Vol. 71/No. 28      23 de julio de 2007

La semana pasada el Senado estadounidense acabó con el proyecto de ley de inmigración que venía debatiendo desde mayo. El voto muestra lo dividida que está la clase gobernante sobre la reforma migratoria.

Algunos en los medios de difusión, especialmente los liberales, han pintado el resultado como una derrota para los que luchan por la legalización de los inmigrantes indocumentados. Sin embargo el pueblo trabajador debería decir "¡Qué bien!" en respuesta al fracaso del proyecto de ley.

Como otras propuestas similares presentadas anteriormente en el Congreso, la medida habría servido a los intereses de los patrones. Aunque permitía a muchos poder solicitar un estatus legal, estaba diseñado para mantener a millones en una condición de segunda clase como una fuente permanente de mano de obra superexplotada.

La propuesta incluía agregar a varios miles de policías de inmigración y abrir nuevas cárceles. Respaldaba la militarización de la frontera. Exigía a los trabajadores solicitantes de la residencia permanente que pagaran cuotas de extorsión dejándolos en el limbo durante años, dependiendo de su patrón para su condición legal. Restringía la unificación familiar. Su plan de “trabajador huésped” aseguraba a la patronal una fuente estable de trabajadores pagados con el salario mínimo, excluidos de prestaciones y carentes de derechos y movilidad.

Muchos trabajadores se opusieron a este proyecto de ley por este contenido. Otros repetían los argumentos de algunos políticos liberales y funcionarios sindicales de que este era el “mejor acuerdo posible”.

Muchos patrones y sus representantes políticos —demócratas y republicanos— atacaron el proyecto por sus propias razones. Craig Silvertooth, por ejemplo, vocero de la Asociación Nacional de Contratistas de Techos, dijo que limitar el programa de trabajadores huéspedes a 200 mil al año era una “parodia” porque “vacía de contenido el programa de trabajadores huéspedes, que era una de las razones principales para que la comunidad empresarial se involucrara en el debate de inmigración". Estos patrones pedían el triple de trabajadores temporales. Querían garantías de poder seguir explotando a un gran número de inmigrantes traídos temporalmente para recoger las cosechas y hacer otros trabajos. Los políticos conservadores argüían que el proyecto de ley ofrecía “amnistía” a transgresores de la ley. Pero los trabajadores no tienen nada en común con ninguno de los lados de la patronal.

Los gobernantes capitalistas confrontan un dilema. La inmigración les ha producido una crisis más insoluble que la guerra en Iraq. Esto se refleja en su incapacidad de encontrar un "terreno común" sobre la reforma migratoria un año y medio después de que la Cámara de Representantes aprobara el infame proyecto de ley Sensenbrenner, que habría convertido en criminales a todos los que no tienen papeles, y que desencadenó una tormenta de protestas de trabajadores. Y aún si el Congreso hubiera aprobado el proyecto de ley, los gobernantes estadounidenses estarían enfrentando la misma crisis.

Los 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan algo nuevo. Estos trabajadores han pasado a ser parte del proletariado hereditario, trabajadores que esperan que tanto ellos como sus hijos se convertirán en una parte permanente de la clase obrera. Al mismo tiempo, muchos continúan siendo parte del proletariado hereditario en su país nativo, especialmente los trabajadores de México.

Los patrones no pueden separar su necesidad de competir y maximizar sus ganancias de esta creciente fuente de fuerza laboral. Pero este cambio también plantea problemas cada vez mayores para los gobernantes estadounidenses, especialmente a medida que se desarrolla una nueva vanguardia entre los trabajadores que están dirigiendo la resistencia a la ofensiva patronal contra sus salarios y condiciones de trabajo y de vida y plantean demandas políticas al gobierno. La clase capitalista no puede funcionar sin estos trabajadores, ni puede funcionar con ellos.

El pueblo trabajador puede sacar ventaja de estas divisiones entre los gobernantes estadounidenses. Presionemos por la legalización inmediata e incondicional de todos los inmigrantes indocumentados y por el fin a las redadas y deportaciones. La manifestación del 4 de agosto en Los Angeles para extender el apoyo a estas reivindicaciones es un ejemplo de un tipo de actividad que merece ser emulada. ¡Hay que promoverla!
 
 
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