Vol. 74/No. 18      10 de mayo de 2010

Más de 3 mil personas se congregaron en el capitolio del estado el 25 de abril para protestar contra la ley, que entra en vigor a finales de julio o principios de agosto. Han ocurrido protestas diarias aquí tanto antes como después de que la ley fuera aprobada.

La legislación considera un delito bajo esta ley estatal estar en Estados Unidos “ilegalmente”. La primera vez que alguien sea arrestado por violar la ley podría recibir una condena de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 2 500 dólares. Un segundo arresto sería considerado un delito grave.

Agentes de policía están obligados a “hacer un intento razonable” para determinar el estatus migratorio de una persona si existe una “sospecha razonable” de que no tiene documentos. Bajo la ley, transportar o intentar “ocultar, abrigar o proteger” con conocimiento a un “extranjero” es un delito criminal.

La ley también ataca a los jornaleros prohibiendo que una persona detenga su vehículo en el camino para ofrecer empleo si esto “obstruye” el tránsito.

Brewer dijo que había firmado la ley para “trabajar para resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal se ha negado a resolver, la crisis provocada por la inmigración ilegal y la frontera permeable de Arizona”. Pintando a los trabajadores indocumentados como criminales, dijo que las medidas eran necesarias para proteger a los “ciudadanos de Arizona” de “la codicia asesina de los carteles de la droga” y otros delincuentes.

En su declaración, Brewer señaló que la sección de la nueva ley sobre “faltar intencionalmente… portar un documento de registro de extranjero está adoptada textualmente del mismo delito en el estatuto federal”.

El sheriff del Condado Maricopa Joseph Arpaio dijo que la nueva ley no cambiaría mucho de lo que ya se ha venido implementando en el área de Phoenix durante varios años, aunque dijo que la ley le daría a los policías más “herramientas” para usar contra los inmigrantes indocumentados. Arpaio se jacta de haber detenido a unos 38 mil trabajadores indocumentados durante los últimos años.

Arizona es un principal punto de entrada para los trabajadores de México y Centroamérica que quieren trabajar en Estados Unidos. Se estima que hay unos 460 mil inmigrantes indocumentados en Arizona, muchos de ellos en el área de Phoenix. Según el Wall Street Journal, el número de trabajadores sin papeles “adecuados” disminuyó en un 18 por ciento en el último año.

En un operativo que ayudó a crear una atmósfera favorable para la aprobación de la ley, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegó a más de 800 agentes el 15 de abril para llevar a cabo arrestos y registros en Phoenix, Tucson, Nogales, y Rio Rico, Arizona, para desbaratar una supuesta red de contrabandistas de inmigrantes.  
 
Protestas estudiantiles
Vanessa Ayala de 16 años de edad y estudiante en la escuela secundaria Trevor Brown High School, describió como los estudiantes abandonaron sus clases el 22 de abril para protestar el proyecto de ley.

“El jueves a las 11 de la mañana todos se salieron. El viernes, nadie se apareció”, dijo Ayala. “Los estudiantes de la escuela Estrella Middle School se salieron y nos los llevamos con nosotros”.

Los estudiantes se salieron de al menos una decena de escuelas secundarias y marcharon, tomaron transporte público o agarraron un aventón para llegar hasta el capitolio.

En la acción del 25 de abril, los organizadores de la protesta anunciaron desde la tarima que habían llegado manifestantes de tan lejos como California, Colorado y Texas.

Un manifestante portaba una pancarta que decía, “No a las leyes Juan Crow”, una referencia al vínculo entre la lucha de los negros contra la segregación “Jim Crow” en el Sur durante los años 1950 y 60 y la lucha por los derechos de los inmigrantes hoy día.

Muchos portaban pancartas que denunciaban la nueva ley como “perfil racial”. La ley es ampliamente percibida como una medida que da luz verde a la policía para detener a personas en base al color de su piel o su acento para pedirles un comprobante de ciudadanía.

Martín Hernández, un organizador para el sindicato de la industria alimenticia UFCW, dijo que había venido no solo para luchar contra la ley sino también para solicitar apoyo para unos 300 trabajadores que fueron despedidos el 20 y 21 de abril de los seis supermercados de Pro’s Ranch Markets en el área metropolitana de Phoenix después de una auditoría migratoria federal.

Hernández explicó que los trabajadores no tienen sindicato pero “con o sin sindicato debemos luchar por ellos”.

El presidente Barack Obama emitió una declaración en la que dijo que la ley de Arizona era “desacertada” pero no dijo que tomaría ninguna acción para bloquear su implementación aparte de decir que había que “monitorear de cerca” la situación.

El congresista estadounidense Luis Gutiérrez de Chicago habló en el mitin de protesta, declarando que se oponía a la ley porque el cumplimiento de las leyes de inmigración “es la responsabilidad del gobierno federal” no de la policía local.

El Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación y la Unión Americana por los Derechos Civiles han dicho que desafiarán la ley en las cortes.
 
 
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