Vol. 73/No. 23      15 de junio de 2009

Pereyra-Gabino había sido declarado culpable en mayo de 2008. Fue condenado a un año y un día de cárcel y multado 2 200 dólares. Era vicepresidente del Local 1149 del Sindicato de Trabajadores Alimentarios y Comerciales (UFCW) y delegado sindical en la planta empacadora de carne de la JBS Swift en esta ciudad.

Pereyra-Gabino ganó su apelación y la condena fue anulada en abril. La fiscalía federal presentó el 11 de mayo una petición para desestimar el caso, la cual fue aprobada por el tribunal el día siguiente.

Pereyra-Gabino fue uno de los 25 trabajadores detenidos en una redada de la fábrica por la policía de inmigración ICE en julio de 2007. Unos meses antes, la migra efectuó redadas coordinadas en seis plantas de la Swift a nivel nacional. Arrestó a 1 297 trabajadores, entre ellos 99 de la planta de Marshalltown.

Una de las responsabilidades de Pereyra-Gabino era organizar reuniones de orientación sindical con trabajadores latinos recién contratados. El había trabajado 12 años en la planta antes de ser arrestado. En una entrevista al Militante en septiembre pasado, dijo, “Mi responsabilidad era promover el sindicato. Si un trabajador tenía un problema, lo refería a un abogado”. Dijo que su enfoque era el siguiente: “Si veo que alguien se está ahogando, voy a ayudarlo. No le digo ‘Enséñeme su tarjeta verde’ antes de que le ayude”.

Después de su arresto Pereyra-Gabino fue suspendido y luego despedido de su cargo sindical. Los funcionarios de sindicato le enviaron una carta certificada para avisarle que no recibiría ayuda del sindicato en su defensa judicial. Estuvo trabajando en la planta mientras estaba pendiente la apelación de su condena.

En su apelación, el abogado de Pereyra-Gabino argumentó que las conversaciones entre su cliente y miembros del sindicato estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, el tribunal de apelación fundó su decisión en el argumento de que las instrucciones al jurado no “informaron al jurado sobre los elementos esenciales del delito imputado y sobre el peso de la prueba correspondiente al gobierno”, y también que el argumento del gobierno “no era abrumador”.  
 
 
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