Vol. 73/No. 26      13 de julio de 2009

El presidente peruano Alan García había emitido los decretos afirmando que eran necesarios para que los reglamentos sobre inversiones extranjeras cumplieran con un acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos que entró en vigor el 1 de febrero.

Según los manifestantes, uno de los decretos permitiría la venta de tierras que usan pueblos indígenas a empresas petroleras, mineras, madereras, agropecuarias y de gas. Uno decreto revoca el requisito de que las empresas consulten con las comunidades antes de realizar obras en los terrenos.

En respuesta a la convocatoria a un paro general el 11 de junio, más de 20 mil sindicalistas, estudiantes e indígenas se manifestaron en pueblos y ciudades por todo el país, desde los Andes hasta la región amazónica, en apoyo a esta lucha.

Algunos de los 10 manifestantes, coreando “La selva no se vende”, marcharon en Lima, la capital. La policía lanzó gases lacrimógenos contra la manifestación. Miles también se manifestaron en Iquitos, la mayor ciudad en la zona amazónica del país, así como en Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y en Arequipa sobre la costa del Pacífico.

“No recibimos nada a cambio de esta gran explotación, que también nos envenena”, dijo Maeo Inti, dirigente del pueblo indígena aguaruna, a la agencia noticiosa AP. “Nunca hemos visto desarrollo, y mi comunidad vive en condiciones de pobreza”.

El 12 de junio unos mil manifestantes indígenas del pueblo de Pichanaki empezaron a marchar hacia la ciudad minera de La Oroya, y dijeron que podrían marchar hasta Lima.

Una semana antes, más de 600 policías atacaron a dos mil manifestantes que habían cortado una carretera central cera del pueblo amazónico de Bagua.

Los manifestantes se defendieron, capturando a más de tres docenas de policías. Murieron más de 30 civiles, incluidos tres niños, según grupos indígenas, aunque la cifra podría ser mucho mayor ya que aún hay muchos desaparecidos. También murieron 23 policías. Según Yehude Simon, jefe del gabinete peruano, 155 personas resultaron heridas, de las cuales la tercera parte de balazos.

El 11 de junio el Congreso de Perú, suspendió dos de los decretos por 90 días, tratando de disipar las protestas. Pero los dirigentes indígenas rechazaron la medida, exigiendo la anulación inmediata de todos los decretos.

“El gobierno empeoró las cosas al describirnos tan condescendientemente como bandas de salvajes en la selva”, dijo Wagner Musoline Acho, un dirigente indígena awajún de 24 años, al New York Times. “Piensan que nos pueden engañar con una maniobra como la suspensión de un par de decretos por unas semanas y después volver a promulgarlos, pero se equivocan”.

Una semana después, los legisladores revocaron los dos decretos por un voto de 82 contra 14. Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, pidió que todos sus integrantes levantaran todos sus cortes de rutas y ríos.

Las protestas se han dado desde principios de abril. Activistas indígenas han cortado rutas, ríos y un oleoducto estatal. El presidente García declaró un estado de emergencia el 9 de mayo, suspendiendo ciertos derechos constitucionales en cuatro departamentos, incluyendo el de Amazonas. Dijo que los manifestantes eran “ignorantes” y “terroristas”.

Contratos con empresas de petróleo y de gas cubren un 72 por ciento de los bosques pluviales de Perú, según un estudio de la universidad Duke en Carolina del Norte. Entre las mayores empresas que buscan derechos de exploración petrolera están la ConocoPhillips de Estados Unidos, Perenco SA de Francia y Repsol-YPF de España.

Más de la mitad de la población de Perú pertenece a pueblos indígenas. Si bien las regiones donde viven tienen mucha riqueza natural, una gran parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza.  
 
 
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