POR SETH GALINSKY  
El 9 de marzo policías de inmigración arrestaron a 17 trabajadores inmigrantes en la planta empacadora de carne Freemont Beef en Nebraska, acusándolos de “robo de identidad”.

La agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostuvo que no fue una redada sino una “acción para hacer cumplir la ley”. Los 17 obreros fueron señalados cuando se revisaron sus nombres en una base de datos de la Comisión Federal de Comercio.

Trabajadores y jóvenes en diversas ciudades del país han protestado contra los intentos intensificados del gobierno de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios. El 10 de marzo unas 500 personas, entre ellas estudiantes de por lo menos seis universidades y varias escuelas secundarias, marcharon en el centro de Chicago coreando, “¡Indocumentados y sin miedo!” y “Legalización ya”.

Durante su campaña presidencial y después de su elección, Barack Obama prometió “sacar de las sombras” a los trabajadores indocumentados. Declaró que tomaría medidas fuertes contra los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados y fortalecería la “seguridad” de la frontera, y también que apoyaría una “reforma migratoria” para crear un “camino” hacia la ciudadanía para los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos. Entre otros requisitos, los inmigrantes tendrían que pagar multas grandes, aprender el inglés, no tener antecedentes penales e “ir al final de la cola” antes de cumplir con los requisitos para poder obtener la residencia legal.

Sin embargo, la administración Obama ha intensificado sus acciones destinadas a despedir, deportar y enjuiciar a trabajadores sin documentos.  
 
Más deportaciones que nunca
En 2009 la ICE deportó a 387 mil inmigrantes, el mayor número en la historia de Estados Unidos. El número de juicios federales por violaciones de las leyes de inmigración también aumentó en un 16 por ciento.

Durante el año pasado, la ICE triplicó el número de auditorías de inmigración, las cuales llevan al despedido de los trabajadores que no pueden comprobar que tienen documentos que les autoricen trabajar. Si la ICE decide que un trabajador no tiene los documentos necesarios, puede multar a la compañía hasta 10 mil dólares por cada indocumentado.

La administración Obama ha intensificado sus intentos de criminalizar a los trabajadores inmigrantes. En diciembre la ICE arrestó a 286 trabajadores indocumentados en California, que caracterizó como “la campaña más grande para aplicar la ley” contra los inmigrantes “criminales”.

En una muestra de lo que la Casa Blanca considera “reforma”, Obama se reunió con el senador demócrata Charles Schumer y el senador republicano Lindsey Graham el 12 de marzo para discutir lo que el presidente norteamericano llamó “su perspectiva prometedora” para una reforma migratoria. Los dos le presentaron a Obama un resumen de tres páginas de su proyecto de reforma. El año pasado Schumer dijo que la prioridad debe ser una “reducción drástica en la futura inmigración ilegal”.

Graham promueve medidas para que les resulte aún más difícil a los inmigrantes cruzar la frontera México-Estados Unidos con la ampliación de un “cerco virtual”. Tanto Schumer como Graham quieren imponer a todos los trabajadores en Estados Unidos un carné de identificación “a prueba de falsificar”.

Otro aspecto de la llamada “reforma” es la extensión de programas que permiten que los inmigrantes trabajen temporalmente in Estados Unidos. Aunque estos “trabajadores huésped” tienen documentos para trabajar, apenas si tienen más derechos que los indocumentados. Sus documentos perderían su validez al ser despedidos o cesanteados, o si se fueran en huelga o renunciaran a su trabajo, y entonces podrían ser expulsados del país.

El congresista Luis Gutiérrez de Illinois ha presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley de 645 páginas que ha recibido el apoyo de algunos dirigentes de grupos pro derechos de los inmigrantes y funcionarios sindicales como manera de presionar a Obama para que este modifique su posición. Este proyecto incluye el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y una revisión degradante de sus antecedentes y una multa considerable para los trabajadores nacidos fuera del país antes de poder solicitar la residencia en Estados Unidos.

Laura Anderson en Chicago contribuyó a este artículo.

El incremento en las deportaciones y despidos de trabajadores indocumentados son una pieza clave del esfuerzo de los gobernantes capitalistas de hacer que los trabajadores carguen sobre sus espaldas la mayor parte de las consecuencias de la alargada y agobiante depresión.

Millones han sido despedidos. Se han realizado recortes en todo tipo de servicios sociales, desde el transporte público hasta los hospitales y las escuelas. Los patrones están acelerando la velocidad de las líneas de producción para producir más con menos trabajadores. Esta guerra doméstica es el otro lado de las guerras que se libran en el extranjero, en Afganistán, Pakistán e Iraq.

Los capitalistas no tienen intención de deportar a la mayoría de los 11 millones de trabajadores indocumentados que hay en Estados Unidos. Dependen de esta enorme reserva de mano de obra inmigrante superexplotada para competir contra sus rivales imperialistas por todo el mundo y contra China.

El propósito de los despidos en masa de los trabajadores indocumentados, del aumento en el escrutinio de los documentos de trabajo, de crear la imagen de los inmigrantes como delincuentes, y de la militarización de la frontera con México, es aumentar la inseguridad y el miedo entre los inmigrantes. Los patrones quieren desalentar su participación en esfuerzos de sindicalización, en las luchas contra la injusticia social y otras luchas políticas. Quieren crear una brecha entre los trabajadores nacidos en el extranjero y los nacidos aquí, y entre los que tienen y los que no tienen documentos.

Pero los trabajadores y jóvenes inmigrantes no se dejan tratar como víctimas. En 2006 millones de ellos se volcaron a las calles para exigir la legalización. Gritaron, “¡Somos trabajadores, no criminales!”.

Esas acciones registraron el aumento en confianza, combatividad, y politización en el movimiento obrero, los cuales continúan hasta hoy en día. Esto se vió en los jóvenes y trabajadores que se manifestaron el 10 de marzo en Chicago con pancartas que decían, “Indocumentados y sin miedo”. Esto se ve en los trabajadores nacidos en Estados Unidos que también se han sumado a estas protestas.

Los programas antiinmigrante y antiobrero del gobierno de Estados Unidos son promovidos tanto por el Partido Demócrata como el Republicano. Hacen promesas vagas a los trabajadores nacidos en el extranjero de que van a “reparar un sistema roto”; al mismo tiempo inducen a los trabajadores nacidos en Estados Unidos a culpar a los inmigrantes por el desempleo y las condiciones sociales en deterioro.

Una parte central de estas “reformas” migratorias es instituir una tarjeta de identificación “a prueba de falsificación” para todos los trabajadores. Esta no será usada solamente contra los inmigrantes. Se usará para poner en la lista negra a cualquier trabajador que se mantenga firme y diga “¡ya basta!”. Los patrones se están preparando para la resistencia obrera más amplia que saben está por venir.

Por eso solo hay una reforma migratoria por la cual vale la pena luchar: ¡la legalización total e inmediata para todos, sin restricciones, y un fin inmediato a las deportaciones!

En el curso de esta lucha y otras para defender los intereses de la clase trabajadora, tales como la lucha por empleos, las protestas contra la brutalidad policíaca, las luchas en defensa del derecho de la mujer al aborto, y para forjar sindicatos, empezaremos a poner en práctica la convicción de que la conquista revolucionaria del poder estatal por una vanguardia de la clase trabajadora, consciente de clase y organizada —una fuerza de millones— es necesaria y posible para eliminar el capitalismo y construir un mundo basado en la solidaridad humana, no en las ganancias.