Militante/Jorge Lertora

Trabajadores y estudiantes en conferencia del 7 de marzo en Chicago debaten ataques contra inmigrantes en medio de crisis económica y creciente desempleo. Alfonso Cerda, al micrófono, describe una huelga con la que los trabajadores unidos ganaron un contrato.

Este diálogo entre los trabajadores fue el inicio de una conferencia sobre los derechos de los inmigrantes convocada por el Comité 10 de Marzo, la coalición que organizó las marchas del Primero de Mayo en Chicago para exigir la legalización de los trabajadores indocumentados los últimos dos años. Decenas de miles de personas participaron en estas marchas. La asamblea de trabajadores fue organizada por la Cooperativa de Trabajadores de Chicago. Otras 80 personas más participaron en la conferencia que duró todo el día.

Esa noche en la sesión plenaria se hizo un llamado a la organización de una marcha por la legalización para el Primero de Mayo en Chicago.

Sergio, quien solicitó que no se publicara su apellido, explicó que la Stock Yards, la empacadora de carne en donde trabaja, ha amenazado con despedir a 22 trabajadores por cartas “No Match”. “Al principio el sindicato no defendió a los trabajadores y sentimos que necesitaba un empujón”, dijo.

El y sus compañeros comenzaron una campaña para detener el acoso. “Lo paramos por dos años”, dijo Sergio, “pero ahora la compañía de nuevo está pidiendo que presentemos documentos. Lo importante es que estemos unidos como trabajadores y no permitir que se nos intimide”.

María Villagrana describió su trabajo en una agencia de empleo temporal en Chicago llamada Staffing Network. “Tienes que llegar a las 5 de la mañana y no te envían a trabajar sino hasta las 7:30 o 8:00, o a veces simplemente no te envían”, dijo.

“No nos pagan por el tiempo de espera. A los trabajadores temporales sólo les pagan el salario mínimo, mientras que a los de planta les pagan 11 o 12 dólares la hora por hacer el mismo trabajo. Necesitamos defender los derechos que tenemos, necesitamos un sindicato”, dijo Villagrana.

Marisol García es una de las 19 trabajadoras despedidas de una compañía que hace etiquetas para los medicamentos. García explicó que la mayoría de los trabajadores son contratados a través de una agencia de empleo temporal.

“Nuestro caso es el de ser discriminadas por ser latinas”, dijo. “Nosotras sí tenemos papeles y todavía nos despiden por que supuestamente no hablamos el inglés con fluidez. Nosotras lo entendemos y hacemos bien nuestro trabajo”. Estas trabajadoras han estado luchando por seis meses para que se les reponga en el trabajo o para que se les pague una indemnización.

Muchos otros hablaron, intercambiando experiencias, desde incidentes de acoso sexual hasta de casos de detención por parte de la policía de inmigración (ICE). Dos mujeres informaron que las habían engañado haciéndolas asistir a una sesión de contratación en Indiana, donde fueron detenidas por agentes de ICE. Actualmente están obligadas a portar brazaletes electrónicos en los tobillos para ser monitoreadas y están luchando contra los arrestos. En la asamblea también participaron jornaleros y vendedores ambulantes.

Alfonso Cerda, quien trabaja en una fábrica de avisos luminosos, dijo que su lugar de trabajo estaba dividido en trabajadores blancos, negros y latinos. Los latinos tenían los salarios más bajos y sólo la mitad de ellos estaban sindicalizados.

“No sabíamos qué hacer y decidimos salir a la huelga”, dijo. Los 12 trabajadores fueron despedidos. Pero siguieron luchando y pudieron recobrar sus empleos y ganar los tres meses de salarios atrasados. “Ahora podemos seguir luchando en mejores circunstancias, porque ahora todos tenemos un solo contrato y estamos representados por el Local 134 del sindicato de electricistas IBEW”, dijo.

Los trabajadores también discutieron la importancia de seguir enfatizando la lucha por la legalización. Armando Robles, presidente del Local 1110 del sindicato de electricistas UE, presidió la asamblea. El trabajaba en la planta ensambladora de ventanas Republic Windows and Doors, en Chicago, en donde los trabajadores despedidos tras el cierre de la fábrica la tomaron por una semana en diciembre y lograron que se les pagaran los 60 días de salario y beneficios que se les debían según la ley federal. Después de describir la lucha que entablaron, Robles dijo: “Necesitamos planear una masiva movilización para el Primero de Mayo en Chicago, para seguir luchando por la legalización y por los derechos de los trabajadores”.