Vol. 74/No. 30      9 de agosto de 2010

Entre las disposiciones que la jueza federal de distrito Susan Bolton bloqueó se encuentran: La sección que requiere que policías verifiquen el estatus migratorio de las personas que detengan si tienen “sospechas razonables” de que la persona está en el país ilegalmente; la que declara que es un crimen en el estado que inmigrantes indocumentados soliciten trabajo; y la imposición de cargos criminales a inmigrantes que no porten sus documentos en todo momento. Bolton falló que es probable que estas secciones serán derogadas permanentemente.

Bolton rehusó bloquear una provisión que establece como un crimen en el estado transportar o albergar a un trabajador indocumentado y una sección que establece que es un crimen que jornaleros se suban a un vehículo si eso “impide el movimiento normal del tráfico”.

Durante los últimos días se han realizado protestas contra la ley en decenas de ciudades por todo Estados Unidos. Habrá protestas en Phoenix y Tucson mañana.

Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha entablado una demanda para evitar la implementación de la ley —una de siete demandas exigiendo que las cortes revoquen partes de la legislación— mucho del contenido de la ley de Arizona hace eco de las leyes federales ya existentes.

En 2006 la ICE estableció una unidad especial en Phoenix, la Unidad de Respuesta para la Aplicación de la Ley, para que trabaje las 24 horas con policías locales. Desde octubre del año pasado, dicha unidad ha detenido a 3 528 personas que recibieron de policías locales.

ICE también ha firmado acuerdos 287(g) con nueve agencias policíacas en Arizona, que junto con Virginia es el estado con el mayor número de estos acuerdos. Estos acuerdos permiten que policías y carceleros locales actúen como agentes de inmigración.

El programa Comunidades Seguras, bajo el cual son procesadas las huellas digitales de todos los que se encuentran en prisión, por cualquiera causa, en la base de datos del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo, se extenderá a Arizona el año que viene. ICE proyecta establecer el programa por todo el país para el 2013. Desde octubre de 2008 hasta mayo de este año, 2.6 millones de personas han sido revisadas bajo este programa.

La administración de Barack Obama ha reducido el número de redadas de inmigración en fábricas. Estas eran impopulares entre muchos trabajadores a quienes no les gustaba ver a sus compañeros de trabajo esposados, encarcelados y deportados. Se dieron a menudo protestas públicas respondiendo a las redadas inmediatamente.

Durante los últimos nueve meses, 765 trabajadores indocumentados han sido detenidos en centros de trabajo, en comparación con los 5 100 detenidos en 2008. Al mismo tiempo, ICE ha incrementado el número de auditorias de inmigración de 503 en 2008 a 1 444 en 2009, y a 1 525 en lo que va del año 2010, resultando en que miles de trabajadores hayan sido despedidos.  
 
Aumentan “órdenes de remoción”
La administración de Obama no ha detenido y deportado a más inmigrantes que los presidentes anteriores. Sin embargo, el número de personas detenidas por ICE o la Patrulla Fronteriza y que han recibido “ordenes de ser removidos” en vez de permitirles una salida “voluntaria”, ha alcanzado niveles sin precedentes. Trabajadores con órdenes de ser removidos enfrentan la amenaza de cargos por delitos graves si vuelvan a entrar en Estados Unidos.

ICE ha aumentado el número de rastreos de presuntos “extranjeros criminales”. La gobernadora de Arizona, Janet Brewer, ha ido aún más lejos en este intento de tildar de criminales a los trabajadores inmigrantes. En un debate el 25 de junio entre los candidatos republicanos en las próximas elecciones para gobernador, Brewer dijo, “La mayoría de las personas que llegan a Arizona y entran sin autorización son?mulas de drogas”.

Las medidas antiinmigrantes aumentan la inseguridad entre los trabajadores inmigrantes, ayudan a mantener una capa súper explotada de trabajadores, y le dan al gobierno más control sobre el flujo de la mano de obra para satisfacer las necesidades de los patrones de fábricas y campos agrícolas.

Algunos trabajadores han decidido salir de Arizona antes de que la ley entre en vigor. Gabriela Jaquez, dijo a la agencia noticiera Reuters que ella y su marido, un residente legal de Estados Unidos, se van a trasladar a Nuevo México. “Bajo la ley, si uno transporta a un inmigrante ilegal, uno está cometiendo un crimen”, dijo. “Lo podrían detener por llevarme a las tiendas”.

Una encuesta realizada para el Arizona Republic dijo que la mayoría de los residentes de Arizona apoyan la nueva ley, pero la encuesta encontró una mayoría más grande, el 62 por ciento, que está a favor de otorgar una amnistía a los trabajadores indocumentados.  
 
 
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