Vol. 72/No. 45      17 de noviembre de 2008

Unos días antes el gobierno colombiano se vio obligado a llevar a cabo una investigación después de que la CNN televisara el video de un policía antimotines disparando un rifle de asalto contra manifestantes indígenas.

El ministro de defensa Juan Santos reconoció recientemente que algunos oficiales estaban presionando a los soldados a que presentaran más cuerpos, informó Reuters.

“Las muertes son engendradas por las políticas de Uribe”, dijo al Militante por teléfono Luis Evelis Andrade, dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. “No han desmantelado el sistema de recompensas [por números de muertos en combates]. No han desmantelado su política de promover a los oficiales de acuerdo al número de supuestos guerrilleros que han matado”.

La práctica de matar a obreros y campesinos para inflar su conteo de cadáveres salió más a la vista pública a finales de septiembre cuando se descubrieron los cadáveres de por lo menos 11 jóvenes que habían desaparecido de un suburbio obrero de Bogotá. El incidente llegó a conocerse ampliamente, obligando al gobierno de Uribe a conducir una investigación.

Según las familias de las víctimas, los hombres, desempleados de Soacha, fueron atraídos con promesas falsas de trabajo agrícola en el norte. Fueron encontrados muertos a balazos, registrados por los militares como guerrilleros matados en combate.

“Las desapariciones y asesinatos no son nada nuevo y no solo en Soacha”, dijo al Militante Apecides Alviz, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en una entrevista telefónica desde Bogota. “En otras regiones también matan personas y después dicen que eran guerrilleros. Esto también le ha sucedido a sindicalistas de la CTC”.

En lo que va del año 46 sindicalistas han sido asesinados, dijo Alviz. El año pasado fueron 39.

La Misión Internacional de Observación, una organización que representa a aproximadamente 100 grupos pro derechos humanos, informó a la Agence France-Presse que unas mil desapariciones similares fueron reportadas en un debate en el Congreso hace tres años. Actualmente, están bajo investigación por la oficina del fiscal de Bogotá más de mil casos de asesinatos de civiles por soldados o policías.

Las ejecuciones perpetradas por personal militar en Colombia aumentaron después del pacto del presidente Uribe con milicias derechistas en 2003 como parte de una mayor ofensiva militar dirigida principalmente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según Amnistía Internacional, soldados del ejército llevaron a cabo 330 “ejecuciones extrajudiciales” el año pasado; paramilitares derechistas realizaron 300 más. En la mayoría de los casos los asesinos trataron de pasar a los víctimas como guerrilleros muertos en combate.

Washington provee al gobierno de Uribe, su más estrecho aliado en Latinoamérica, más de 500 millones de dólares al año. Aproximadamente la mitad de las ejecuciones reportadas fueron llevadas a cabo por unidades militares financiadas por Estados Unidos.

Los recientes asesinatos de jóvenes obreros han salido a la luz en el contexto de crecientes protestas contra el gobierno por grupos indígenas que están exigiendo tierra y servicios sociales básicos. CNN obtuvo un video filmado por un manifestante el 23 de octubre que muestra a un policía antimotines disparando un arma de asalto M-16 contra una manifestación.

“El sistema capitalista que nuestro gobierno importó de Estados Unidos es un fracaso. Este mundo está en la bancarrota”, dijo a CNN Aida Quilcue, una de las dirigentes de las protestas. “Esto no debe de ser sólo una lucha por los indígenas sino de todos los colombianos y todos en el mundo que rechazan este modelo capitalista mortal”.

El gobierno colombiano había negado que los soldados disparaban balas, hiriendo y matando a manifestantes. Después de que CNN televisara el video, el gobierno se vio obligado a cambiar su posición y se comprometió a investigar los sucesos.

Una persona fue muerta y unas cien resultaron heridas el día del incidente filmado, dijo Andrade. Varias más han sido asesinadas y mucho más heridas desde que estallaron las protestas de masas el 10 de octubre.

El gobierno de Uribe ha respondido a la creciente militancia entre los pueblos indígenas incrementando la represión militar. “En los seis años desde que llegó Uribe al poder, 1 246 personas indígenas has sido asesinadas”, dijo Andrade.

Entre 20 y 40 mil personas indígenas marcharon por cuatro días desde Cauca hasta Cali para exigir tierras que el estado les había prometido. El presidente Uribe se iba a reunir con los dirigentes. Pero llegó con tres horas de retraso y los dirigentes se negaron a hablar con él. Uribe intentó hablar a la multitud, pero los manifestantes no le prestaron atención.

Unos 19 mil cortadores de caña que han estado en huelga desde el 15 de septiembre en el valle de río Cauca también han sido blanco de la reciente represión gubernamental. Uribe ha acusado a su unión, la Asociación de Cultivadores de Caña de Colombia de tener conexiones con las FARC, para justificar sus ataques contra el sindicato.  
 
 
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