acuerdo” de ley.

Kennedy dijo que “aseguraría nuestras fronteras y sacaría a millones de personas de las tinieblas al sol de América”. Aclamó la medida que “duplicaría la policía fronteriza, aseguraría nuestro perímetro, aumentaría el número de inspectores, tomaría medidas duras contra contrabandistas y empleadores que rompen la ley”.

En la rueda de prensa, el jefe del Departamento de Seguridad del Territorio Nativo, Michael Chertoff, aplaudió la medida por ser “fuerte con respecto a la frontera y dura en cuanto a su aplicación en el interior”.

El documento de 380 páginas estipula que el gobierno norteamericano primero debe añadir 6 mil policías a la patrulla fronteriza, y construir cientos de miles de cercas y barreras contra vehículos en la frontera entre México y Estados Unidos. Debe expandir la vigilancia con torres de radar y aviones teledirigidos, agregar por lo menos 20 prisiones federales de inmigración (incluyendo el uso de antiguas bases militares), y aumentar las sanciones para los patrones que empleen inmigrantes indocumentados. También requiere el establecimiento de un sistema “de identificación de alta tecnología” para el registro de todos los empleados nuevos tanto inmigrantes como ciudadanos de Estados Unidos.

Hasta que estos sean accionados, un proceso que según funcionarios norteamericanos se llevaría por lo menos 18 meses, los inmigrantes indocumentados que soliciten el estatus legal podrán trabajar bajo “un periodo de prueba”. Después podrán aplicar para obtener una “visa Z” renovable cada 4 años, pagando multas y cuotas de por lo menos 4 500 dólares para una familia de 4 personas.

Después de 8 años, aquellos con visas Z podrán aplicar por la residencia permanente. Tendrán que pagar una multa adicional de 4 mil dólares, demostrar que hablan inglés, permanecer empleados y pasar una inspección de antecedentes. Tendrán que abandonar los Estados Unidos y hacer la solicitud desde su país de origen.

La solicitud será juzgada usando un sistema de puntos basado en “méritos”, basados en los oficios, nivel de educación y experiencia laboral y dará menos consideración a nexos familiares que las leyes actuales. Los cónyuges e hijos menores podrán aplicar por la tarjeta de residente, pero los hijos adultos, así como los hermanos y hermanas de ciudadanos norteamericanos tendrán que calificar bajo el restrictivo sistema de puntos. Habrá un limite de visas para padres de 40 mil al año, lo cual según los partidarios de la propuesta “detendrá la inmigración en cadena”.

La ley provee una reserva de 600 mil “trabajadores huéspedes” que serán traídos por hasta tres periodos de dos años, para satisfacer las necesidades de los empresarios estadounidenses en las áreas de la construcción, procesamiento de carne y jardinería. Los trabajadores tendrán que salir de Estados unidos por un año después de cada período. La visa de trabajador huésped no los pondría automáticamente rumbo a la tarjeta de residente. Ni tampoco pueden traer a sus familias.

La nueva propuesta combina elementos de una previa apoyada por la Casa Blanca y de la propuesta bipartidista STRIVE (Flake-Gutiérrez). Aunque la administración Bush y varios republicanos prominentes la apoyan, algunos senadores conservadores la han descartado calificándola de representar una “amnistía”. Los políticos liberales se están quejando de las onerosas restricciones impuestas sobre los inmigrantes, al mismo tiempo que están instando a que se apruebe ya que representa el “mejor acuerdo posible”.

Algunos grupos de negociantes se han puesto obstáculos a las provisiones en la ley que los afectan. “El sistema de puntos favorecerá a los trabajadores más hábiles y mejor educados”, dijo al New York Times Laura Foote Reiff, vocera de un grupo que representa a hoteles, restaurantes, hospitales y compañías constructoras.

Algunos patrones se oponen a la carga que representará para ellos el programa de identificación de los trabajadores. Otros patrones prefieren mantener un sistema en el que sean ellos los que decidan que trabajadores deben ser patrocinados y no un sistema de “méritos” diseñado por el gobierno.

Políticos demócratas y republicanos han anunciado planes para introducir otras enmiendas tales como limites al sistema de trabajadores huésped. A otros grupos de capitalistas quieren el sistema de trabajadores temporales y se oponen a que se establezcan obstáculos para los “empresarios que necesitan una fuerza de trabajo estable y de la que se pueda depender”, en las palabras del dirigente de la mayoría en el senado Harry Reid.