Tito Guzmán/El Nuevo Día

Trabajadores marchan el 5 de junio al capitolio en San Juan, Puerto Rico, para protestar contra despidos de empleados públicos y otras medidas antiobreras del gobierno colonial.

La marcha fue organizada por Todo Puerto Rico por Puerto Rico, una nueva coalición de sindicatos —uniones independientes y filiales de las federaciones Change to Win y la AFL-CIO— así como grupos comunitarios y religiosos.

Trabajadores, estudiantes, religiosos y artistas marcharon al capitolio, al son de la bomba y plena. Una de las columnas sindicales tenía una enorme rata inflable que los manifestantes nombraron Ratuño, en honor al gobernador colonial.

En la marcha participaron columnas del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático (PPD).

En noviembre Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue elegido gobernador de Puerto Rico reivindicando “un cambio” para Puerto Rico, una colonia de Washington. Los dos partidos coloniales, el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD), se han turnado en el poder durante 50 años.

Fortuño firmó la Ley 7 de “emergencia fiscal el 9 de marzo. Advirtió que si un número mínimo de trabajadores no aceptaba la oferta del gobierno de renunciar voluntariamente a cambio de uno a tres meses de indemnización y un año de seguro médico, despediría a por lo menos 30 mil empleados públicos. Según las cifras oficiales, menos de 2 500 trabajadores aceptaron la oferta.

Unos 218 mil puertorriqueños trabajan para el gobierno, un 21 por ciento de la fuerza laboral de la isla.

Unos 7 800 empleados del gobierno fueron cesanteados a fines de mayo, entre ellos más de 6 mil maestros “temporales”.

“Van a reemplear a los maestros en agosto cuando empiece el año escolar”, dijo Rafael Feliciano, presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, en una entrevista telefónica. El hecho que el gobierno aún no ha efectuado masivos despidos “muestra que nuestra lucha está teniendo un impacto”, dijo.

Los despidos son una de las medidas antiobreras que la legislatura puertorriqueña ha aprobado o está contemplando. La Ley 7 también congela los salarios de empleados públicos y anula efectivamente sus convenios sindicales. La ley de “Alianzas Público-Privadas”, que Fortuño firmó el 8 de junio, permitirá que el gobierno suscriba acuerdos con contratistas privados.

“Lo que realmente quieren es privatizar muchos servicios públicos, incluyendo la electricidad y el agua”, dijo al Militante Luis Pedraza Leduc, vocero de la Coordinadora Sindical, una coalición de sindicatos independientes. “Pero el sector privado reconoce que no tienen la capacidad de administrarlos sin subsidios del gobierno”.

La legislatura también contempla una enmienda a la Ley de Cierre, la cual eliminaría disposiciones que prohíben el trabajo obligatorio el domingo y exigen la paga doble a los que trabajen voluntariamente ese día.

Fortuño afirma que todas las medidas, desde los despidos hasta las “Alianzas Público-Privadas”, son necesarias para evitar que los bonos sean degradados y Puerto Rico siga el rumbo de California hacia la quiebra. Dijo al diario El Vocero que gracias a sus medidas “hemos logrado un cambio dramático”. Dijo que la decisión de la Standard and Poor’s de clasificar de BBB los bonos de Puerto Rico era ejemplo de la confianza de los inversionistas.

“La constitución de Puerto Rico dice que primero hay que pagar a los dueños de los bonos antes que a los demás”, dijo en una entrevista telefónica Rafael Santiago, vocero del Local 1199 de la Unión General de Trabajadores, filial del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

“El déficit presupuestario se podría resolver cobrando los impuestos que no han pagado las empresas, y gravando impuestos a las empresas norteamericanas que operan en Puerto Rico pero no pagan impuestos”, dijo Santiago.

La protesta del 5 de junio fue “una huelga parcial”, dijo, “porque se hizo en horas laborables y en muchas agencias del gobierno” pocas personas fueron a trabajar ese día.

Fortuño dijo a El Vocero que los despidos son “irreversibles”. El gobierno, dijo, hará “un doble esfuerzo” para reducir gastos.

“El gobierno rehúsa dialogar con nadie”, dijo Pedraza. “Los sindicatos moderados estarían dispuestos a hacer concesiones para impedir los despidos, pero Fortuño ni siquiera habla con ellos. Los está provocando a que se radicalicen”.