La migra arrestó a inmigrantes en hogares y centros de trabajo. Muchos trabajadores se han alertado entre sí o no abren la puerta cuando llegan agentes.

A medida que continúan las redadas, algunos trabajadores se están organizando para defenderse. Durante el amanecer del 4 de octubre, agentes de ICE golpearon la puerta de la superintendente de un complejo de apartamentos en Reseda, para preguntarle donde vivía un inquilino. Cuando se dio cuenta que eran oficiales de la migra, Angelita Pascacio empezó a llamar por teléfono a los residentes, diciéndoles que no abrieran la puerta. Otros vecinos hicieron lo mismo.

“Pasaron, pero nadie les abrió la puerta y se fueron 10 minutos después”, dijo Pascacio a los reporteros.

Agentes de ICE han venido a esta comunidad varias veces durante el último año. Los residentes dijeron al diario La Opinión que han desarrollado una red. “Algunos vecinos ofrecieron llevar a la escuela a los niños de una familia que no tiene documentos”, dijo Ana, quien solo dio su primer nombre. “Creo que en este sentido estamos unidos”.

El gobierno dice que estos operativos están dirigidos contra “criminales”. Pero entre los arrestados durante las primeras dos semanas, 450 personas que nunca habían cometido un crimen recibieron órdenes de deportación. Otras 45 enfrentan cargos criminales por haber entrado a Estados Unidos después de haber sido deportados previamente. Si son declarados culpables, pueden enfrentar hasta 20 años de cárcel. Algunos de los arrestados eran residentes permanentes legales con antecedentes criminales.

Agentes de ICE agarraron a unas 800 personas de cárceles en los condados de Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside y San Bernardino. Otras 500 fueron arrestadas en sus hogares y centros de trabajo. El diario Los Angeles Times calificó a 146 de los arrestos como “colaterales”, personas que no pudieron comprobar su estatus legal cuando los agentes les pidieron sus documentos.

Las aprehensiones fueron realizadas por agentes federales de inmigración en colaboración con la policía local.

“Yo no me considero un criminal”, dijo Ramón Yac Mahik, de 35 años de edad, desde una cárcel de inmigración. Este obrero de la costura fue arrestado en su casa. Dijo que fue sentenciado hace muchos años, y ha tenido una orden de deportación desde 1999. “Quiero luchar para ver si me dejan quedarme aquí con mis hijos”, dijo.