Gerardo Hernández en prisión de EE.UU. en 2003.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba emitió una declaración el 1 de agosto en la cual “responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la salud y la integridad física de Gerardo Hernández”.

Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, dijo a la prensa que la hermana de Hernández, Isabel, se enteró de que lo habían puesto en el “hueco”, como se les llama a las celdas punitivas, cuando fue a visitarlo a la prisión federal de seguridad máxima en Victorville, California, el 24 de julio. Solamente le permitieron hablar con él por teléfono, separados por una gruesa separación de vidrio, y mientras que el estaba mantenido bajo esposas.

Leonard Weinglass y Peter Schey, abogados que están trabajando en el caso del revolucionario cubano, lograron visitarlo el 31 de julio.

Hernández había estado solicitando ver a un médico desde abril. No le dieron una cita sino hasta el 20 de julio, cuando le diagnosticaron varios problemas que requieren tratamiento y ordenaron pruebas de sangre para comprobar si se había infectado con la misma bacteria que recientemente ha atacado a muchos prisioneros. En vez de facilitar las pruebas, las autoridades de la cárcel encerraron a Hernández en el hueco al día siguiente.

El 21 de julio encerraron a todos los prisioneros en sus celdas. “Pusieron a Gerardo en la ‘jaula’ y le dijeron que unas personas querían hablar con él”, dijo Weinglass en una entrevista el 3 de agosto. “Lo llevaron a una oficina donde fue entrevistado por dos agentes del FBI”.

“Dijeron que le habían enviado a Gerardo un paquete desde Santa Clara, Cuba, con una sustancia sospechosa, que nunca fue revelada”, dijo Weinglass.

“Las condiciones en el hueco eran espantosas”, reportó Weinglass.

“Es una celda diminuta que tenía que compartir con otro prisionero”, dijo. “Lo tenían en una celda al final de un pasillo donde no llegaba el aire acondicionado, a pesar de que había celdas vacías más cerca de la unidad de aire acondicionado”.

Durante los días que Hernández estubo en esta celda, las temperaturas en la región colindante a la prisión llegaron a más de 100 grados.

“Para poder obtener aire suficiente tenía que tumbarse en el suelo y chupar aire a través del espacio debajo de la puerta”, dijo Weinglass. “No podía usar la ducha en la celda porque solo había agua ardiente”.

Hernández no pudo tomar su medicina para la hipertensión porque no se debe tomar en condiciones de calor extremo, explicó. “Gerardo dijo que estas fueron las peores condiciones que ha sufrido desde que lo encarcelaron”, dijo Weinglass.

Weinglass y Schey enviaron varias cartas protestando la violación de los reglamentos mismos de la prisión al encerrar a Hernández en el hueco. “No le informaron de los cargos en su contra. No le otorgaron una audiencia dentro de siete días”, señaló Weinglass.  
 
Obstaculizan apelación legal
Su encarcelamiento en el hueco también ha obstaculizado las consultas con sus abogados mientras preparan una apelación para solicitar un nuevo juicio, que fue presentada el 14 de junio. Weinglass y Schey fueron informados por las autoridades carcelarias que solo les permitirían visitas con un vidrio separándolos de Hernández. También les dijeron que no podían llevar lápices, plumas, papeles o documentos legales durante la visita.

Cuando los abogados protestaron, “por fin nos dejaron llevar un cuaderno que no tenía nada escrito”, dijo Weinglass. “Tuvimos que hablarle a través del vidrio con un teléfono para nosotros dos”.

“Nos impidieron entregarle a Gerardo los documentos legales que habíamos traído”, añadió. “Voy a tener que enviárselos por correo. Pero ha habido problemas constantes con el correo para Gerardo, que a menudo se retrasa”.

Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero, y Fernando González fueron detenidos en septiembre de 1998 bajo cargos falsos de “conspiración para cometer espionaje” y recibieron severas condenas. A Hernández también lo acusaron de “conspiración para cometer homicidio” y recibió una doble cadena perpetua más 15 años.

Ellos son conocidos mundialmente como los Cinco Cubanos, y habían estado recolectando información sobre grupos derechistas de cubanos exiliados en Florida que tienen un historial de realizar ataques violentos contra Cuba.  
 
Alegaciones falsas
El cargo de homicidio contra Hernández se basa en el falso alegato de los fiscales de que él sabía de antemano que pilotos de la fuerza aérea cubana iban a derribar aviones piloteados por Hermanos al Rescate.

Los Hermanos al Rescate, liderado por José Basulto, entrenado por la CIA, había estado realizando vuelos provocadores en el espacio aéreo cubano y sobre La Habana, a pesar de haber recibido múltiples advertencias. La Habana había protestado varias veces a Washington, exigiendo que se suspendieran los vuelos. El 24 de febrero de 1996, pilotos de cazas cubanas derribaron a dos de los aviones que habían entrado al espacio aéreo cubano, después de que ignoraron las advertencias exigiéndoles que se salieran.

Bajo la petición federal de habeas corpus, el equipo legal presenta nuevas pruebas de que Hernández es inocente y de que los procuradores del gobierno norteamericano cometieron violaciones en la manipulación y la falsificación de pruebas durante el juicio.

Washington le ha negado visas a la esposa de Hernández, Adriana Pérez, en diez ocasiones, impidiéndole que lo visite en la cárcel desde que fue arrestado. También le han impedido la entrada a Estados Unidos a Olga Salanueva, la esposa de René González.

Mensajes exigiendo que se le de a Hernández el tratamiento médico necesario; que le permitan colaborar con sus abogados en la preparación de su apelación; y que le permitan que lo visite su esposa Adriana Pérez, pueden ser enviados a:

Federal Bureau of Prisions, Director Harley G. Lappin, 320 First St, N.W., Washington, D.C. 20534, teléfono: (202) 307-3198; correo electrónico: info@bop.gov y al U.S Department of State, Secretary of State Hillary Clinton, 2201 C Street, N.W., Washington, D.C. 20520, teléfono: (202) 647-4000, fax: (202) 647-2283.
 
 
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